Carlos Mauricio Diaz Porcayo.
Expediente 807/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 807/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Mauricio Diaz Porcayo.
Actuaciones
- Principal
MESA VII.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************en su carácter de apoderado de********************, por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. [...] Notifíquese. JRL
- Principal
MESA VII.- Agréguese a los autos el escrito de ***, quien se ostenta como apoderado de ***, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada el doce de junio de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO [...] Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en esencia el acto reclamado que señala la parte quejosa consiste en: La omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo en el expediente laboral ***. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que, el acto que se combate en esta vía constitucional es un acto que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, no afecta materialmente de manera inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Así, de acuerdo al principio de procedencia del Juicio de Amparo Indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por aquellos actos cuyas consecuencias necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Sobre la base expuesta, es evidente que los actos de procedimiento que pretende combatir la parte quejosa en esta instancia constitucional no se encuentran dentro de los presupuestos legales exigidos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que la promovente reclama actos que no le producen a su representada de manera directa una afectación a algún derecho fundamental, ya que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a sus derechos personales (propiedades, posesiones o derechos), lo anterior en virtud de que el acto reclamado en esencia consiste en la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo en el expediente laboral ***. Resulta pertinente precisar que los actos dictados dentro de juicio que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la citada Ley de Amparo. En la especie, el acto que se reclama, no tiene una ejecución de imposible reparación para efectos del juicio de amparo. [...] En los términos expresados, se concluye que el acto que reclama la parte quejosa no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo juicio laboral: la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo en el expediente laboral ***. Aunado a que no se advierte una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, toda vez que la supuesta omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo en el expediente laboral ***, fue reclamada mediante amparo indirecto ante este juzgado en fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, de lo cual se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda no ha transcurrido el plazo de treinta y tres días que tiene la autoridad para dictar el laudo respectivo. En efecto, los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: [...] En razón de lo anterior, si de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito aclaratorio se advierte que el veinte de abril de dos mil veintitrés, se certificó que no existe prueba pendiente por desahogar en el juicio de origen, por lo que el término de tres días para que expresaran su conformidad con dicha certificación, debía transcurrir del veintiuno al veinticinco de ese mismo año (según lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo), y una vez transcurrido dicho término la responsable, de oficio, tenía que emitir un auto el veintiséis de abril de este año en el que ordenara el cierre de instrucción y turnara el mismo para la elaboración del proyecto de laudo respectivo. Entonces, a partir de esa fecha -veintiséis de abril de dos mil veintitrés- la autoridad responsable tenía un término de treinta y tres días hábiles conforme a los preceptos legales anteriormente transcritos, para emitir el laudo correspondiente; entonces, dicho término feneció el catorce de junio de dos mil veintitrés. Por lo que a la fecha de la presentación de la demanda (ocho de junio de dos mil veintitrés) no había transcurrido el plazo de treinta y tres días que tiene la autoridad para dictar el laudo respectivo Cabe agregar, que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido por lo menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que la junta responsable debió legalmente pronunciarse o realizar los actos procesales respectivos, lo anterior, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que se establece en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo para que un juicio permanezca inmóvil. Dicho precepto establece un lapso de cuarenta y cinco días naturales para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y además resulta un referente útil, en el presente caso, para determinar cuándo debe considerare que se ha configurado una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, registro 2019400, Materias Común, Laboral, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: [...] En los términos expresados, se concluye que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos en los que se conculcan los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por las garantías constitucionales; cuestión que en el caso concreto no sucede, porque el acto reclamado por sí mismo no denota una abierta dilación. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como apoderado de ***. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA II.- Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda la razón de cuenta asentada por la actuaria de la adscripción, en la que manifiesta que se constituyó en la Planta Tratadora de Aguas Residuales denominada Rociadores Cuautla, en compañía del perito de la parte quejosa en materia de hidrología ********************, así como del autorizado de la parte quejosa y delegados de las autoridades responsables, a fin de llevar a cabo la diligencia de campo relativa a la prueba pericial en materia de medio ambiente, en cumplimiento al proveído de doce de abril de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, asimismo, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. Asimismo, toda vez que ya fueron realizadas las diligencias de campo solicitadas, con fundamento en los artículos 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; 119 y 120 de la Ley de Amparo, requiérase a ********************, perito en materia de hidrología designado por la parte quejosa para que en el plazo de diez días contados a partir de que quede legalmente notificado de la presente determinación emita su dictamen pericial en dicha materia o en su caso manifieste si existe alguna imposibilidad para emitirlo, lo cual deberá hacer del conocimiento de esta autoridad. Bajo apercibimiento que en caso de no rendirlo o no informar el impedimento legal y material que tuviera para ello, se le tendrá por conforme a la parte procesal que lo propone con el dictamen que en su momento emita el perito oficial designado por este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente al perito ********************, por conducto de la parte quejosa. JRL
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