Carlos Martín Becerra Martínez

Expediente 836/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
836/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Carlos Martín Becerra Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio telegráfico remitido por el Director de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual solicita que una vez que se resuelva el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de once de octubre de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo en este juicio, se le remita copia certificada de la resolución de dicho recurso y se ordene la devolución de los autos originales del recurso de revisión 43/2019-44 de su índice. Atento a lo anterior, una vez que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, resuelva el recurso de queja 370/2019 de su índice, acuérdese lo conducente respecto de la remisión al Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, de la copia certificada de la resolución que se emita en dicho recurso así como de los autos originales del recurso de revisión 43/2019-44.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que le fueron enviados los autos originales del juicio de amparo 836/2019, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. Asimismo, informa que dicho Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ********************, por conducto de su autorizado********************, contra el auto de once de octubre de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    Agréguese copia del escrito de cuenta signado electrónicamente por ****, autorizado del quejoso ***** en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de once de octubre de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo promovida contra los actos que reclamó al Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja en comento. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para que el citado órgano colegiado acuerde lo que en derecho corresponda, debiéndose anexar el original del escrito de agravios correspondiente, así como una copia de éste destinada al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal de Alzada. Asimismo, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, manifestando a la Superioridad que es cierto el acto que impugna el autorizado de la parte quejosa toda vez que este órgano jurisdiccional el once de octubre de dos mil diecinueve dictó el acuerdo que desechó la demanda de amparo promovida, en virtud de que se actualizó de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, respecto al acto que en esta vía se reclama. También, deberá acompañarse al citado informe copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, en el que obra el acuerdo impugnado, el cual fue notificado vía electrónica personalmente al autorizado de la parte quejosa el quince de octubre del año en curso. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias necesarias del juicio de amparo en que se actúa, a fin de que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto.

  4. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, once de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de cuenta signado por****, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención dictada en auto de veintisiete de septiembre del año en curso; en consecuencia, se tiene por desahogada la prevención inmersa en autos. En ese tenor de ideas, téngase a la parte quejosa desahogando cabalmente la prevención inmersa en autos. Sentado lo anterior, se estima oportuno atender lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto legal previamente invocado, señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Luego entonces, en el caso concreto, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ya que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que en su orden, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Es importante puntualizar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, la legislación en comento no precisaba qué debía entenderse por "ejecución de imposible reparación", de ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. De este modo, se precisó que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, tal como se advierte de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número P. LVII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, registro 180415, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Empero, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se estableció lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se pone de manifiesto que actualmente el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior a la que aludía la tesis aislada P.LVII/2004 antes mencionada. Asimismo, en torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; sin embargo, según se evidenció, el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia ya mencionada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Al efecto, la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia por contradicción número 24/92, publicada en la página 164 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, interpretó y precisó el alcance de la disposición contenida en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior, mismos que en la Ley de Amparo vigente se encuentra en el 107 fracción V, de la ley de la materia, y señaló que son actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales. La tesis de jurisprudencia que se cita es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales, pues los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Bajo ese contexto, a fin de determinar lo anterior y tener una mayor claridad en la exposición, resulta conveniente traer al contexto los antecedentes del acto reclamado, siendo estos los siguientes: El aquí quejoso promovió juicio agrario contra diversas autoridades pertenecientes al Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, el cual fue del conocimiento del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en Chetumal, bajo el expediente ****. Seguido el juicio, el magistrado del mencionado tribunal unitario dictó sentencia de trece de agosto de dos mil dieciocho, en la que sustancialmente determinó que el actor acreditó los elementos de su acción de nulidad y condenó a la autoridad demandada a realizar la cancelación de los certificados parcelarios ****, y entregara a la parte actora los títulos de propiedad de las parcelas****del ejido ****. Inconforme con dicha sentencia el Registro Agrario Nacional y su Delegación en el Estado de Quintana Roo, por conducto de su representante legal, interpuso recurso de revisión, el cual fue del conocimiento del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, bajo el expediente ****. Por resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve, dicha sala revocó la sentencia de primera instancia y ordenó reponer el procedimiento. La anterior resolución constituye el acto reclamado en esta vía. Por tanto, en el caso particular se tiene que la parte quejosa reclama la sentencia pronunciada el siete de mayo de dos mil diecinueve, por el Tribunal