Carlos Mauricio Pingarron García

Expediente 1468/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1468/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/12/2023

Partes del expediente

  • Carlos Mauricio Pingarron García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la razón signada por la actuaria de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que le asistió para notificar al quejoso el auto de cinco de diciembre del presente año en el domicilio que señaló en su escrito inicial, por los motivos que indica; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, realícese por medio de lista la notificación del acuerdo en cita, así como la presente determinación y las subsecuentes, hasta en tanto designe nuevo domicilio para tales efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 238, Tomo XXVII, abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 169843, cuyo rubro siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". "Ciudad de México, cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda de amparo. Se tiene por recibida la demanda promovida vía electrónica por ***, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial digitalizado que anexa, contra actos del Juez Sexagésimo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y regístrese con el número 1468/2023-III. Acto reclamado. De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que el acto combatido consiste en: ? El auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Sexagésimo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los autos del juicio ordinario mercantil expediente ***, mediante el cual se le impuso una multa por la cantidad de $9,088.39 (nueve mil ochenta y ocho pesos 39/100 moneda nacional). Desechamiento. De acuerdo con el precepto 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En atención a lo anterior, esta juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". La mencionada disposición establece el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, conforme al cual dicho juicio es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y en el presente caso, la promovente no observó dicho principio, porque omitió plantear previamente a esta instancia constitucional, el recurso de apelación en contra del auto combatido; de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1336, 1338, 1339 y 1345 Bis 1, del Código de Comercio que indican: "Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes." (.) Artículo 1338.- - La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero pudiendo ser éste, de tramitación inmediata o conjunta con la definitiva, según sea el caso. Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $816,439.97 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. (.) "Artículo 1345 bis.- En los casos previstos en este Capítulo, la apelación debe interponerse ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos previstos en éste". Acorde con el principio de impugnación que rige todo proceso, es de concluirse que el acto de lo que se duele la hoy promovente admite la posibilidad de ser combatido mediante el recurso de apelación en términos de los artículos invocados; de ahí que al omitir agotarlo, no se cumplió con el principio de definitividad que exige la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo. En efecto, del análisis de los preceptos transcritos se desprende que el recurso de apelación, constituye el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiesen resolverse en favor del promovente de amparo; por tanto, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es innegable que dicha demanda resulta improcedente. Lo anterior, porque al ser impugnables las actuaciones reclamadas a través del recurso de apelación referido, es indudable que antes de acudir al juicio de amparo la quejosa tenía la obligación de interponerlo, y al no agotarlos antes de ocurrir al juicio de amparo, los actos combatidos carecen de "definitividad", principio que establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley, a través de los cuales los actos reclamados puedan, previamente al juicio constitucional, ser modificados, revocados o nulificados. Aunado a ello, y a pesar de que el promovente no indica la suerte principal del sumario génesis, se advierte que de la lectura integral de la demanda de amparo, la misma ha impugnado determinaciones emitidas dentro del mismo. Por ende, los ordinales 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria, el recurso de apelación previsto en el precepto invocado, salvo en los casos de excepción (contenidos en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos en el artículo 22 de la constitución), los recursos que procedan, en la medida en que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que el afectado los haga valer, conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Resulta aplicable la tesis del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 513, Tomo XV-2, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 208764, cuyo rubro señala: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA". Así como la jurisprudencia, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187016, cuyo rubro establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". Por lo anterior, al advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el dispositivo 27, fracción I, de la normativa de la materia, se tiene como tal el ubicado en ***. Autorizados. Se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, al contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones conforme a lo establecido en el párrafo segundo, última parte, del numeral invocado, al diverso profesionista que designa al no cumplir con dicho requisito, al igual que a las restantes personas que señala. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Consulta del expediente electrónico. Con fundamento en el artículos 3, se concede el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa por conducto de los usuarios ***. Habilitación de horas y días inhábiles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente así se practiquen. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí´ señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa" Notifíquese por lista al quejoso el auto de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, así como el presente acuerdo. MESA* III

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa. MESA* III

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