Carlos Mario Osorno Prieto

Expediente 236/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
236/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Carlos Mario Osorno Prieto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    La resolución constitucional dictada ha causado ejecutoria, archívese el expediente como asunto concluido, se considera al mismo susceptible de destrucción

  2. Incidental

    Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, mediante el cual se le tiene informando que el incidentista **, no ha comparecido ni se ha puesto a disposición de ese juzgado, para la continuidad del procedimiento de ejecución dentro de la carpeta 2598/2019. Ahora bien, de la certificación de cuenta se desprende que ha fenecido el término de cinco días hábiles concedidos al incidentista **, para efecto de que exhibiera como medida de aseguramiento la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), con la finalidad de asegurar que acuda al procedimiento de ejecución 2598/2019, del índice del Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León, mismo que se originó para ejecutar la sentencia definitiva condenatoria ejecutoriada, emitida el ocho de agosto de dos mil diecinueve, por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, dentro de la carpeta judicial **, en la cual se le consideró responsable en la comisión del ilícito de equiparable al robo, previsto y sancionado por el artículo 365 Bis, fracción III del Código Penal para el Estado de Nuevo León, imponiéndole una pena de tres años cuatro meses de prisión y multa de sesenta y seis cuotas, equivalentes a $5,319.60 (cinco mil trescientos diecinueve pesos 60/100 moneda nacional). Así las cosas, tomando en consideración que al conceder a la incidentista la suspensión definitiva, ésta quedó condicionada a las siguientes obligaciones: 1.- Que el incidentista debía comparecer ante la autoridad responsable dentro del término de cinco días a efecto de no impedir la continuación del procedimiento penal seguido en su contra dentro de la carpeta de ejecución **, del índice del Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, para lo cual debería allegar constancia ante esta autoridad que lo acredite, dentro de los tres días siguientes a su presentación con la autoridad jurisdiccional en cita, con el apercibimiento que de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida. Y en los mismos términos, se le ordenó que debe presentarse ante el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, cuantas veces sea requerido, a efecto de que no evada la acción de la justicia y no impedir la continuación del procedimiento. 2.- Que el incidentista exhibiera dentro del plazo de cinco días hábiles como medida de aseguramiento la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), con la finalidad de asegurar que acuda a las diligencias necesarias dentro de la carpeta de ejecución **, del índice de los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, y los posibles daños y perjuicios que se originen en perjuicio de la persona moral tercera interesada ** con motivo de la suspensión concedida; con el apercibimiento que de no hacerlo, dejaría de surtir efectos la suspensión concedida en la resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno. En consecuencia, toda vez que el incidentista **, no cumplió con los requisitos de efectividad impuestos en la resolución incidental de catorce de mayo de dos mil veintiuno, es decir, no compareció ante el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado y no exhibió la garantía que se le impuso con motivo de la carpeta judicial **, del índice de los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, como se desprende de la certificación Secretarial de cuenta; con fundamento en los artículos 136 y 166, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se deja sin efectos la suspensión definitiva que se le concedió. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable por la cual se concedió la medida suspensional, esto es, Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado; en el entendido, que como lo dispone la última parte del segundo párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo, el impetrante está en posibilidad de exhibir la garantía y de cumplir con las medidas de aseguramiento impuestas, por lo que una vez acontecido lo anterior, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional decretada en catorce de mayo del año en curso.

  3. Incidental

    Se notifica por medio de lista el auto de tres de junio de dos mil veintiuno a la parte tercero interesado, por no acudir al órgano jurisdiccional a notificarse personalmente, mediante el cual se deja sin efectos la suspensión definitiva que se le concedió al incientista.

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos del presente juicio de garantías, el oficio y anexo que remite la responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado; mediante el cual rinde su informe con justificación; en tal virtud, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo en vigor, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga; con el mismo, dése cuenta en la audiencia constitucional. Ahora, con fundamento en el artículo 119 de la propia ley, se tienen por recibidas las pruebas documentales allegadas por la autoridad oficiante, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza, mismas que se ordena relacionar en la audiencia de ley. Por otro lado, una vez analizadas las constancias que conforman el anexo allegado por la responsable, se advierte la copia certificada de la diligencia de aceptación de cargo de defensor del aquí quejosos **, realizada el dentro de los autos del proceso penal **, del índice del juzgado oficiante; por tanto, se desprende que el promovente ** es el defensor particular del quejoso de mérito, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, del contenido de las constancias se infiere que a la licenciada **, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Ejecución Penal No. 6, le surge el carácter de tercero interesado oficial; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5 fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado oficial a la autoridad antes mencionada, quien se encuentra ubicada en su recinto oficial; por lo que se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en dicho inmueble y la emplace a juicio, corriéndole traslado con copia de demanda, auto admisorio y del presente proveído. Ahora, para un mejor manejo del expediente, con las constancias remitidas como justificación por la autoridad oficiante, se determina formar un anexo; el cual deberá conservar el sello, folio y rúbrica que ostenta; en la inteligencia de que el mismo consta de ciento cinco (105) fojas útiles y una certificación; lo anterior, considerando además, que de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, dicha documentación posteriormente deberá desglosarse del expediente; por lo que, ningún caso práctico tendría agregarla a los presentes autos, si ulteriormente tendrá que desintegrarse de los mismos. Finalmente, del informe justificado se colige la participación del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado; en consecuencia, dése vista al peticionario de amparo para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo señalarlo como autoridad responsable, apercibido que de no hacer manifestación, se seguirá el trámite del juicio, respecto de la autoridad mencionada en la demanda. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la Jurisprudencia 112/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, de diciembre de 2003, Novena Época, Materia Común, Página 93, de texto y rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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