Carlos Mario Sánchez Osorio

Expediente 775/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
775/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • Jesús Manuel López Madrigal
  • Carlos Mario Sánchez Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO MESA 7 Villahermosa, Tabasco, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación y cuenta que antecede, se advierte que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que: 1. Por sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Carlos Mario Sánchez Osorio, Jesús Manuel López Madrigal y Cristian Manuel Méndez de la Cruz, para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente la audiencia de formulación de imputación de quince de agosto de dos mil veinte; y como consecuencia el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de agosto de dos mil veinte, contra los aquí quejosos. 2. Cite de inmediato a las partes a otra audiencia de formulación de imputación, en la que el órgano acusador subsane los vicios formales a que se ha hecho referencia en esta sentencia. 3. Hecho lo anterior, dentro del término legal resuelva con plenitud de jurisdicción la situación jurídica de los quejosos Carlos Mario Sánchez Osorio, Jesús Manuel López Madrigal y Cristian Manuel Méndez de la Cruz. En el entendido de que, al momento de efectuarse la indicada audiencia, el juez responsable deberá tomar en cuenta los requisitos para formular imputación previstos en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. [.]" Sin que con la reposición ordenada se permita al Fiscal del Ministerio Público modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, ello en observancia a los principios de "non reformatio in peius" y de igualdad entre las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Decimoctavo Circuito, consultable en la página 1571 del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III, Materia Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE SE CONCEDE, POR CONSIDERAR QUE CON LA LECTURA DE LAS CONSTANCIAS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL FORMULAR LA IMPUTACIÓN, SE INFRINGE EL PRINCIPIO DE ORALIDAD. Si un órgano de justicia federal, al resolver un juicio de amparo indirecto, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y con libertad de jurisdicción, considera que se infringe el principio de oralidad cuando el Ministerio Público expone los antecedentes del caso con la lectura de las constancias de la carpeta de investigación, al formular la imputación, debe otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el auto de vinculación a proceso y se reponga el procedimiento hasta la audiencia de imputación a fin de que el órgano acusador subsane tal irregularidad; sin que con la reposición ordenada se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, ello en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. Conviene acotar que en caso de que sea designado un juez de control distinto a quien celebró la audiencia que se deja sin efecto, deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado, establecido en la jurisprudencia P./J.16/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 252, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación." 2. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días hábiles. 3. Mediante oficio 16884 recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el doce de abril de dos mil veintiuno, Lenin Alpuche Gerónimo, Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 621/2020, de su índice, en el que señaló las doce horas del doce de abril de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia de formulación de la imputación y citó a cada una de las partes con los apercibimientos y formalidades de ley. 4. Luego por oficio 13629, recepcionado en la Oficialía de partes de este juzgado el trece de abril del presente año, Ramón Adolfo Brown Ruiz, Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, informó que el doce de abril de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados Carlos Mario Sánchez Osorio, Jesús Manuel López Madrigal y Cristian Manuel Méndez de la Cruz, por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo con violencia en pandilla, en agravio de la empresa denominada Salud y Sabor, sociedad anónima de capital variable, quedando subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y remitió disco versátil digital certificado que contiene dicha audiencia. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, en proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, se dio vista y corrió traslado a las partes con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniere, sin que se hayan pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificadas para ello. En las relatadas condiciones, la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto porque el Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, por acuerdo de ocho de abril del año actual, señaló las doce horas del doce de abril de dos mil veintiuno, para la audiencia de formulación de imputación en la causa penal 621/2020. Así, estando las partes reunidas en audiencia de doce de abril de dos mil veintiuno, el Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, dejó insubsistente la audiencia de formulación de imputación de quince de agosto de dos mil veinte; y como consecuencia el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de agosto de dos mil veinte, contra los aquí quejosos. Luego, la fiscal adscrita realizó la imputación verbalizando los hechos y datos contenidos en la carpeta de investigación, sin modificar hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación; por lo que observó el principio de oralidad, lo que se corrobora con el disco versátil digital (DVD) que contiene las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso de veintiuno del mes y año en curso; con los cuales pretende dar cumplimiento al fallo protector. Y, con fundamento en los artículos 313, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra de Carlos Mario Sánchez Osorio, Jesús Manuel López Madrigal y Cristian Manuel Méndez de la Cruz, por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo con violencia y en pandilla, en agravio de la empresa denominada Salud y Sabor, sociedad anónima de capital variable, previsto y sancionado por el artículo 175, fracción IV, relación con los numerales 179, fracción V, 180 y 71 del Código Penal del Estado de Tabasco. Además, en dicha audiencia, a petición de la Fiscal del Ministerio Público, dejó subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a los referidos quejosos, prevista en el artículo 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimiento Penales. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA 7 Villahermosa, Tabasco, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación y cuenta que antecede, se advierte que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que: 1. Por sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Carlos Mario Sánchez Osorio, Jesús Manuel López Madrigal y Cristian Manuel Méndez de la Cruz, para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente la audiencia de formulación de imputación de quince de agosto de dos mil veinte; y como consecuencia el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de agosto de dos mil veinte, contra los aquí quejosos. 2. Cite de inmediato a las partes a otra audiencia de formulación de imputación, en la que el órgano acusador subsane los vicios formales a que se ha hecho referencia en esta sentencia. 