Carlos Martin Rubio
Expediente 464/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Martin Rubio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de febrero de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 20/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita; en razón que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 20/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado legal de la parte quejosa, por medio del cual revoca el domicilio señalado con anterioridad y señala nuevo domicilio procesal. Atento a lo anterior, como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, teniéndose por revocado el señalado con anterioridad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, que dice: Juicio de amparo: 464/2021 Quejoso: Carlos Martín Rubio Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Macario Oviedo González S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 464/2021. R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Carlos Martín Rubio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos reclamados siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. A).- ORDENADORA. 1.- La Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con domicilio ubicado en Paseo Tlahuica No. 86, Barrio Rancho Nuevo, Yautepec de Zaragoza, Morelos. B).- EJECUTORA.- 2.- El Actuario, adscrito a la Segunda Secretaría de Acuerdos del citado Juzgado, con el mismo domicilio. IV.- ACTOS RECLAMADOS. - a). -De la Juez referida como ordenadora, los ilegales autos que traen emparejada requerimientos de pago y ejecución, de fechas 07 de septiembre y 26 de noviembre ambos de 2020, recaídos dentro del incidente de alimentos, derivado del Divorcio Incausado, interpuesto por la tercera interesada en contra del quejoso, no obstante de dar por concluido el incidente citado, a través de convenio que se homologó a sentencia ejecutoriada con fecha 12 de febrero de 2019. Actos de reclamación, en el que se me condena de forma arbitraria e ilegal en dos autos, el primero de ellos de fecha 07 septiembre de 2020, por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.); y el segundo de fecha 26 de noviembre de 2020, por la cantidad de $28,000.00 (VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); ambos por concepto de pago de pensiones alimenticias supuestamente "adeudadas", cantidad establecida sin previa liquidación. Resoluciones que ordenan el requerimiento de pago y en su caso embargo de mis bienes. b).- Del Actuario adscrito a la Segunda Secretaria de dicho juzgado, reclamo el cumplimiento de la orden de requerir de dicho pago al suscrito, así como en su caso del embargo en bienes de mi propiedad". Actos que considera violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado, admitió la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, se le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto y fijó día y hora para la audiencia constitucional. Por acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno, se tuvo como tercero interesado a Estefani Marrón Gaona por sí y en representación de su hijo menor de edad de iniciales C.E.M.M. y se ordenó su emplazamiento, el cual tuvo verificativo el veinte de agosto siguiente y, finalmente, el veintitrés de septiembre subsecuente, tuvo verificativo la audiencia constitucional. Además, por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo saber a las partes que, mediante oficio SEADS/1072/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre de mismo año, el Pleno del citado órgano determinó, la adscripción de la Jueza Nadyelly López Guevara, designándola como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, referente a los impedimentos para conocer de los asuntos que se tramitan ante este juzgado. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdos generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio de amparo en materia civil -familiar-, en el que se reclaman actos de autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado y con ejecución material en ella. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio, consisten en: 1) El auto de siete de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, en el incidente de alimentos, guarda y custodia promovido por Estefani Marrón García en favor de su hijo menor de edad de iniciales C.E.M.M. -ambos aquí terceros interesados-, derivado del juicio de divorcio incausado 245/2018 -ya concluido-, promovido por la citada Marrón García contra Carlos Martín Rubio -aquí quejoso-; en el que, en ejecución forzosa, se le requirió al citado quejoso para que realizara el pago de las pensiones alimentistas adeudadas, correspondientes a los meses de marzo a julio de dos mil veinte y que ascienden a una suma de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) y, en caso de no hacerlo, se proceda al embargo. 2) El auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, emitido por el referido juez, en el citado incidente; en el que, en ejecución forzosa, se le requirió al aquí quejoso para que realizara el pago de las pensiones alimentistas adeudadas, correspondientes a los meses de marzo a septiembre de dos mil veinte y que ascienden a una suma de $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 moneda nacional) y, en caso de no hacerlo, se proceda al embargo. 