Carlos Martínez Flores
Expediente 1068/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 19 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1068/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Martínez Flores
Actuaciones
- Principal
Carlos Martínez Flores promueve juicio de amparo en contra de actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Séptimo Distrito en el Estado de Puebla y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese con el número 1068/2016 en el libro de gobierno respectivo. ACUERDO RELATIVO A LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESTE JUICIO DE AMPARO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Ahora bien, analizado el escrito de demanda de amparo se considera respetuosamente que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer del asunto, por razón de territorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención. 3) Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo, fracción séptima, del punto cuarto, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como de los Juzgados de Distrito, los Jueces de Distrito en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ejercen jurisdicción en el municipio de Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado por el promovente consiste en: ? La orden emitida por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Séptimo Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio agrario 367/2010 de su índice, de hacer entrega de la parcela Ejidal número 108-Z1P1/6, que aduce la parte quejosa es de su propiedad, así como su ejecución. Cabe precisar que de los anexos que acompaña la parte quejosa a su escrito de demanda, se advierte que la parcela a la que hace referencia, se encuentra ubicada en la Localidad de "San José Alchichica", municipio de Tepeyahualco, de Hidalgo Puebla. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto, debido a que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito, es decir, en la localidad de "San José Alchichica", municipio de Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla; debido a que la parcela Ejidal número 108-Z1P1/6, que hace alusión el quejoso se encuentra ubicada en dicha localidad, aunado a ello, que el domicilio del Tribunal Unitario Agrario donde está radicado el juicio agrario 367/2010, se encuentra en el Estado de Puebla, donde en su caso, tendría que ser llamado el quejoso a juicio. Por lo que la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; por lo que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio; en consecuencia, remítasele al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en turno quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución la resolución que constituye el acto reclamado, solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Registro No. 162635 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXXIII, Marzo de 2011 Página: 2288 Tesis: I.15o.A.41 K Tesis Aislada Materia(s): Común "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". Con copia de las constancias necesarias y de este proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Por otra parte, debido a que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones que emanen de este asunto, incluso las de carácter personal, efectúensele por lista de acuerdos. Por otra parte, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Martínez Dionisio, por tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y, en términos de la última parte del citado artículo, a Dulce Rosario Olivares Hernández, en razón de que no cumple con el registro de cédula en mención. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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