3. Hecho lo anterior, dentro del término legal resuelva con plenitud de jurisdicción la situación jurídica de los quejosos Carlos Mario Sánchez Osorio, Jesús Manuel López Madrigal y Cristian Manuel Méndez de la Cruz. En el entendido de que, al momento de efectuarse la indicada audiencia, el juez responsable deberá tomar en cuenta los requisitos para formular imputación previstos en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. [.]" Sin que con la reposición ordenada se permita al Fiscal del Ministerio Público modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, ello en observancia a los principios de "non reformatio in peius" y de igualdad entre las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Decimoctavo Circuito, consultable en la página 1571 del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III, Materia Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE SE CONCEDE, POR CONSIDERAR QUE CON LA LECTURA DE LAS CONSTANCIAS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL FORMULAR LA IMPUTACIÓN, SE INFRINGE EL PRINCIPIO DE ORALIDAD. Si un órgano de justicia federal, al resolver un juicio de amparo indirecto, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y con libertad de jurisdicción, considera que se infringe el principio de oralidad cuando el Ministerio Público expone los antecedentes del caso con la lectura de las constancias de la carpeta de investigación, al formular la imputación, debe otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el auto de vinculación a proceso y se reponga el procedimiento hasta la audiencia de imputación a fin de que el órgano acusador subsane tal irregularidad; sin que con la reposición ordenada se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, ello en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. Conviene acotar que en caso de que sea designado un juez de control distinto a quien celebró la audiencia que se deja sin efecto, deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado, establecido en la jurisprudencia P./J.16/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 252, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación." 2. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días hábiles. 3. Mediante oficio 16884 recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el doce de abril de dos mil veintiuno, Lenin Alpuche Gerónimo, Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 621/2020, de su índice, en el que señaló las doce horas del doce de abril de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia de formulación de la imputación y citó a cada una de las partes con los apercibimientos y formalidades de ley. 4. Luego por oficio 13629, recepcionado en la Oficialía de partes de este juzgado el trece de abril del presente año, Ramón Adolfo Brown Ruiz, Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, informó que el doce de abril de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados Carlos Mario Sánchez Osorio, Jesús Manuel López Madrigal y Cristian Manuel Méndez de la Cruz, por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo con violencia en pandilla, en agravio de la empresa denominada Salud y Sabor, sociedad anónima de capital variable, quedando subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y remitió disco versátil digital certificado que contiene dicha audiencia. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, en proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, se dio vista y corrió traslado a las partes con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniere, sin que se hayan pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificadas para ello. En las relatadas condiciones, la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto porque el Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, por acuerdo de ocho de abril del año actual, señaló las doce horas del doce de abril de dos mil veintiuno, para la audiencia de formulación de imputación en la causa penal 621/2020. Así, estando las partes reunidas en audiencia de doce de abril de dos mil veintiuno, el Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, dejó insubsistente la audiencia de formulación de imputación de quince de agosto de dos mil veinte; y como consecuencia el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de agosto de dos mil veinte, contra los aquí quejosos. Luego, la fiscal adscrita realizó la imputación verbalizando los hechos y datos contenidos en la carpeta de investigación, sin modificar hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación; por lo que observó el principio de oralidad, lo que se corrobora con el disco versátil digital (DVD) que contiene las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso de veintiuno del mes y año en curso; con los cuales pretende dar cumplimiento al fallo protector. Y, con fundamento en los artículos 313, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra de Carlos Mario Sánchez Osorio, Jesús Manuel López Madrigal y Cristian Manuel Méndez de la Cruz, por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo con violencia y en pandilla, en agravio de la empresa denominada Salud y Sabor, sociedad anónima de capital variable, previsto y sancionado por el artículo 175, fracción IV, relación con los numerales 179, fracción V, 180 y 71 del Código Penal del Estado de Tabasco. Además, en dicha audiencia, a petición de la Fiscal del Ministerio Público, dejó subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a los referidos quejosos, prevista en el artículo 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimiento Penales. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA Villahermosa, Tabasco, catorce de abril de dos mil veintiuno. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que en audiencia pública celebrada el doce de abril de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Cristian Manuel Méndez de la Cruz, Carlos Mario Sánchez Osorio y Jesús Manuel López Madrigal, en la causa penal 621/2020 de su índice y anexa disco versátil digital que corrobora su dicho. Por tanto, resguárdese el disco compacto que anexó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, en la mesa de proyectos correspondiente de este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el daño de éste por el manejo del expediente, quedando a disposición de las partes para su consulta. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con la citada constancia, por el término de tres días para que manifiesten lo que a sus derechos convengan y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. MESA Villahermosa, Tabasco, catorce de abril de dos mil veintiuno. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que en audiencia pública celebrada el doce de abril de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Cristian Manuel Méndez de la Cruz, Carlos Mario Sánchez Osorio y Jesús Manuel López Madrigal, en la causa penal 621/2020 de su índice y anexa disco versátil digital que corrobora su dicho. Por tanto, resguárdese el disco compacto que anexó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, en la mesa de proyectos correspondiente de este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el daño de éste por el manejo del expediente, quedando a disposición de las partes para su consulta. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con la citada constancia, por el término de tres días para que manifiesten lo que a sus derechos convengan y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa Notifíquese personalmente.

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