Carlos Martinez Gaeta

Expediente 1312/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1312/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • Carlos Martinez Gaeta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; al que adjunta el testimonio de la ejecutoria dictada el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el conflicto competencial 22/2022, de la que se advierte que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es el competente para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto no se aceptó la competencia declinada, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual transcribe el proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, en el que informa que se admitió a trámite el conflicto competencial planteado, el cual se registró con el consecutivo 22/2022; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual informa que se insistió en declinar la competencia planteada y ordenó remitir los autos del expediente 577/2022 de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que dirima lo procedente respecto al conflicto competencial, asimismo acompaña los oficios 700-21-00-00-00-2022-4312 y 7000-21-00-00-00-2022- 4403; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio 16947/2022 signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual acompaña el juicio de amparo 577/2022-1-A, promovido por Carlos Martínez Gaeta contra actos de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión relativo y dos tomos de pruebas de la autoridad responsable, debido a que mediante resolución de veintisiete de septiembre del presente año, dicho órgano decretó la legal incompetencia para conocer del aludido juicio de amparo. Por tanto, anótese el ingreso en el libro de gobierno de este órgano de control constitucional, bajo el consecutivo 1312/2022-VI. Determinación Con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, no acepta la competencia declinada, conforme a las consideraciones que enseguida se señalan. En principio, es conveniente precisar las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, mismas que se contienen en el artículo 37 de la ley de la materia, que previene: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La interpretación literal del precepto anterior, permite determinar que la competencia de los jueces de Distrito se surte en razón de la ejecución del acto reclamado, de manera que será competente el Juez con jurisdicción: a) En el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal virtud, es necesario fijar de manera clara y precisa cuáles son los actos reclamados por la parte quejosa y si son susceptibles de ejecución. Así, de la lectura del escrito inicial de demanda, se desprende que se señaló el acuerdo de tres de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente 1132/2017, por la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y su ejecución. En ese sentido, para determinar la competencia territorial del Juez de Distrito, debe atenderse no sólo al señalamiento de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, a los actos reclamados y a los preceptos constitucionales invocados, sino también a los antecedentes del caso y preponderantemente a si los actos se ejecutaron o trataron de ejecutarse de acuerdo con lo manifestado bajo protesta de decir verdad del quejoso; dato que resulta de suma importancia, en tanto que es la ejecución del acto en cualquiera de sus etapas, la que debe tomarse en consideración para fijar la competencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 206167, tomo IX, mayo de 1992, materia común, página 94, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. Conforme a lo anterior, se estima que el acuerdo reclamado, mediante el cual se hizo efectivo un apercibimiento, entre otros, al quejoso, y como consecuencia, se le impuso una multa por el equivalente a cien veces de la Unidad de Medida y Actualización y se requirió a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México a fin de que proporcione los datos de las personas físicas que integran la Comisión de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México, entre ellos el quejoso, a fin de realizar el cobro de la multa impuesta comenzaría a ejecutarse en el lugar de residencia de la autoridad responsable, esto es, en Toluca, Estado de México, lugar en el que incluso fue presentada la demanda. Lo anterior, así se considera, pues conforme al segundo supuesto para establecer la competencia de los jueces de Distrito, lo que se toma en cuenta es que cuando el acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente en el que se presentó la demanda. Luego, si de la demanda de amparo y constancias que remitió la autoridad oficiante se advierte que la multa fue decretada por la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México, con residencia en Toluca, y es quien ordena girar el oficio a la Comisión de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México, a efecto de realizar el cobro de la multa impuesta, lo cual le corresponderá a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, es precisamente, en el lugar donde ocupa la residencia la citada responsable, en donde se da inicio a las diligencias o actuaciones encaminadas a lograr la materialización y/o cobro de la multa referida. Ello, con independencia de que la imposición de la multa en contra de la parte quejosa, pudiera continuar ejecutándose dentro de la jurisdicción de este juzgado de distrito, en razón del domicilio fiscal del quejoso; pues las constancias de autos revelan que la sanción impuesta, fue emitida por la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien en primer término llevará a cabo las actuaciones necesarias para que tal sanción se ejecute, como lo es girar oficios a las autoridades exactoras, pues de lo contrario no podría llevarse a cabo su cobro. Aunado a que, al tratarse de una autoridad perteneciente al Gobierno del Estado de México, la ejecución material del cobro de la multa impuesta le corresponde a la Secretaría de Finanzas del gobierno de dicha entidad, quien en su caso, conforme a sus facultades legales, llevará a cabo las actuaciones correspondientes como autoridad exactora y, eventualmente, a falta de pago, la ejecución podrá continuar a través del procedimiento administrativo de ejecución. En ese contexto, se estima que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la cual indica que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda de amparo. Así, las resaltadas circunstancias conllevan a discrepar lo expuesto por el Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en cuanto a la competencia de este circuito, pues aunque se comparte que el acto combatido conlleva una ejecución material, este órgano jurisdiccional estima que el juez competente para conocer de la demanda de amparo, es el que radica en el lugar en donde comenzó a ejecutarse el acto reclamado, esto es, en Toluca, Estado de México; ello, aunado a que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, previno del conocimiento del escrito inicial de demanda, razón de más por la que este juzgado considera no aceptar la competencia declinada. Al respecto, es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 74/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo XXXIV, julio de 2011, página 369, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 161677, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, no acepta la competencia planteada, por las razones antes expuestas. Asimismo, acorde al procedimiento establecido en el numeral 48, párrafo segundo, de la ley en cita, devuélvanse las constancias remitidas por el juez declinante, para que esté en aptitud de proveer lo conducente; solicitándole tenga a bien acusar recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes relativo, con las constancias que resulten necesarias para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, no se provee respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones, ni los autorizados para tal efecto, en virtud de que este órgano jurisdiccional no aceptó el conocimiento de la demanda en cuestión, por tanto, la notificación que se haga al promovente practíquese por lista que se fije en los estrados de este tribunal federal, acorde a lo reseñado por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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