Carlos Mario Zenteno Velasco

Expediente 524/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
524/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2021

Partes del expediente

  • Carlos Mario Zenteno Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el contenido de la certificación que antecede, se desprende que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto de nueve de julio de dos mil veintiuno que desechó la demanda amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 80 y 97, fracción I de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. Destrucción o depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que dispone el artículo 21, fracción d) del invocado Acuerdo, en razón de que con el desechamiento de la demanda amparo, se dio por concluido el juicio sin haber decidido el mismo en lo principal. IV. Incidente de suspensión Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. Registros correspondientes Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. VI. Documentos para devolver a las partes Toda vez que no existen documentos para devolver a las partes, se deja de proveer al respecto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de julio de dos mil veintiuno. Visto; el escrito signado por +++, por medio del cual hace diversas manifestaciones en relación con la prevención formulada en auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el escrito de cuenta, para que obre como corresponda. II. DESECHAMIENTO. Del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio deriva que contra el acto reclamado, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos, se observa que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: Que exista un motivo de improcedencia y Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVI, julio de 2002, página 448, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". En efecto, de la demanda de amparo se obtiene que el quejoso Carlos Mario Zenteno Velasco, es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 173/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas. Asimismo, que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 173/2019 por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas, en el que ordena al impetrante de amparo la entrega del bien mueble consistente en el vehículo automotor MARCA NISSAN NP300 TIPO: CHASIS CAB T/M D.H., MODELO: 2009, COLOR: BLANCO, CON NÚMERO DE SERIE: 3N6DD25T29K045948, NUMERO DE MOTOR: KA24432877A. En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Al respecto conviene precisar que el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada, consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los recursos ordinarios o medios de defensa previos que regula la ley del acto reclamado. Ahora, del contenido de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el juicio de origen se encuentra en etapa de trámite, pues el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que se concluyó la etapa probatoria y que se encuentra pendiente de dictarse sentencia, además de que la suerte principal asciende a la cantidad de cincuenta y cinco mil pesos moneda nacional ($55,000.00 M.N.), por concepto de suerte principal; por ello, debe decirse que, en este asunto se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo, por encontrarse en el supuesto que prevé el artículo 1334 del Código de Comercio, debió hacer valer en contra de la determinación reclamada, el recurso de revocación, de acuerdo a las siguientes consideraciones: Es así, porque en relación al requerimiento realizado al impetrante de amparo de la entrega del bien mueble consistente en el vehículo automotor MARCA NISSAN NP300 TIPO: CHASIS CAB T/M D.H., MODELO: 2009, COLOR: BLANCO, CON NÚMERO DE SERIE: 3N6DD25T29K045948, NUMERO DE MOTOR: KA24432877A, mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 173/2019 por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas, el Código de Comercio en su artículo 1340, establece lo siguiente: "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 (seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339". De donde se advierte la improcedencia del recurso de apelación cuando un asunto, por su monto se ventile en los Juzgados de Paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 moneda nacional ($662,957.06 M.N.), por concepto de suerte principal. No obstante lo anterior, el artículo 1334 del Código de Comercio señala que los autos y decretos que no se encuentren en el supuesto de ser impugnados a través del recurso de apelación, por exclusión serán revocables, medio de defensa previsto en los numerales 1334 y 1335 del cuerpo normativo invocado, los cuales disponen: "ARTÍCULO 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". "ARTÍCULO 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso". Así las cosas, conforme al cuadro normativo señalado, se aprecia que los autos que causen un gravamen irreparable a las partes en un procedimiento mercantil, sólo podrán ser impugnados a través del recurso de apelación, pero dicha regla tiene una condición imperativa que prevé el numeral 1340 del Código de Comercio, la cual consiste en que la apelación no procederá cuando la cuantía del negocio sea inferior a seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 moneda nacional ($662,957.06 M.N.), por concepto de suerte principal, suma que cada año se actualizará acorde al contenido del artículo 1339 de la legislación mercantil en cita. Establecido lo anterior, se reitera, que el acto reclamado en esta vía consiste en el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 173/2019 por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas, en el que ordena al impetrante de amparo la entrega del bien mueble consistente en el vehículo automotor MARCA NISSAN NP300 TIPO: CHASIS CAB T/M D.H., MODELO: 2009, COLOR: BLANCO, CON NÚMERO DE SERIE: 3N6DD25T29K045948, NUMERO DE MOTOR: KA24432877A. Asimismo, que la suerte principal reclamada en dicho juicio natural asciende a la cantidad de cincuenta y cinco mil pesos moneda nacional ($55,000.00 M.N.), por concepto de suerte principal. En tales consideraciones, es evidente que la suerte principal del referido juicio de origen no excede de la suma de seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 moneda nacional ($662,957.06 M.N.), por concepto de suerte principal; por tanto, se determina que contra el referido auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 173/2019 por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas, procede el recurso de revocación que prevén los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, medio de defensa que debió agotar el quejoso previamente a comparecer a la instancia constitucional pues determinar lo contrario, sería omitir la orden imperativa del artículo 1334 mencionado. En consecuencia, como de la demanda de amparo se obtiene que el aquí quejoso es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 173/2019; resulta claro, que entonces, estaba en facultad de interponer el recurso de revocación de que se trata, y por ende, al no haberlo hecho así, es obvio que no observó el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el multicitado auto reclamado no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra el mismo procede el medio de impugnación mencionado, por virtud del cual puede ser revocado dicho acto. Consecuentemente, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida contra el el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 173/2019 por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas, en el que ordena al impetrante de amparo la entrega del bien mueble consistente en el vehículo automotor MARCA NISSAN NP300 TIPO: CHASIS CAB T/M D.H., MODELO: 2009, COLOR: BLANCO, CON NÚMERO DE SERIE: 3N6DD25T29K045948, NUMERO DE MOTOR: KA24432877A, al actualizarse de manera notoria una causa de improcedencia. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 157, registro electrónico 163734, que dispone: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". También la tesis jurisprudencial 70/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro 1, tomo I, diciembre de 2013, página 401, registro electrónico 2005047, de contenido siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". No pasa inadvertido para este juzgado de distrito, que la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en el presente asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en el presente caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el promovente figura como parte demandada dentro del juicio de origen. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ilustra a lo anterior la tesis aislada 2a.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XII, julio de 2000, página 156 del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Tampoco pasa desapercibido para este juzgador, que el acto reclamado pudiera ocasionarle algún perjuicio de difícil reparación al quejoso; pues, con independencia de ello, para que proceda el amparo, previamente debe interponerse el medio ordinario de defensa. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, materia común, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, registro electrónico 2017117, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Por consiguiente, y al ser esta una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Carlos Mario Zenteno Velasco. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano