Carlos Matias Belmarino

Expediente 53/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
53/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Carlos Matias Belmarino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria adscrita al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin que surta efecto legal, toda vez que por proveído de tres de marzo del año en curso, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. Cúmplase.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria adscrita al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, por el que informa que se avocó y aceptó la competencia para conocer de la demanda de garantías que motivó el juicio de amparo promovido por el indicado contra actos del Titular de la Oficina Local de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otra autoridad. En consecuencia, archívese el presente asunto concluido, en la inteligencia de que una vez transcurridos tres años, será destruido en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veinticinco de marzo de dos mil veinte; así como capítulo octavo, punto 8.1.2, sub punto 10, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte, relativo al citado acuerdo. Notifíquese.

  3. Principal

    En atención a los artículos 3, fracción III y 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se hace de conocimiento a las partes que a partir de la presente determinación, el expediente electrónico será el que tenga validez; por tanto, el expediente físico únicamente servirá como referencia para su consulta en lo referente al trámite de cumplimiento del fallo aquí dictado. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta remitido vía electrónica mediante el Sistema Integral del Seguimiento a Expedientes (S.I.S.E.), por el autorizado de la parte quejosa y, en atención a lo que solicita, esto es que se autoricen las notificaciones en el presente expediente vía electrónica a través del usuario "*******"; no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que, el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no está facultado para ello al no tener autorización expresa en la ley de la materia. Lo anterior, de conformidad con el artículo 55, relacionado con el 35, segundo párrafo, del ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. "Artículo 55. Las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberán señalarse sus "Nombres de Usuario". La solicitud expresa para recibir notificaciones por vía electrónica realizada en el expediente principal o en cualquiera de los integrados con motivo de los recursos o incidentes derivados de aquél, únicamente surtirá efectos en él, o en los expedientes respecto de los cuales se formule dicha solicitud. Artículo 35. Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" utilizado por quien realiza la solicitud al registrarse en el Portal y el del tercero sobre el cual se solicita la autorización. La solicitud podrá formularse por vía impresa o electrónica. La solicitud respectiva podrá formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad.". De igual manera, no ha lugar acordar de conformidad su petición de revocar la autorización otorgada a las personas que refiere en su escrito, pues el referido numeral 12 de la Ley de Amparo, prevé tales prerrogativas, al quejoso y tercero interesado, sin que sea factible substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Finalmente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia certificada únicamente de las constancias que obran en el cuaderno de antecedentes, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos. Notifíquese.

  4. Principal

    EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN ATENCIÓN AL - CITATORIO ( ) - AVISO ( ) - QUE SE DEJÓ A LA PARTE QUEJOSA CARLOS MATÍAS BELMARTINO., EL DÍA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, Y EN VIRTUD DE QUE DICHA PARTE NO SE APERSONÓ EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO, PROCEDO A NOTIFICARLE POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 53/2023-I-1, DEL ÍNDICE DEL ÓRGANO DE MI ADSCIPCIÓN, PROMOVIDO POR USTED MISMA, COMO LO PREVINE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO - B) [ ] C) [ ] - DE LA LEY DE AMPARO. SÍNTESIS: Agréguense a los autos los oficios y anexo de cuenta, remitidos por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el diverso signado por el Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, siendo esta última su denominación correcta, por medio de los cuales rinden su respectivo informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con los mismos dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos. De igual manera, se tienen como pruebas de su parte las documentales que acompañan, las que se tienen por presentadas y recibidas, dada su propia y especial naturaleza. AUTORIDAD RESPONSABLE SOLICITA ACCESO Y NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRONICA. Por otra parte, de conformidad al artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la Reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que rige a todos los órganos del Poder Judicial de la Federación, téngaseles señalando como medio de comunicación la dirección de correo electrónico que refieren las autoridades responsables, en caso de considerarlo necesario. De igual manera, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, téngasele a la segunda de las autoridades mencionadas con antelación, designando como delegado al profesionista que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículo 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en términos del numerales 34 a 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita, se autoriza a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el nombre de usuario "***": a) Consultar el expediente electrónico vía internet; b) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de su firma electrónica,; y, c) Notificarse de las resoluciones en forma electrónica, a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, se ordena al Oficial Judicial "A" y al Actuario adscrito de este juzgado para que realice las adecuaciones conducentes y se permita la visualización en el portal de internet. Sin que se inadvierta que la autoridad responsable igualmente señaló domicilio procesal para oír y recibir notificaciones; sin embargo, no es procedente tener dos medios de distinta naturaleza para tales efectos; por tanto, téngase la vía electrónica, por ser uno de los proporcionados, sin perjuicio de que si a su interés conviene, solicite el cambio en el momento que lo estime conducente. INCOMPETENCIA No obstante lo anterior, en el caso se estima que este Juzgado carece de competencia legal para su conocimiento, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del numeral transcrito, se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Que cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Que si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Así, precisadas las reglas que rigen la competencia en el juicio de amparo bi-instancial, es oportuno destacar que del escrito inicial de demanda, presentado el seis de enero de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en esta instancia constitucional, en el siguiente: ". III.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de dar trámite al recurso de revisión interpuesto por el suscrito en el tramite migratorio NUT ***, de conformidad con lo establecido por los artículos 86, 87, 88, 89 y demás relativos y aplicable de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo" De lo anterior, se desprende que el quejoso se duele en lo medular de la omisión por parte de las autoridades responsables de dar trámite al recurso de revisión interpuesto por el tramite migratorio NUT ***. Ahora bien, del contenido del informe justificado de cuenta, rendido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, se advierte que si bien es cierto, en fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, fue registrado el recurso de revisión interpuesto por la parte aquí quejosa, con el número de expediente procedimiento administrativo de revisión ***. También lo es que, el seis de enero del presente año, emitió la resolución mediante la cual determino desechar el mecanismo de defensa en revisión interpuesto por ***O, en contra de la resolución que negó la solicitud de trámite para autorización de visa; es decir, la obtención de visa de residente temporal por oferta de empleo, la cual fue notificada al aquí quejoso el día veinte de enero del año en curso; lo cual se acredita con las constancias que para tal efecto anexa, documentales a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2°; pues se corrobora que dicha autoridad responsable se pronunció respecto al recurso de revisión interpuesto por la parte aquí quejosa, mismo que le fue notificado en dicha ciudad fronteriza. De ahí que, el acto reclamado en esta instancia, encuadra en el primer supuesto previsto por la norma citada. Se afirma lo anterior, toda vez que aun cuando se está en presencia de un acto omisivo, éste tiene efectos positivos, cuyas consecuencias legales se materializarán en el lugar en donde se localiza el aquí quejoso, puesto que el medio de impugnación en cuestión, se interpuso en contra de la resolución que le negó la solicitud de trámite para autorización de visa, consistente en la obtención de visa de residente temporal por oferta de empleo. Por tanto, se estima competente para conocer y resolver el juicio de amparo en cuestión, al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua del Decimoséptimo Circuito, en Turno, con residencia en ciudad Juárez, Chihuahua, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución material y ésta ocurre en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde reside la autoridad responsable y se ejecuta el acto reclamado, de ahí que se estima que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal, por razón del territorio, para conocer del presente juicio de amparo. Por lo que, que de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, corresponde conocer del presente asunto a la Jurisdicción de los Juzgados de Distrito con sede en ciudad Juárez, Chihuahua. Apoya a lo anterior, la tesis aislada I.10o.T.8 L (10a.), consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, página 4833, registro digital 2023429, de la Undécima Época, Materia Común-Laboral, del rubro y texto siguiente: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR. AL SER UN ACTO OMISIVO CON EFECTOS POSITIVOS, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE ÉSTA DEBA MATERIALIZARSE. Hechos: Un trabajador reclamó en amparo indirecto, entre otros actos, la omisión de señalar día y hora para la diligencia de reinstalación dentro de un juicio laboral. La demanda se presentó ante un Juez de Distrito, quien se declaró incompetente para conocer del asunto, al estimar que la omisión reclamada debe ser subsanada con una conducta positiva que se realizará fuera de su jurisdicción. Por su parte, el Juez de Distrito a quien se le remitió la demanda no aceptó la competencia declinada, al considerar que el acto reclamado era una omisión simple, carente de ejecución material y, en consecuencia, determinó que el juzgador legalmente competente para conocer del asunto era aquel ante quien se presentó la demanda, de conformidad con el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Juez de Distrito competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la omisión de la Junta de señalar fecha y hora para la reinstalación del trabajador, es aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde ésta deba materializarse, al tratarse de un acto omisivo con efectos positivos. Justificación: Lo anterior es así, en razón de que el referido acto reclamado constituye una omisión con efectos positivos, al ser capaz de producir en el mundo fáctico o real, una consecuencia material que conlleva una vulneración del derecho fundamental al trabajo, pues implica que mientras no se señale fecha y hora para la reinstalación, el trabajador permanezca separado del empleo, no perciba su salario ni diversas prestaciones; además, el patrón también resiente un perjuicio en su patrimonio, en virtud de que se le priva de la posibilidad de cortar el pago de los salarios caídos hasta el momento de la reinstalación en caso de una eventual condena, lo que pone de manifiesto que los efectos positivos de ese acto omisivo se materializan en el lugar donde debe llevarse a cabo la reinstalación del trabajador; de ahí que se actualice la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo". Así como la Tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página doce, Volumen 199-204, Cuarta Parte, Séptima Época, del Seminario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como en el criterio que aparece publicado en la página 97 del Informe de 1972, Parte II, Materia Común, de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En tal virtud, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Juez de Distrito del Estado de Chihuahua en turno, con sede en ciudad Juárez, Chihuahua, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de dicha ciudad, este juicio de amparo previa formación del expedientillo respectivo con las constancias certificadas necesarias, así como las copias de demanda; háganse las anotaciones correspondientes. Por otra parte, se solicita al juzgador que por razón de turno conozca de la presente demanda de garantías, acuse el recibo correspondiente y comunique la determinación que sobre la competencia planteada emita. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · 16,277 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano