Carlos Martín Mota Cisneros
Expediente 460/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Martín Mota Cisneros
Actuaciones
- Principal
III. Uruapan, Michoacán, a tres de octubre de dos mil dieciocho. De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, en contra del proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en que se desechó la demanda de garantías promovida por Carlos Martín Mota Cisneros, por su propio derecho. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE...
- Principal
I. Con fundamento en el artículo 27, inciso b), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el citatorio de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de dieciocho del mes y año en curso, que en lo conducente dice: Uruapan, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase a Carlos Martín Mota Cisneros, por su propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 460/2018-III. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV y 17, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de garantías fue presentada de manera extemporánea. Resulta aplicable la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción XIV, de la Ley en comento, establece como causa de improcedencia, cuando no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17, del propio ordenamiento legal, que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de la legislación en consulta, establece tres supuestos para computar el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno y son: 1. Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 165582 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXI, Enero de 2010 Pag. 1931 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Entonces, la parte que se sienta agraviada de determinado acto de autoridad, tendrá quince días hábiles para presentar su demanda de garantías, una vez que haya comenzado a contar ese lapso, desde el día siguiente a aquél en que se haya ostentado sabedor del acto o resolución que reclame. Ahora, el quejoso señala como actos reclamados: La orden de retención verbal o escrita del vehículo marca HONDA PILOT EXLT/A, modelo 2011, de color azul, número de motor J35Z43067914, número de serie 5KBYF4855BB802588, sin placas de circulación, que refiere es de su propiedad. El aseguramiento del vehículo descrito. Para mejor apreciación de lo anterior, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó el promovente, en los que literalmente refiere: "1.- Con fecha 12 doce de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, aproximadamente siendo como las dos de la tarde, mi vehículo marca HONDA PILOT EXLT/A, modelo 2011, de color azul, número de motor J35Z43067914, número de serie 5KBYF4855BB802588, sin placas de circulación, se encontraba debidamente estacionado sobre la calle Lauro Villar, frente al domicilio marcado con el número 650, de la colonia Independencia de la ciudad de Apatzingán, Michoacán, cuando se detuvo a un costado de mi vehículo una patrulla de la Policía Michoacán, con número oficial 05-302, y de ella descendieron dos personas uniformadas, quienes dijeron ser agentes de la Policía Michoacán, ambos adscritos al cuartel regional de la policía Michoacán de la ciudad de Apatzingán; procedieron a revisar mi vehículo sin ninguna orden escrita y sin obtener mayor explicación. Acto seguido, y una vez que revisaron mi vehículo, según el dicho de los propios elementos de la policía Michoacán, que para hacer una investigación más exhaustiva que solicitarían informes al RENAVROB (Registro Nacional de Vehículos Robados), resultando que mi vehículo tenía un reporte de robo que emitió la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, y que ese reporte venia de origen desde la Subprocuraduría de Justicia de Celaya, Guanajuato, pero sin mostrarme ninguna documentación que así lo acreditara. No obstante lo anterior, me informaron que por existir un reporte de robo de vehículo de otro Estado, lo iban hacer era poner a disposición de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos de la Subprocuraduría del Estado de Michoacán, Región Apatzingán, para que investigaran mi vehículo, ahora bien, pero sin ningún trámite legal y sin ninguna orden escrita de procedimiento legal, los elementos de policía Michoacán, aseguraron mi vehículo y mediante arrastre en grúa se lo llevaron, sin dejarme ninguna constancia escrita de su proceder ni especificar a qué lugar lo depositarían, ya que solo me remitieron a la las Agencias del Ministerio Público de Apatzingán, sin especificarme a qué lugar o ante qué autoridad. Actualmente desconozco sí se inicio una carpeta de investigación respecto de mi vehículo, lo único que sé, es que mi vehículo se encuentra depositado en el Corralón de las "Grúas Ríos" de la ciudad de Apatzingán, Michoacán. 2.- Hasta al día de hoy que presento mi demanda de amparo desconozco cuál es la situación jurídica que prevalece sobre mi vehículo, así también desconozco que autoridad es la que ordeno la retención o que autoridad ha ratificado la retención de mi vehículo, también desconozco la existencia de alguna denuncia así como los motivos del reporte de robo que me dijeron los elementos de la policía Michoacán, ya que mi vehículo descrito anteriormente, lo adquirí de una manera legal y sin ningún problema, además mi vehículo no tiene relación alguna con algún ilícito en el Estado de Michoacán, ni en ningún otro Estado de la República." Lo que pone de manifiesto, que el promovente tuvo conocimiento del acto reclamado y los datos relacionados con el mismo, desde el doce de agosto del año en curso, de lo que se concluye que a la fecha de presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad (diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho), como se desprende del sello correspondiente, ya habían transcurrido en exceso los quince días en los que pudo hacer valer el derecho que ahora pretende ejercitar, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lapso que ha de computarse a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que ahora combate, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, como lo ilustra el siguiente recuadro: Quejoso Fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado Inicio computo Conclusión termino Días inhábiles Carlos Martín Mota Cisneros 12-08-2018 13-08-2018 31-08-2018 18, 19, 25 y 26 de agosto de 2018. Motivo por el cual, deviene improcedente el juicio de amparo por la causal que se analiza, al haber transcurrido el término que concede el artículo 17 de la Ley de Amparo, para combatir los actos reclamados señalados, máxime que los mismos no se encuentran en ninguna de las hipótesis de salvedad del referido artículo 17 de la ley reglamentaria en cita. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 216152 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XI, Junio de 1993 Pag. 235 Tesis Aislada (Común) ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. En tales condiciones, al quedar evidenciada la existencia de la causa de improcedencia mencionada, procede desechar la demanda de amparo promovida por Carlos Martín Mota Cisneros, por su propio derecho, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV y 17, ambos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, la calle Paseo de la Cima esquina con Jazmín, local número uno, colonia Lomas del Valle, en esta ciudad; y como autorizados en amplios términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a José Alfredo Zavala Pérez y Ángel Custodio Virrueta García, toda vez que en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada (Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
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