Carlos Mejía Enríquez
Expediente 357/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/08/2015
Partes del expediente
- Carlos Mejía Enríquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el auto dictado en el presente juicio, en el que se desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías, en el que no existen documentos originales y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de siete de julio de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal del promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de seis de julio de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica al PROMOVENTE que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Carlos Mejía Enríquez, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial Ensenada. 2. Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial Ensenada, baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 357/2015-I-A. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo constituye el auto de fecha cinco de junio de dos mil quince, dictado dentro del procedimiento ejecutivo mercantil 1047/2014, promovido por José Alfredo Contreras Martínez, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, en el cual no acordó de conformidad las manifestaciones del aquí quejoso, consistentes en la solicitud de prórroga para estar en condiciones de llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial caligráfica a cargo del especialista que propuso; ni realizó la solicitud al Instituto Nacional Electoral a fin de verificar que efectivamente el aludido perito se encontraba imposibilitado para desempeñar el cargo que le fue conferido; por tanto, al no haber acordado de conformidad sus peticiones, no se encontraba en posibilidad de cumplir con la prevención efectuada por la autoridad. Expuesto lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo que se intenta es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado tutelados por la Constitución Federal, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Acorde a lo anterior, el auto de cinco de junio de dos mil quince, dictado dentro del procedimiento ejecutivo mercantil 1047/2014, promovido por José Alfredo Contreras Martínez, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, en el cual no acordó de conformidad la manifestación del aquí quejoso en el sentido de que se encontraba imposibilitado para dar cumplimiento a la prevención que se realizó, a fin de que designara perito de su parte, no puede reclamarse en amparo indirecto. Lo anterior es así, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo implica infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales desaparecerían en caso de obtener una resolución favorable; o en su defecto, el acto aquí reclamado podría impugnarse conjuntamente con la resolución que se emita en la etapa en la que se encuentra el procedimiento de origen, es decir, en la segunda sección del juicio natural, en el supuesto de ser contraría a sus intereses, pues solo en ese caso la ahora promovente del juicio constitucional, estará en aptitud de impugnar lo que ahora pretende cuestionar a título de violación procesal y a través de la demanda de amparo indirecto que promueva en contra del fallo que emita el juez de origen durante la sección en que se encuentra el procedimiento natural. Apoya la anterior determinación por analogía, la jurisprudencia VI.1o.A. J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570, tomo III-mayo de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, cuya sinopsis es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal. Igualmente, resulta aplicable, la jurisprudencia que resolvió la contradicción de criterios 47/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 1303/90 y 939/89, respectivamente que a continuación se cita: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por último, tiene aplicación al respecto la jurisprudencia que resolvió la contradicción de criterios 3/89, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito 47/90, que a continuación se cita: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 en relación con el 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo en vigor, se estima procedente DESECHAR DE PLANO el escrito inicial, por resultar notoriamente improcedente. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en calle Novena, número 468, entre Ruiz y Gastelum, Zona Centro, de esta ciudad. Asimismo, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia a Adan Calderon Zamora, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Jorge Alejandro Osuna Pacheco por así solicitarlo expresamente el promovente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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