Carlos Medina Bolaños
Expediente 690/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 29 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Carlos Medina Bolaños
- Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano, Con Sede En Chetumal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
III-Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al acuerdo de veinte de junio de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este proveído, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, dicha documentación en su oportunidad, será destruida junto con el expediente, conforme a lo establecido en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes.
- Principal
III-Vista la certificación secretarial de cuenta y estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniere, sin que lo hayan hecho; procede resolver respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria emitida el tres de septiembre de dos mil veintiuno, por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el amparo en revisión 69/221. Efectos de la concesión del amparo En la ejecutoria de referencia, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa Carlos Medina Bolaños, contra el acto reclamado a la autoridad responsable titular de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, para el efecto siguiente: De inmediato realice un análisis de la totalidad de la documentación que obra en el proceso administrativo con número de control interno 654/18, y en caso de ser procedente, se pronuncie respecto a la solicitud planteada por el quejoso, relativa a vincular la documentación con el diverso procedimiento número 474/08, relativas a la enajenación del predio denominado "La Colmena", ubicado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y el resultado de ello, se lo haga del conocimiento al directo quejoso. Acciones desplegadas por la autoridad responsable En acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se acordó respecto al oficio REF.I.110.UAJ.DGAE.E.10396.2021, de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, signado por la titular de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, por medio de cual, informó que por oficio REF.I.110.UAJ.DGAE.E.10388.2021, de veintidós de octubre de ese año, solicitó a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, la opinión de alcances legales de la sentencia de amparo, acorde a lo que establecen los artículos 14, fracción II y 30, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de que pudiera dar cumplimiento a la sentencia emitida en este asunto. Asimismo, comunicó que giró instrucciones al personal de su adscripción, a fin de que efectúe los actos necesarios para acatar la ejecutoria de amparo, por tal motivo, se le tuvo en vía de cumplimiento. Luego por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio REF.I.110.UAJ.DGAE.E.11157.2021, de veinticuatro de noviembre de ese año, firmado por la directora de Ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, informó que por oficio REF.I.110.UAJ.DGAE.E.11082.2021, de veintidós de noviembre del año en curso, personal adscrito a la Dirección General de Amparos y Ejecutorias de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría, solicitó que informara las actuaciones que se han realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Derivado de lo anterior, dicha autoridad informó que mediante oficio No. ll210.DGOPR.AJ.18849.2021, de veinticuatro de noviembre del año en curso, hizo del conocimiento al área jurídica que el diecisiete de mayo de este año, personal adscrito a la Dirección de Terrenos Nacionales en ausencia del entonces titular de dicha Dirección General, dictó un acuerdo de admisión a trámite respecto a la solicitud presentada por el quejoso, en el cual, instruyó que se inicie el trámite establecido en el título noveno de la Ley Agraria y título cuarto del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. De igual manera, por oficio No. II210.DGOPR.DTN.07241.2021, de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, comisionó personal para llevar a cabo la notificación correspondiente del acuerdo antes referido, por lo que indicó que una vez que ello aconteciera, lo haría del conocimiento de este órgano jurisdiccional, por tal circunstancia, se le tuvo en vías de cumplimiento. Asimismo, en acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se recepcionó el oficio REF.I.110.UAJ.DGAE.E.11635.2021, de trece de diciembre de dos mil veintiuno, signado por la autoridad responsable directora de Ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, manifestó que mediante oficio REF.II210.DGOPR.AJ.19931.2021, de nueve de diciembre de ese año, informó a la Dirección General de Amparos y Ejecutorias de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría, informó que por diverso oficio 19932 de la misma fecha, comisionó personal para notificar al quejoso el diverso oficio 19933, con el cual, hizo de su conocimiento el acuerdo de admisión a trámite de solicitud de enajenación presentada el dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, respecto del predio "La colmena", ubicado en el Municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, en el cual, instruyó que se