CARLOS MARTÍN QUINTERO ANZURES y Otros.

Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
410/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • CARLOS MARTÍN QUINTERO ANZURES y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.16/06/2023 12:5010306 Comunica que está disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y vinculado al presente asunto, la ejecutoria de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja ********************, de la que se advierte: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." Acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 34 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.

  2. Principal

    Oficio signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal Sexto Circuito.12/05/2023 09:058135 Informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, registrado como ********************.

  3. Principal

    Escrito firmado por el quejoso ********************.03/05/2023 09:107580 Mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dese trámite al citado medio de impugnación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, tomando en consideración que el auto recurrido lo constituye la determinación que desechó la demanda, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, envíese el original y copia fotostática del escrito del recurso, así como copia fotostática certificada del proveído recurrido, el informe sobre la materia de la queja y las demás que se estimen pertinentes, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para la sustanciación del recurso correspondiente

  4. Principal

    Demanda de amparo firmada por ***, por derecho propio. Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Regístrese y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 410/2023. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la demanda de amparo concretamente en el capítulo a acto reclamado señaló: El auto de apertura a Juicio Oral emitido el 31 de marzo de dos 2023, en audiencia de forma oral en dicha fecha. Las violaciones cometidas durante la etapa intermedia, dentro de la Causa Penal ***, las cuales afectan derechos sustantivos por impactar y tener trascendencia para el posible resultado del fallo consistente en: El acuerdo que tuvo por admitida la Testimonial ofertada por la Representación Social de ***. De los preceptos legales antes transcritos se desprende que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, siempre y cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o Tratados Internacionales en los que México sea parte, en los que se conceptualizan los derechos fundamentales y humanos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparación con el hecho de obtener una declaración o sentencia favorable en el juicio. Bajo ese contexto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como ocurre en el caso, pues la parte quejosa insta el presente asunto a reclamar: a) el auto de apertura a juicio oral emitido el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, b) las violaciones cometidas durante la etapa intermedia en carpeta judicial administrativa ***, y c) el acuerdo que ordenó admitir la prueba testimonial ofrecida por la Representación Social de ***. Esto es así, en razón a que de acuerdo con la legislación constitucional y secundaria que rige la procedencia del juicio de amparo, contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley Suprema, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales o humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la cuestión planteada, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte agraviada. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro de un procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Entonces, las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En esa tesitura, es inconcuso que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en: a) el auto de apertura a juicio oral emitido el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, b) las violaciones cometidas durante la etapa intermedia en carpeta judicial administrativa ***, y c) el acuerdo que ordenó admitir la prueba testimonial ofrecida por la Representación Social de ***, no deben ser considerados como actos cuya ejecución sea de imposible reparación. Ello es así, ya que dichos actos no le irrogan un daño irreparable actual a la parte quejosa, porque la determinación del juez de control de emitir el auto de apertura a juicio oral que admite medios de prueba, no repercuten en la esfera jurídica, aunado a que tales violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo. Razón por la cual se concluye que los actos que se atienden no deparan perjuicio a los derechos fundamentales del quejoso y por consiguiente no es admisible para instar el juicio constitucional. En consecuencia, los actos que por esta vía reclama la parte quejosa constituyen aquellos que no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental. Por lo expuesto, este órgano de control constitucional de oficio estima que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. En otro orden, se tienen autorizados a *** y *** en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, para único efecto de oír y recibir notificaciones en imponerse de autos en virtud de no tener registradas sus cédulas profesionales que los acredite como licenciados en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, se tienen autorizados a las restantes personas para los mismo efectos por así haberlo solicitado. *** se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la vía electrónica, que podrá consultar a través del usuario ***. Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibida que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios adscritos que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, impriman la constancia respectiva del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II de la ley de la materia. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ahora, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada, si así se señala. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Finalmente, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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