Carlos Marx Barbosa Guzman

Expediente 1712/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1712/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
14/01/2021

Partes del expediente

  • Carlos Marx Barbosa Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a trece de enero de dos mil veintiuno. Visto el escrito presentado por Carlos Marx Barbosa, parte quejosa; atento a su contenido, téngase por desahogada la vista que se ordenó en proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, y por hechas las manifestaciones que vierte sin perjuicio de que sean tomadas en consideración, una vez que este Juzgado Federal se pronuncie respecto a si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede Acapulco, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 1712/2019 y remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de inconformidad administrativa 8/2020; por tanto, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que el tribunal de alzada por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es fundado el recurso de inconformidad." Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, por conducto de su Titular Héctor Astudillo Flores, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído remita en copia certificada el escrito mediante el cual formuló su petición el quejoso y que aduce, le dio respuesta a través del oficio número CJ/024/2020 de fecha veinte de enero del presente año, a efecto de que este Juzgado Federal se encuentre en posibilidad de realizar el pronunciamiento respectivo en cuanto al cumplimiento de la sentencia amparadora dictada en el presente asunto, tal y como fue precisado en la ejecutoria dictada por el tribunal de alzada. Se le apercibe que de incumplir con lo que se le requiere en el párrafo que antecede dentro del plazo que se le concede, o no justificar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; además de que se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno y materia corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la legislación en comento. Se considera, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida; lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto, del ordenamiento legal invocado. De igual forma, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, informe gestiones ineficaces o evasivas, de conformidad con el artículo 193 de la ley de la materia, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente, puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo estipulado, lo procedente es remitir el expediente a dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Comuníquese a la autoridad responsable de mérito, que deberá de agotar las gestiones que tiene a su alcance, para dar cumplimiento a la presente ejecutoria, e informarlas a este órgano jurisdiccional de manera oportuna; y deberá asimismo abstenerse de realizar aquellas que en nada conduzcan al cumplimiento y de tener evasivas al mismo, ya que en su caso se procederá hacer efectivos los apercibimientos indicados en los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, en relación al cuaderno de antecedentes que se formó para la sustanciación del recurso de revisión, tomando en consideración que cumplió su objetivo primordial; es decir, suplió al principal, desglósense las actuaciones originales para ser agregadas al juicio principal, y una vez que el fallo protector quede firme se acordara lo conducente en relación a su archivo. Se instruye al Actuario adscrito para que tratándose de los oficios girados a las autoridades responsables que aún no hayan reanudado labores porque se encuentren haciendo uso de sus periodos vacacionales o porque las dependencias se encuentren cerradas por cualquier otro motivo (COVID-19, entre otros), haga entrega de las comunicaciones una vez que éstas reanuden el servicio al público. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1712/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni se advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a este órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Asimismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, y al principio de la celeridad procesal. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en su escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Justo Cortes, Viviana Salas Reyes, David Jorge Ramírez Santiago, Guillermo Sánchez Ocampo, Juan Manuel Nava Salgado, y Gabriela Juárez García, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Estefany Areli Tianguis Tomatzin, por no contar con el requisito anterior, así como a las demás personas que menciona por así solicitarlo expresamente. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal.

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