Carlos Mario Royes Ramiréz

Expediente 368/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
368/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • Carlos Mario Royes Ramiréz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Carlos Mario Royes Ramírez, interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, transcurrió del veintisiete de junio al ocho de julio de dos mil veintidós, con exclusión de los días dos y tres de julio del año en curso, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, que sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE (SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN) En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a) y 24 del referido Acuerdo General. Por consiguiente efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los autos el oficio 110/20 06 2022/1606, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado, en virtud de que en fecha quince de junio del año en curso, remitió los autos originales del expediente laboral a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, con motivo de la competencia declinada a esta última, y al efecto remite copia certificada de diversas constancias del expediente laboral 448/2019 JE52 JFCA. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable, las copias certificadas que remitió con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós, Carlos Mario Royes Ramírez, promovió demanda de amparo contra la omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Ciudad del Carmen, Campeche, de resolver el incidente de incompetencia planteado por la parte actora; sin embargo, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el acto del que se duele es la omisión en dar cumplimiento a lo ordenado en audiencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, consistente en remitir los autos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, con motivo de la competencia declinada a esta última. Ahora bien, la autoridad responsable mediante oficio 110/20 06 2022/1606, remitió copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 448/2019, entre ellas, el oficio 110/13 06-2022/1599, de fecha trece de junio de dos mil veintidós, dirigido a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, de cuyo contenido se observa que en cumplimiento al acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se remitieron los autos originales del expediente 448/2019, para que se sirviera conocer del conflicto laboral; comunicado recibido por su destinatario el quince de junio del año en curso. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haberse dado cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno en el expediente laboral 448/2019, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, pues con el oficio 110/13 06-2022/1599, de fecha trece de junio de dos mil veintidós, dirigido a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, se dio cumplimiento a lo acordado el doce de noviembre de dos mil veintiuno en el juicio laboral, al remitirse los autos a la autoridad que conocerá del asunto con motivo de la competencia declinada a su favor. Sin que pase inadvertido que de la consulta en la página web oficial: http://www.periodicooficial.campeche.gob.mx/sipoec/public/, que corresponde a la página del periódico oficial del Estado de Campeche, se obtiene que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se abrogó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete y entró en vigor el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, en el que se estableció en el artículo Sexto Transitorio, que las referencias hechas a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, se entenderán hechas a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, y será la autoridad jurisdiccional competente para continuar con el trámite de los asuntos laborales asignados y desahogar en auxilio de otras autoridades laborales los exhortos que le sean requeridos. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con treinta minutos del doce de julio de dos mil veintidós (fojas 19 a 22). Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y al tercero interesado; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, Y A LA PARTE TERCERA INTERESADA: INNOVACIONES METÁLICAS Y TECNOLÓGICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, TODA VEZ QUE NI LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA FEDERACIÓN NI NINGÚN APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA TERCERA INTERESADA, ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LOS CITATORIOS ENTREGADOS EL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 368/2022, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los autos el oficio 110/20 06 2022/1606, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado, en virtud de que en fecha quince de junio del año en curso, remitió los autos originales del expediente laboral a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, con motivo de la competencia declinada a esta última, y al efecto remite copia certificada de diversas constancias del expediente laboral 448/2019 JE52 JFCA. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable, las copias certificadas que remitió con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós, Carlos Mario Royes Ramírez, promovió demanda de amparo contra la omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Ciudad del Carmen, Campeche, de resolver el incidente de incompetencia planteado por la parte actora; sin embargo, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el acto del que se duele es la omisión en dar cumplimiento a lo ordenado en audiencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, consistente en remitir los autos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, con motivo de la competencia declinada a esta última. Ahora bien, la autoridad responsable mediante oficio 110/20 06 2022/1606, remitió copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 448/2019, entre ellas, el oficio 110/13 06-2022/1599, de fecha trece de junio de dos mil veintidós, dirigido a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, de cuyo contenido se observa que en cumplimiento al acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se remitieron los autos originales del expediente 448/2019, para que se sirviera conocer del conflicto laboral; comunicado recibido por su destinatario el quince de junio del año en curso. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haberse dado cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno en el expediente laboral 448/2019, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, pues con el oficio 110/13 06-2022/1599, de fecha trece de junio de dos mil veintidós, dirigido a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, se dio cumplimiento a lo acordado el doce de noviembre de dos mil veintiuno en el juicio laboral, al remitirse los autos a la autoridad que conocerá del asunto con motivo de la competencia declinada a su favor. Sin que pase inadvertido que de la consulta en la página web oficial: http://www.periodicooficial.campeche.gob.mx/sipoec/public/, que corresponde a la página del periódico oficial del Estado de Campeche, se obtiene que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se abrogó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete y entró en vigor el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, en el que se estableció en el artículo Sexto Transitorio, que las referencias hechas a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, se entenderán hechas a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, y será la autoridad jurisdiccional competente para continuar con el trámite de los asuntos laborales asignados y desahogar en auxilio de otras autoridades laborales los exhortos que le sean requeridos. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con treinta minutos del doce de julio de dos mil veintidós (fojas 19 a 22). Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y al tercero interesado; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, nueve de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Mario Reyes Ramírez, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente 368/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por Carlos Mario Reyes Ramírez, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. En el entendido que el acto reclamado es la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, de dictar resolución sobre el incidente de incompetencia, promovido por la demandada en el juicio laboral 448/2019, en los tiempos que establece la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, la autoridad responsable deberá informar expresamente si es cierto o no el acto reclamado que de manera específica le atribuye el quejoso, en su caso, hacer las aclaraciones o precisiones que considere pertinente, pues el silencio sobre algún punto del acto reclamado, equivale a una omisión, lo que dará lugar, salvo prueba en contrario, a presumir cierto el acto reclamado de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceros interesados a Innovaciones Metálicas y Tecnológicas, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en la calle Caminero 6, sin número, entre calle Miguel Hidalgo y calle José María Pino Suarez, colonia Francisco I. Madero, Ciudad del Carmen. Por la tanto, con fundamento en el artículo 116, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda, emplácese a juicio al mencionado tercero interesado. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las que ofrece en su escrito inicial de demanda, consistentes en: 1. La copia simple de audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitida dentro del juicio laboral 448/2019. 2. La copia simple del acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 448/2019. 3. La instrumental de actuaciones. 4. La presuncional legal y humana. Documentales se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y se tengan recibidas en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Asimismo, en cuando a la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, toda vez que la primera se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente, mientras que la presuncional legal se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la presuncional humana se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle Caracol, número 121, colonia Justo Sierra Méndez, en esta ciudad. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con los autorizados, el correo electrónico integrales@outlok.com. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza con los nombres de usuario "ABGOADOS010914" consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese los nombres de usuarios "ABGOADOS010914", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita el quejoso, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, Mercy Ossana Luna Guzmán, José Daniel Napoles Flores, Erika Berenice Díaz Pérez, Amy Valaria Mas Mas, Perla Rubí Hernández Francisco y Mario Rosado Coffin. Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y al tercero interesado; por lista a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.

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