3) La ejecución de los proveídos señalados en los incisos que anteceden, por parte del Actuario adscrito al mencionado juez. III. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados antes precisados, consistentes en los proveídos de siete de septiembre y veintiséis de noviembre de dos mil veinte pues, además de que fueron aceptados por el juez responsable, al rendir su informe justificado, y el actuario de su adscripción se adhirió a dicho informe, también allegó a los autos diversas copias certificadas, entre las que se encuentran dichos proveídos. Constancias a las que se les confiere valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dado que se trata de documentales públicas que fueron certificadas por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda de amparo se promovió oportunamente, pues el quejoso refiere que los proveídos reclamados no le han sido notificados, pero que tuvo conocimiento de ellos el veinte de abril de dos mil veintiuno; en razón de que acudió al juzgado responsable y consultó el expediente de origen; sin que de autos se advierta constancia alguna que indique que tuvo conocimiento fehaciente de dichos actos con anterioridad a esa fecha. Luego, si la parte quejosa presentó su demanda de amparo el siete de mayo siguiente, esto es trece días hábiles después; es evidente que fue presentada oportunamente, es decir, dentro del plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. V. Improcedencia del juicio de amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, los actos reclamados, aunque subsisten, no pueden surtir efecto legal alguno, en virtud de haber dejado de existir su objeto o materia. Así fue previsto por el legislador, pues determinó que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo -este último supuesto es el que nos ocupa-. En esto último, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el juicio de amparo es improcedente cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en el caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Véase la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS". Y en el caso, los actos reclamados están dentro del supuesto en comento pues, aunque subsisten, su contenido ya no puede surtir efectos legales o materiales, es decir, no se concretará su objeto en razón de la modificación del entorno en el cual se emitieron los proveídos reclamados, lo cual acarrea que la eventual sentencia concesoria ningún efecto jurídico tendría. Se explica. En el caso, el quejoso se duele de dos proveídos por virtud de los cuales, en ejecución forzosa, se le requirió para que realizara el pago de las pensiones alimentistas adeudadas y, en caso de no hacerlo, se proceda al embargo. Empero, aunque subsisten los actos reclamados, hubo un cambio en el entorno en el que dichos actos fueron llevados a cabo y, por tanto, los efectos de estos últimos no se concretaron ni se concretarán porque ha sobrevenido un cambio en el entorno en que fueron emitidos. Esto es así, porque en respuesta a una posterior solicitud realizada por la actora incidentista del juicio de origen, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la que pidió que se le requiriera nuevamente al aquí quejoso el pago de las pensiones alimentistas adeudadas -correspondientes a los mismos meses por los que se emitieron los actos reclamados, así como tres meses más-; la jueza responsable emitió el auto de siete de junio de dos mil veintiuno, en la que se negó a hacer dicho requerimiento bajo el argumento de que en la cláusula décima segunda del convenio -en el que se pactó el pago de alimentos- aprobado en la audiencia de doce de febrero de dos mil veintiuno, por virtud del cual se dio por concluido el incidente de alimentos, guarda y custodia de origen, se pactó por las partes que para cualquier cuestión jurisdiccional que se suscite, las partes se sometieron a la competencia del primer distrito judicial, con lo que renunciaron a cualquier otro que, por razón de domicilio o territorio, les pudiera corresponder; con lo que la jueza responsable tácitamente se ha negado a continuar con el cobro de las referidas pensiones alimenticias. Véase lo que señalan dicha cláusula y el referido acuerdo. "DÉCIMA SEGUNDA.