Superior Agrario, con sede en la ciudad de México, en el recurso de revisión ***, en la cual se revocó la diversa dictada por el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 44, con sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en el juicio agrario ****, por la vía de nulidad de resoluciones dictadas por las autoridades agrarias, que alteren, modifiquen o extingan un derecho, o determinen la existencia de una obligación, y ordenó reponer el procedimiento; en esa medida, lo indispensable en el particular es determinar si existe un perjuicio jurídico de imposible reparación, esto es, una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, para lo cual deben tenerse en cuenta los efectos ordenados en la resolución respectiva. A lo anterior, por las razones que se contienen, resulta aplicable la jurisprudencia P./J 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. Entonces, de acuerdo a la jurisprudencia transcrita, en cada caso debe analizarse si las consecuencias de la insubsistencia de la resolución agraria de primera instancia y de la reposición del procedimiento son o no de imposible reparación, para lo cual debe determinarse si existe ejecución irreparable ponderando si se está frente a la violación de derechos sustantivos o procesales; por lo tanto, para advertir tales aspectos, resulta indispensable efectuar un análisis de las constancias remitidas por la responsable y traer a colación los efectos de la insubsistencia de la resolución y la reposición del procedimiento ordenado, los cuales fueron, en síntesis, los siguientes: (...) SEGUNDO. Al advertirse la violación procesal en que incurrió el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, y al ser en parte fundados los argumentos de agravio materia de análisis, lo procedente es revocar la sentencia de trece de agosto de dos mil dieciocho, y ordenar la reposición del juicio agrario **** al Tribunal A quo con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, para los efectos siguientes: Regularice el juicio agrario y fije en la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria la litis acorde a las prestaciones demandadas por la parte actora, así como las excepciones y defensas hechas valer por la parte demandada, en términos de los razonamientos y fundamentos de derecho expuestos en la parte considerativa de la presente sentencia. Con fundamento en los artículos 186 y 187 de dicha norma, llame a juicio a la Delegación de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo, para que manifieste lo conducente en el ámbito de sus atribuciones, acorde a lo provisto en el artículo 28 de la Ley Agraria respecto de la celebración de la asamblea de cinco de octubre de dos mil catorce, en la que se aprobó el dominio pleno en el Ejido ****, entre otras, de las parcelas de número ****, correspondientes al actor ****. Ordene, con fundamento en los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, requiera a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, copia certificada del oficio número SGPA/DGGFS/712/0376/17 de fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, en el que se basó el Registrador Integral de la Dirección General de Registro y Control Documental, para motivar el sentido de la calificación negativa de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, se llame a juicio a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ser la autoridad en materia ambiental competente que emitió la opinión técnica de gabinete contenida en el oficio SGPA/DGGFS/712/0376/17, de ocho de febrero de dos mil diecisiete, para que manifieste lo conducente en el ámbito de sus atribuciones. Ordene, de ser el supuesto, con fundamento en los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, considerado la opinión técnica de gabinete contenida en el oficio SGPA/DGGFS/712/0376/17, de ocho de febrero de dos mil diecisiete, la realización de la visita de campo en las parcelas de número ****, en el Ejido ****, para efecto de determinar si en dicha superficie existe manglar (selva), misma que deberá ser realizada por la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ser la autoridad en materia ambiental competente para ello. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, requiera a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente a partir del cual se emitió la calificación positiva al acta de Asamblea celebrada en el Ejido ****, el cinco de octubre de dos mil catorce. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, se allegue de todos los elementos de prueba que estime necesarios para el conocimiento de la verdad, para consecuentemente, emitir una nueva sentencia en la que, de manera fundada y motivada, resuelva de forma congruente e integral la litis planteada en el juicio agrario, con base en el artículo 189 de la Ley Agraria, sin dejar de observar los plazos y términos legales previstos en el Titulo Décimo de la Ley Agraria, con apego en los principios de celeridad, concentración, amigable composición y publicidad que rigen el juicio agrario, así como los principios de acceso a la impartición de justicia completa, consagrados a favor de los gobernados." Como se advierte, las consecuencias de la insubsistencia de la resolución reclamada y de la reposición, fueron para efectos de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad, realizara, en síntesis, lo que se expone a continuación: Regularice el juicio agrario y fije en la audiencia la litis acorde a las prestaciones demandadas, así como las excepciones y defensas hechas valer. Requiera a la Delegación de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo, para que manifieste lo conducente, respecto de la celebración de la asamblea de cinco de octubre de dos mil catorce, en la que se aprobó el dominio pleno en el Ejido ****", entre otras, de las parcelas de número ****. Requiera a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, copia certificada del oficio SGPA/DGGFS/712/0376/17. Llame a juicio a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que manifieste lo conducente respecto a la opinión técnica de gabinete que emitió contenida en el oficio SGPA/DGGFS/712/0376/17. Ordene la visita de campo en las parcelas de número ****en el Ejido ****, para efecto de determinar si en dicha superficie existe manglar (selva) acorde a la opinión técnica de gabinete contenida en el oficio SGPA/DGGF/712/0376/17, de ocho de febrero de dos mil diecisiete. Requiera a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente a partir del cual se emitió la calificación positiva, esto es, el cinco de octubre de dos mil catorce y, por último;. Se allegue de todos los elementos de prueba que estimara necesarios para el conocimiento de la verdad, y consecuentemente, dicte una nueva sentencia en la que de manera fundada y motivada, resolviendo congruentemente la litis planteada. Por lo que, una vez expuesto lo anterior, se tiene que la resolución de segunda instancia dejó insubsistente la sentencia dictada en el juicio natural, para efecto de que 1) Se regularice el juicio agrario; 2) Se