Carlos Martín Bastidas Yepez
Expediente 235/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 235/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Carlos Martín Bastidas Yepez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Visto lo de cuenta, toda vez que en esta fecha se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente de suspensión, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se provee: a) El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración.- b) Este asunto no se considera de relevancia documental.- c) Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el original de dicho incidente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- d) El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión de la resolución interlocutoria, previa acta correspondiente.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presente autos, se observa que transcurrió el plazo de diez días para recurrir el auto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.-Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido., relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se provee lo siguiente:-a) Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído.-b) Este asunto no se considera de relevancia documental.- c) Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- En relación con lo anterior, acuérdese lo relativo en los autos del incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.-Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el tomo de pruebas que obra en autos, toda vez que resulta innecesario su resguardo en este Juzgado.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS EL PROVEÍDODE 30 DE ABRIL DE 2019, QUE EN SÍNTESIS DICE: "......Agréguese el oficio signado por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, residente en esta ciudad; mediante el cual exhibe la documental que le fue solicitada en auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Téngase ofrecida y desahogada en razón de su especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la Materia, sin perjuicio de hacer relación de ella con posteridad. Ahora bien, del oficio de cuenta y de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se aprecia que en auto de cuatro de abril de la presente anualidad se tuvo a la parte actora en el juicio de origen desistida de la ejecución de todas y cada una de las prestaciones a las que fue condenado el quejoso Carlos Martín Bastidas Yépez, en sentencia de seis de diciembre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio ejecutivo mercantil M 6/2017, por lo que se ordenó levantar el embargo trabado el tres de julio de dos mil diecisiete sobre el bien inmueble ubicado en calle Margarita 231, fraccionamiento Campestre de las Flores en esta ciudad, y se dejó a disposición de la actora el documento base de la acción. Asimismo, en el presente auto se agrega documental de la que se advierte la cancelación en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, del embargo de tres de julio de dos mil diecisiete sobre el inmueble ubicado en calle Margarita 231, fraccionamiento Campestre de las Flores de esta ciudad. Atento a lo anterior, en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió ha dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación; implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues la razón que justifica esta determinación no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos; así entonces, dicha improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como ocurre en la especie. En el presente juicio, el quejoso Carlos Martín Bastidas Yépez se ostenta como tercero extraño por equiparación, y reclama el emplazamiento por edictos que se le realizó dentro del juicio ejecutivo mercantil M-6/2017 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad; así como sus consecuencias legales, es decir, la adjudicación y desposesión del bien inmueble ubicado en calle Margarita 231, fraccionamiento Campestre de las Flores en esta ciudad. Sin embargo, en las constancias enviadas por la juez responsable se advierte que la actora Brenda Liliana Borja Chávez desistió de la ejecución de todas y cada una de las prestaciones a las que fue condenado el aquí quejoso en el juicio de origen; por tanto, se ordenó levantar el embargo trabado sobre el inmueble que en esta instancia defiende. Lo que da lugar a considerar que los actos reclamados dentro del juicio ejecutivo mercantil M-6/2017 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, que en esta vía de amparo se reclaman, han cesado en sus efectos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 10/2003, localizable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las nueve horas del cuatro de junio de dos mil diecinueve..."
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, residente en esta ciudad; mediante el cual exhibe la documental que le fue solicitada en auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Téngase ofrecida y desahogada en razón de su especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la Materia, sin perjuicio de hacer relación de ella con posteridad. Ahora bien, del oficio de cuenta y de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se aprecia que en auto de cuatro de abril de la presente anualidad se tuvo a la parte actora en el juicio de origen desistida de la ejecución de todas y cada una de las prestaciones a las que fue condenado el quejoso Carlos Martín Bastidas Yépez, en sentencia de seis de diciembre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio ejecutivo mercantil M 6/2017, por lo que se ordenó levantar el embargo trabado el tres de julio de dos mil diecisiete sobre el bien inmueble ubicado en calle Margarita 231, fraccionamiento Campestre de las Flores en esta ciudad, y se dejó a disposición de la actora el documento base de la acción. Asimismo, en el presente auto se agrega documental de la que se advierte la cancelación en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, del embargo de tres de julio de dos mil diecisiete sobre el inmueble ubicado en calle Margarita 231, fraccionamiento Campestre de las Flores de esta ciudad. Atento a lo anterior, en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió ha dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación; implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues la razón que justifica esta determinación no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos; así entonces, dicha improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como ocurre en la especie. En el presente juicio, el quejoso Carlos Martín Bastidas Yépez se ostenta como tercero extraño por equiparación, y reclama el emplazamiento por edictos que se le realizó dentro del juicio ejecutivo mercantil M-6/2017 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad; así como sus consecuencias legales, es decir, la adjudicación y desposesión del bien inmueble ubicado en calle Margarita 231, fraccionamiento Campestre de las Flores en esta ciudad. Sin embargo, en las constancias enviadas por la juez responsable se advierte que la actora Brenda Liliana Borja Chávez desistió de la ejecución de todas y cada una de las prestaciones a las que fue condenado el aquí quejoso en el juicio de origen; por tanto, se ordenó levantar el embargo trabado sobre el inmueble que en esta instancia defiende. Lo que da lugar a considerar que los actos reclamados dentro del juicio ejecutivo mercantil M-6/2017 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, que en esta vía de amparo se reclaman, han cesado en sus efectos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 10/2003, localizable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las nueve horas del cuatro de junio de dos mil diecinueve.
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