inicie el trámite establecido en el título noveno de la Ley Agraria y título cuarto del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, por lo que informó que una vez que contara con la notificación lo haría del conocimiento de este órgano jurisdiccional; remitiendo las constancias con las que acreditó su dicho, por lo que se le tuvo en vías de cumplimiento. Por otra parte, mediante determinación de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se recibió el oficio REF.I.110.UAJ.DGAE.E.2189.2022, de diecisiete de marzo del año actual, firmado por la autoridad responsable directora de Ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, con el cual, remitió copia certificada de la cédula de notificación de cuatro de marzo del año actual, con la cual hizo del conocimiento del quejoso, el contenido del acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente DGOPR/IETN-23QR/722/2020, de su índice, tal como se advierte de las documentales remitidas como sustento de sus manifestaciones, por tal motivo, se dio vista a las partes para que manifestarán lo que a su interés legal conviniera. Después, mediante acuerdo de cinco de abril del año en curso, se atendió el oficio REF.I.110.UAJ.DGAE.E.2332.2022, de veinticuatro de marzo de este año, suscrito por la directora de Ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual, manifestó que mediante oficio 2C.10.UAJ.DGAE.DE.2321.2022, de veintitrés de marzo de este año, la Dirección General de Amparos y Ejecutorias de dicha de dicha Secretaría, solicitó que informe si ya se atendieron los puntos establecidos en el acuerdo de admisión a trámite de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, esto es, si ya se inició el trámite establecido en el título noveno de la Ley Agraria y título cuarto del Reglamento de la Ley Agraria, y conforme a dicha determinación, informara si se llevó a cabo la investigación de antecedentes registrales ante el Registro Agrario Nacional, el Registro Público de la Propiedad y la Oficina de Catastro de Quintana Roo, en términos del artículo 102 de la Ley Agraria, así como las subsecuentes actuaciones que estén realizado, tendentes al cumplimiento del fallo constitucional. De igual manera, comunicó que giró instrucciones al personal adscrito a la Dirección General a su cargo, para que se avoquen a dar seguimiento y ejecución a lo establecido en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, e informen las actuaciones que realicen. Además, refirió que a fin de dar cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, debía llevarse a cabo una revisión minuciosa de las constancias que integran el procedimiento administrativo, exhibiendo las constancias con las que acredita sus manifestaciones, por lo cual, se le tuvo en vías de cumplimiento. Por último, el siete de junio del año que transcurre, se recibió el oficio REF.I.110.UAJ.DGAE.E.3671.2022, de dieciocho de mayo del año actual, firmado por la autoridad responsable directora de Ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, hizo diversas manifestaciones, dentro de las cuales, destaca que el cuatro de marzo de dos mil veintidós, notificó al quejoso el acuerdo de admisión que emitió el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el cual, se pronunció respecto a la solicitud de enajenación a título oneroso, presentada el doce de noviembre de dos mil dieciocho, relativa al predio "La Colmena", ubicado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Asimismo, la autoridad oficiante refirió que la admisión a trámite de la solicitud de mérito, no implica que se resuelva procedente la enajenación del predio antes mencionado, pues de conformidad con el artículo 27 Constitucional, los terreros nacionales y baldíos, son propiedad originaria de la Nación y su transmisión a los particulares es una facultad potestativa de la Federación, ejercida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, por lo que debe estarse a los artículos 161 y 162 de la Ley Agraria, en relación con los diversos 113 al 121 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, que regulan el procedimiento de enajenación de terrenos nacionales, como se advierte de las constancias que remite en apoyo a sus manifestaciones y se puso a la vista de la parte quejosa el contenido completo de los documentos que exhibió con el aludido oficio. Lo anterior, permite conocer que la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal está cumplida en su totalidad sin que éste órgano jurisdiccional advierta exceso o defecto en su cumplimiento, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo. Infórmese a la parte quejosa, que tiene un plazo de quince días para impugnar esta determinación, si así lo estima pertinente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Una vez que cause estado este acuerdo, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la legislación de la materia. Por último, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, se ordena notificar la presente determinación vía ordinaria y telegráfica a la autoridad responsable foránea, solicitando que una vez que reciba el telegrama que se envié para tal efecto, acuse recibo, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes.