- ambas partes acuerdan que para cualquier conflicto y cuestión que se suscite de manera jurisdiccional, las partes se someterán a la jurisdicción del primer distrito judicial del estado, renunciando a cualquier otro que por cuestión de territorio, domicilio pueda corresponder, ello por así convenir a los intereses de ambas partes". "Visto su contenido, se tiene por hechas las manifestaciones que hace valer, en atención a las mismas, dígase a la ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, toda vez que las partes pactaron en la CLÁUSULA SEGUNDA (sic) del convenio aprobado mediante audiencia de doce de febrero de dos mil diecinueve, que para cualquier cuestión jurisdiccional que se suscite las partes se sometieron a la competencia del primer Distrito Judicial, renunciando a cualquier otro que por cuestión de domicilio o territorio les pudiera corresponder; en consecuencia se dejan a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía y forma que corresponda". Nótese que, aunque subsisten los proveídos reclamados, puesto que no se advierte que hayan sido revocados o anulados, sus efectos no se concretaron ni se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, dado que, como se dijo, tácitamente la jueza responsable se ha negado a continuar realizando el cobro de las referidas pensiones alimenticias adeudadas por el quejoso, bajo el argumento de que no es competente para ello, y no se aprecia que a dicho quejoso se le haya ejecutado lo ordenado en tales proveídos o aplicado una sanción con motivo de la emisión de dichos autos. Así, de manera posterior a la emisión de los proveídos reclamados, cuyo contexto es el que constituye la materia de este amparo, cambió el entorno del procedimiento del que emanan dichas actuaciones sin ser revocadas o anuladas las actuaciones anteriores; esto porque, tácitamente, la jueza responsable se ha negado a continuar realizando el cobro de las referidas pensiones alimenticias adeudadas por el aquí quejoso. Por tanto, aún y cuando de un estudio del contexto reclamado, eventualmente se concluyera su inconstitucionalidad, el nuevo contexto dejaría a la respectiva sentencia concesoria sin efecto jurídico. Esto último en razón de que aunque los proveídos reclamados formalmente subsisten, su contexto se modificó sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, pues los efectos de esas actuaciones no se concretaron ni se concretarán debido al cambio de entorno y, justamente en virtud de ello, el fallo protector ya no cumpliría su finalidad, pues es un nuevo acto el que ahora rige las subsecuentes actuaciones que se han llevado a cabo en el nuevo entorno, con independencia de la subsistencia de los actos aquí reclamados; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Por otro lado, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, tercer párrafo, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, del último precepto en cita se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Pero si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo anterior, así se aprecia de la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es acorde a la Ley de Amparo vigente, con registro 190035, rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Al respecto, la procedencia del juicio de amparo en los términos mencionados, tiene como finalidad evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, de ahí que se estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa; lo que refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Lo expuesto así se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2020631, rubro y texto siguientes: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo". Sobre la bases expuestas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se desprenden dos hipótesis distintas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por las autoridades en comento después de concluido el juicio, a saber: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución y, por ende, pueden ser impugnados de manera inmediata; y b) Actos de ejecución de sentencia, los cuales, por regla general, pueden ser impugnados en vía constitucional hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, donde también pueden combatirse aquellas violaciones procesales sufridas durante dicha secuela; a manera de excepción en este último supuesto, dicha Sala del Máximo Tribunal del País precisó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente -actos de imposible reparación- y resulten ajenos a la cosa juzgada. Los razonamientos recién precisados, que explican la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido el juicio y que son acordes a la Ley de Amparo vigente, están contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación". Con fundamento en lo expuesto, en el caso, los actos reclamados no son la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, tampoco constituyen un acto autónomo a dicho procedimiento ni son de imposible reparación porque no violentan directamente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada del juicio de origen. Al respecto, los actos impugnados fueron emitidos dentro del procedimiento de ejecución del incidente de alimentos, guarda y custodia de origen, el cual concluyó mediante la aprobación de un convenio celebrado entre las partes que fue aprobado en la audiencia de doce de febrero de dos mil diecinueve, la cual constituye una sentencia definitiva por haberse emitido en un incidente que tiene la naturaleza de juicio, independientemente de cómo se le denomine; tal y como se deduce de la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2021695, rubro y texto siguientes: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito". Ahora dichos