Carlos Mauricio Hernández Castro

Expediente 702/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
702/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/09/2021

Partes del expediente

  • Carlos Mauricio Hernández Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la determinación de veinte de agosto de dos mil veintiuno, en la que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Omar Felipe Jaili Vencis, en favor del quejoso Carlos Mauricio Hernández Castro, en el presente juicio de amparo 702/2021-II, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: .b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional tuvo por no presentada la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese; por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, asistido de Abel Mejía Campos, Secretario que da fe. JCastanedo

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de agosto de dos mil veintiuno.En consecuencia, visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que el quejoso ********************, no ratificó en el plazo de tres días legalmente computados, la demanda de amparo presentada en su favor por ********************. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído; y, con fundamento en el dispositivo 114, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por ******************** en favor de ********************.Notifíquese al quejoso por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se previno al promovente Omar Felipe Jaili Vencis, para que en el término de cinco días hábiles, posteriores a su notificación, manifestara bajo protesta de decir verdad, si tenía el carácter de defensor particular del directo quejoso Carlos Mauricio Hernández Castro, y ante qué autoridad tenía reconocida dicha personalidad. En esa virtud, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte promovente no desahogó el punto de prevención en comento, siendo que el término de cinco días concedido para tal efecto ha transcurrido en su totalidad. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido proveído; y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México; se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que notifique directamente al quejoso Carlos Mauricio Hernández Castro, el presente proveído, acto seguido, le ponga a la vista la demanda de amparo que originó el presente sumario, la cual fue promovida en su nombre por Omar Felipe Jaili Vencis, y en el momento de la diligencia lo requiera para que en ese momento o dentro del término de tres días manifieste si ratifica la demanda de amparo promovida a su favor; apercibiéndolo que en caso de ser omiso al respecto, se tendrá por no interpuesta la demanda de amparo, en términos del precepto legal citado. Notifíquese, personalmente al quejoso Carlos Mauricio Hernández Castro, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida --------------, quien se ostenta como defensor particular del quejoso --------------, contra actos del Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea y oras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 21 a 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 702/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito, se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda cuando se omiten los requisitos del artículo 108, de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir al quejoso cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En consecuencia, precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a --------------, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Manifieste "bajo protesta de decir verdad" si tiene el carácter de defensor particular del quejoso --------------, y ante qué autoridad tiene reconocido ello. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo que señala el artículo 14, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en amparo indirecto en materia penal bastará que los defensores manifiesten bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En efecto, el artículo 14, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión." De lo anterior, se desprende que no es necesario acreditar fehacientemente con algún documento la personalidad del promoverte, sin embargo, deben cumplirse dos elementos para reconocer la personalidad del representante en materia penal, a saber: 1. Que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con ese carácter; y, 2. La autoridad que conozca del amparo, en el caso, el juez de Distrito, pedirá a la autoridad que conozca del asunto, que remita la certificación correspondiente. En el caso, --------------, omitió manifestar bajo protesta de decir verdad que tiene acreditado el carácter de defensor particular del directo quejoso ante la autoridad que conoce del asunto, pues del escrito inicial no se desprende manifestación expresa en ese sentido. Consecuentemente, no se tiene la certeza de que --------------, tenga reconocido el carácter de defensor particular dentro del expediente del que deriva el acto reclamado; por tanto, no resulta procedente tenerlo con ese carácter en la presente instancia constitucional, hasta en tanto desahogue la prevención referida. En tal virtud, analizar la personalidad del promovente del amparo, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17, Constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los Tribunales Federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promoverte, que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes no son partes en ese juicio. Se apercibe al promovente, que de no desahogar la presente prevención, dentro del plazo concedido para tal efecto, se ordenara la ratificación de la demanda al agraviado dentro del término de tres días, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo. En otro orden, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo designado.----- En diverso aspecto, de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada a la persona que refiere para los efectos que señala, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos e imponerse de autos, hasta en tanto acredite fehacientemente tener su cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expeditez y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17 constitucional. De igual modo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el número telefónico del Secretario encargado del asunto Abel Mejía Campos, a saber 5553870500, extensión 1388, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Se hace de su conocimiento que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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