- Principal
III-Visto el estado que guarda el presente asunto, de los que se advierte que por acuerdo de cinco de abril del año en curso, la Directora de Ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, solicitó que únicamente se tenga como autoridad para efectos de dar cumplimiento a la sentencia emitida en este asunto, a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en virtud de que el área a su cargo son órganos de consulta y opinión, sin capacidad de decidir o resolver sobre los asuntos que se someten a su consideración. En atención a la solicitud que realizó la autoridad oficiante, le fue informado que los requerimientos que atendió fueron dirigidos a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, por ser la autoridad que debe dar cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; sin embargo, se le indicó que en caso de que se requiera que dicha dirección a su cargo coadyuve para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se hará de su conocimiento. Asimismo, la autoridad oficiante, manifestó que mediante oficio 2C.10.UAJ.DGAE.DE.2321.2022, de veintitrés de marzo de este año, la Dirección General de Amparos y Ejecutorias de dicha de dicha Secretaría, solicitó que informe si ya se atendieron los puntos establecidos en el acuerdo de admisión a trámite de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, esto es, si ya se inició el trámite establecido en el título noveno de la Ley Agraria y título cuarto del Reglamento de la Ley Agraria, y conforme a dicha determinación, informe si ya se llevó a cabo la investigación de antecedentes registrales ante el Registro Agrario Nacional, el Registro Público de la Propiedad y la Oficina de Catastro de Quintana Roo, en términos del artículo 102 de la Ley Agraria, así como las subsecuentes actuaciones que estén realizado, tendentes al cumplimiento del fallo constitucional. De igual manera, comunicó que giró instrucciones al personal adscrito a la Dirección General a su cargo, para que se avoquen a dar seguimiento y ejecución a lo establecido en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, e informen las actuaciones que realicen. Además, refirió que a fin de dar cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, debe llevarse a cabo una revisión minuciosa de las constancias que integran el procedimiento administrativo, sin que hasta el momento haya informado algo más respecto a ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente vía telegráfica a la autoridad directora de Ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días legalmente computados, remita a este Juzgado Primero de Distrito las constancias con las que acredite el total cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio constitucional. Apercibida que de ser omisa a lo requerido, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se harán efectivas las medidas de apremio con las que se le previno en autos. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad correspondiente.
- Principal
III-Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la Directora de Ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, en atención a la ejecutoria de amparo y al requerimiento efectuado en autos, solicita que únicamente se tenga como autoridad para efectos de dar cumplimiento a la sentencia emitida en este asunto, a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en virtud de que el área a su cargo son órganos de consulta y opinión, sin capacidad de decidir o resolver sobre los asuntos que se someten a su consideración.En atención a la solicitud que realiza la autoridad oficiante, infórmese que los requerimientos que atendió fueron dirigidos a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, por ser la autoridad que debe dar cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; sin embargo, en caso de que se requiera que dicha dirección a su cargo coadyuve para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se hará de su conocimiento. Asimismo, la autoridad oficiante, manifiesta que mediante oficio 2C.10.UAJ.DGAE.DE.2321.2022, de veintitrés de marzo de este año, la Dirección General de Amparos y Ejecutorias de dicha de dicha Secretaría, solicitó que informe si ya se atendieron los puntos establecidos en el acuerdo de admisión a trámite de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, esto es, si ya se inició el trámite establecido en el título noveno de la Ley Agraria y título cuarto del Reglamento de la Ley Agraria, y conforme a dicha determinación, informe si ya se llevó a cabo la investigación de antecedentes registrales ante el Registro Agrario Nacional, el Registro Público de la Propiedad y la Oficina de Catastro de Quintana Roo, en términos del artículo 102 de la Ley Agraria, así como las subsecuentes actuaciones que estén realizado, tendentes al cumplimiento del fallo constitucional. De igual manera, comunica que giró instrucciones al personal adscrito a la Dirección General a su cargo, para que se avoquen a dar seguimiento y ejecución a lo establecido en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, e informen las actuaciones que realicen.Además, refiere que a fin de dar cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, debe llevarse a cabo una revisión minuciosa de las constancias que integran el procedimiento administrativo, exhibiendo las constancias con las que acredita sus manifestaciones. Al respecto, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, téngase a la referida autoridad responsable informando las gestiones relativas para dar cumplimiento al fallo protector y estese en espera de la documentación correspondiente, para estar en aptitud de acordar respecto al total cumplimiento de la sentencia ejecutoriada emitida en autos. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad correspondiente.
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