actos, no constituyen la última resolución de dicho procedimiento dado que consisten en dos proveídos por virtud de los cuales, en ejecución forzosa, se le requirió al aquí quejoso para que realizara el pago de las pensiones alimentistas adeudadas y, en caso de no hacerlo, se proceda al embargo. Y cabe señalar que, el aquí quejoso y demandado condenado en el juicio de origen pretende que no se ejecute la sentencia definitiva de ese juicio, con base en que los actos reclamados se encuentran indebidamente fundados y motivados, por virtud de los cuales se le realizó un requerimiento de pago y embargo; con lo que se evidencia que los actos reclamados tienen como finalidad lograr la ejecución de la sentencia definitiva de origen; no hay con ello, pues, final en la ejecución ni autonomía a ésta, ni afectación directa a un derecho sustantivo que sea ajeno a la cosa juzgada del juicio de origen; al contrario, afecta precisamente el derecho sustantivo de propiedad del demandado por orden de una sentencia definitiva, es decir el derecho que la cosa juzgada manda afectar. Asimismo, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que, ante una eventual concesión de amparo, el referido requerimiento de pago y embargo podría quedar insubsistente, lo que de suyo implica un retraso en el cumplimiento de la sentencia definitiva del juicio de origen. En ese sentido, no está debatido por las partes, y así se advierte de autos, que los proveídos reclamados se emitieron después de concluido el juicio y que constituye un acto emitido dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que lleva por finalidad su cumplimiento, precisamente porque la pretensión del quejoso es dejar insubsistente la ejecución de un requerimiento de pago y embargo en ejecución forzosa, emitido con la finalidad de cumplir la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen; razón por la cual también se considera que dicho acto no resulta ajeno a la cosa juzgada. Sin que sea jurídicamente factible reputarle los actos impugnados autonomía destacada en relación al procedimiento de ejecución dentro del cual se emitieron, dado que de constancias no se advierte que ya se haya cumplido la sentencia emitida en el procedimiento de origen, se haya declarado la imposibilidad de cumplimiento ni mucho menos se ha ordenado que se archive el asunto como total y definitivamente concluido, pero más importante aún que, precisamente, la pretensión del quejoso va encaminada a retrasar la ejecución ya emprendida por la autoridad responsable, de lo que incluso se desprende que dicho reclamo no implica la violación de un derecho sustantivo, pues la afectación que produce el acto reclamado está ligada a la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, la que no resulta ajeno a la cosa juzgada de dicho juicio. Finalmente, es de señalarse que la oposición de cumplir la sentencia del juicio de origen por el hecho de que resulten ilegales los requerimientos de pago y embargo multicitados, no traería como consecuencia que dicha sentencia ya no pueda ejecutarse por haberse cumplido la misma u otra causa plenamente justificada; de ahí que al haberse desestimado dicha oposición en el acto reclamado, no se dirimió una excepción de naturaleza perentoria y sustancial como las señaladas en los casos excepcionales en que es procedente el juicio de amparo de que habla la ya citada jurisprudencia 1a./J. 19/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 162152, visible en la página 5, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Al actualizarse las causales de improcedencia en estudio, procede el sobreseimiento del presente juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual se hace extensivo a los actos de ejecución de los proveídos reclamados, en razón de que no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia de tales acuerdos. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Martín Rubio, respecto de los actos reclamados precisados en el II considerando, por los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando, ambos de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Macario Oviedo González, quien autoriza y da fe, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. mog
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 20/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vistas las certificaciones que anteceden, de las que se advierte que en el presente juicio ha sido celebrada la audiencia constitucional; por tanto, agréguese el presente acuerdo al cuaderno de antecedentes previamente formado. Se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1072/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre de mismo año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Juez Nadyelly López Guevara, designándola como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, referente a los impedimentos para conocer de los asuntos que se tramitan ante este juzgado. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Macario Oviedo González, quien autoriza y da fe
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