requiera a la Delegación de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo, manifieste lo conducente, respecto de la Asamblea celebrada en el Ejido **** el cinco de octubre de dos mil catorce, en la que se aprobó el dominio pleno de las parcelas del quejoso; 3) Requiera a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, copia certificada del oficio SGPA/DGGFS/712/0376/17; 4) Se llame a juicio a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que manifieste lo conducente respecto a la opinión técnica de gabinete que emitió contenida en el oficio SGPA/DGGFS/712/0376/17; 5) Se realice una visita de campo en las parcelas de la parte quejosa; 6) Se requieran las copias certificadas de la totalidad de las constancias del expediente a partir del cual se emitió la calificación positiva al acta de la Asamblea celebrada en el Ejido ****, el cinco de octubre de dos mil catorce y, 6) El Tribunal primigenio se allegue de todos los elementos de prueba que estime necesarios para el conocimiento de la verdad, para consecuentemente, emitir una nueva sentencia. Luego entonces, se advierte que de los efectos expuestos con antelación, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento agrario seguido en forma de juicio. Es decir, no se puede considerar que por el hecho de que en la sentencia de segundo grado se ordenara la reposición del procedimiento del juicio natural, se afecten de manera directa derechos sustantivos de la promovente, en la medida que la citada reposición del procedimiento de manera alguna implica que la nueva sentencia que en su oportunidad se dicte en el juicio de origen vaya a ser contraria a los intereses de la ahora parte quejosa, ya que con los efectos plasmados en la reposición que determinó el Tribunal Superior responsable, se dejó plena jurisdicción al Tribunal primigenio para que una vez subsanada la irregularidad encontrada y seguido el juicio por sus trámites legales, emita una nueva sentencia en la que resuelva lo que en derecho proceda; de ahí que se considere que el fallo correspondiente pudiera ser incluso más favorable a los intereses de la impetrante del amparo; y de ser así, la infracción que reclama desaparecería sin transgredir su esfera jurídica; por otra parte, de resultar contraria a sus intereses, estaría en aptitud de plantear la cuestión que ahora controvierte como violación procesal, al promover el juicio de amparo directo en contra del nuevo fallo por dictarse. Sin que obste a lo anterior, que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas, implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello, por sí mismo, implique violación al principio de justicia pronta, pues aquélla no tendría como efecto dar por terminado el juicio, sino que éste deberá seguir su curso ante la autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparadas las violaciones procesales que ameritó la reposición del procedimiento, lo cual no implica la existencia propia de las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación, de nueva cuenta, de una parte del procedimiento judicial, pues en el caso, el retraso en la solución del asunto no es un elemento que determine la irreparabilidad del acto reclamado. Se toma en consideración la tesis IV.2o.C.55 K, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Común, Página: 2677, Registro: 167805, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, de la que derivó la jurisprudencia publicada en la página 5 del Tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2004, cuyo rubro es: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", determinó que para analizar si una violación acaecida en el curso del procedimiento es o no de imposible reparación, el juzgador debe proceder de la siguiente manera: a) Discernir si el acto reclamado afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República; b) Que en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, debe valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, puesto que de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante, sería improcedente el amparo indirecto, debiendo el gobernado esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo; c) Que por regla general, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio (que la identifica como de imposible reparación), cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio; d) Precisar que la afectación que produzca el acto intraprocesal reclamado, a fin de que amerite su impugnación en amparo indirecto, debía ser en grado extraordinario o sobresaliente; e) Que la anterior precisión era necesaria, toda vez que las tesis que sobre el tema sustenta el más Alto Tribunal del país, se fundaban de manera explícita o implícita en el artículo 17 de la Constitución Federal; y, f) Pero que no obstante lo anterior, era igualmente cierto que no todas las violaciones procesales que puedan encontrar fundamento en el señalado artículo 17 constitucional, a través de las normas adjetivas secundarias o derivadas podían, jurídicamente, ser impugnadas en amparo indirecto, pues ello haría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. En el mismo sentido y siguiendo los lineamientos fijados en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, la Segunda Sala del referido Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 38/2007-PL, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: "... el retardo en la impartición de justicia ... por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta.". Establecido lo anterior, la resolución de segunda instancia que revoca el auto mediante el cual el Juez de primer grado cita a las partes para oír sentencia, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona el quejoso." Consecuentemente, al configurarse la aludida causa de improcedencia, prevista en el en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo; resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por ****. No pasa inadvertida, la jurisprudencia de rubro "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", de cuyo contenido se advierte que una sentencia que repone un procedimiento de primera instancia no solo tiene efectos meramente procesales o adjetivos, pues en algunos casos la reposición sí puede afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo, lo que implicaría un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, por lo cual no sería dable el desechamiento inmediato de la demanda de amparo, pues necesariamente se requiere un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. Sin embargo, en el presente asunto no se colma ese supuesto, toda vez que la demanda fue presentada como amparo directo, por lo que en el caso se cuenta con todas las constancias que integran el procedimiento tanto de segunda instancia, motivo por el cual este Juzgador al hacer un análisis completo para determinar la improcedencia del presente asunto, se advirtió de manera clara y fehaciente la causal de improcedencia antes señalada. fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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