Carlos Mario Ortiz Álvarez

Expediente 39/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 26 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
39/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Carlos Mario Ortiz Álvarez y Otros.
  • Carlos Mario Ortiz Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    CUMPLASE

  2. Principal

    CERTIFICACIÓN

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR. LA SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto, por la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de control constitucional; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2º y 86, de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA DICHA SENTENCIA. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible. SE DEVUELVE UN DISCO A SU LUGAR DE ORIGEN. Finalmente y toda vez que es innecesaria la permanencia del disco que el Juez en Etapa de Control del Juzgado de Procesos y Procedimiento Penal Oral de Coatzacoalcos, Veracruz, adjuntara a su informe justificado, se ordena devolver el mismo a su lugar de origen.

  4. Principal

    SENTENCIA. Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 39/2021-III, promovido por Carlos Mario Ortiz Álvarez, en contra de los actos que reclamó del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México y de otras autoridades. ANTECEDENTES. PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Dicho escrito fue recibido el veintidós de enero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del juicio. El mismo día, se turnó a este juzgado; se formó el expediente 39/2021-III; se admitió a trámite; se decretó la suspensión de plano del acto reclamado; se designó un defensor al quejoso; se requirió a las responsables su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se tuvo al quejoso ampliando su demanda, respecto de una nueva autoridad y aclarando la denominación de otra; y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo como consta en el acta que antecede. CONSIDERACIONES JURÍDICAS. PRIMERA. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013. Lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tuvieron ejecución material dentro del ámbito territorial que comprende su jurisdicción. SEGUNDA. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son los siguientes: La orden y ejecución de traslado del quejoso, del Centro de Reinserción Social Zona Sur "Duport Ostión", en Coatzacoalcos Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste", en Huimanguillo, Tabasco. La orden y ejecución de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste", en Huimanguillo, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato; Las autoridades responsables son: Comisionado de Prevención y Readaptación Social. Coordinador General de Centros Federales. Ambas, con residencia en la Ciudad de México. Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado. Juez en Etapa de Control del Juzgado de Procesos y Procedimiento Penal Oral. Juzgado de Procesos y Procedimiento Penal Oral, con sede en Coatzacoalcos Veracruz Los anteriores con sede en Coatzacoalcos, Veracruz. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", sito en Ocampo. TERCERA. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado de la autoridad señalada en el punto 2, porque así lo manifestó en su informe justificado y el quejoso no ofreció ninguna prueba a fin de desvirtuarlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de esta autoridad. CUARTA. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en los puntos 1, 3 y 4, ya que así lo reconocieron en su informe justificado. Idéntico razonamiento debe hacerse sobre el acto reclamado del Juzgado señalado en el punto 5, porque dicha autoridad fue omisa en rendir el informe justificado que con toda oportunidad se le requirió, como se advierte de la certificación del comprobante de entrega del oficio 42117, mediante el cual se reenvió el diverso 41563; por ende, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse su certeza Lo mismo debe concluirse respecto de la enunciada en el punto 6, no obstante que negó su existencia, porque de autos se advierte su intervención en la ejecución del acto que se le atribuyó. Lo que se corrobora con las constancias que enviaron para sostener la constitucionalidad de su actuación; las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. QUINTA. Improcedencia del juicio respecto del acto reclamado identificado con la letra "a". Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. Ello es así, porque mediante resolución administrativa de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el Director General de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Veracruz, ordenó el traslado del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste", en Huimanguillo, Tabasco. Lo que se notificó al juez a cuya disposición se encontraba el impetrante, el quince de noviembre siguiente, mediante oficio SSP-DGPRS/DJ/17416/2019, a fin de que calificara la legalidad del traslado. Luego, mediante resolución de diecisiete del mismo mes y año, la Juez en Etapa de Control del Juzgado de Procesos y Procedimiento Penal Oral convalidó este traslado. Lo que revela que esta última determinación es la que incide en la ejecución de la orden emitida por la autoridad penitenciaria. Ahora bien, el Pleno del Máximo Tribunal, en la jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.), número de registro 2001982, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL"; sostuvo que con la entrada en vigor de las reformas de los artículos 18 y 21 de la Constitución (el diecinueve de junio de dos mil once), se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias (dentro de lo cual se debe comprender al traslado de internos), sino a las autoridades judiciales y en particular a los jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, a quienes les corresponderá asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se puedan producir en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria, por lo que es evidente que en adelante se debe considerar que las determinaciones relativas al traslado de los sentenciados, en tanto corresponden a un aspecto relativo a la modificación de las penas, son de la competencia exclusiva de las autoridades judiciales y, por la materia en la que inciden, son del conocimiento de los juzgadores especializados en la materia penal, al considerarse que constituyen una etapa más del procedimiento penal. De lo anterior se desprende que las determinaciones que se emitan a partir de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho y que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, relativas al traslado de los sentenciados, son competencia exclusiva de la autoridad judicial en materia penal, dado que al Poder Ejecutivo únicamente le corresponde la administración de las prisiones. En esta tesitura, si en un primer momento las autoridades penitenciarias realizaron el traslado del quejoso y, en segundo lugar, lo hicieron del conocimiento de la autoridad judicial, quien en cumplimiento al mandato constitucional de pronunciarse sobre la autorización o no de ese movimiento, lo calificó de legal; ello revela que respecto de los primeros actos (orden de traslado y ejecución), sobrevino la causa de improcedencia en estudio, pues lo que ahora rige la situación del quejoso en relación con el lugar de su internamiento, es la determinación emitida por el Juez mencionado. Es aplicable al respecto, la siguiente tesis: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. [Época: Décima Época; Registro: 2015278; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV; Materia(s): Común, Penal; Tesis: I.9o.P.167 P (10a.); Página: 2507] En consecuencia, se impone sobreseer en el juicio de amparo en torno a dicho acto, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia. SEXTA Improcedencia del juicio respecto del acto reclamado identificado con la letra "b". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que el quejoso no agotó el principio de definitividad. Es así, porque del numeral 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. En efecto, el último párrafo del citado artículo prevé que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario (como es el caso), no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa que la ley referida contempla. Por ende, si el quejoso reclamó su traslado del centro de reclusión en donde se encontraba a uno diverso, es claro que previo a promover el juicio de amparo debió interponer la controversia judicial a que se refiere el artículo 117 de la legislación en comento, pues a través de la misma podía lograr su modificación, revocación o anulación. Sin que en la especie se actualice alguna de las excepciones para observar el principio de definitividad, porque la orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se emite dentro de procedimiento y existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida; además de que la misma es susceptible de ser suspendida en términos de los artículos 122 y 124, de la ley en cita, que no exige mayores requisitos y se tramita en los mismos plazos que los que establece la Ley de Amparo; y mucho menos se trata de un acto carente de fundamentación, porque se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Apoya lo anterior, la tesis 1a. XXIV/2021 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Undécima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2023190, del rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.". Por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio en cuanto a ese acto. Por lo expuesto, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Mario Ortiz Álvarez, en contra de los actos y autoridades precisados en la segunda consideración jurídica de esta sentencia. Notifíquese y personalmente al quejoso a través de su defensor de oficio. Así lo resolvió y firma Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante la secretaria Fernanda Goretti Ávila González, que autoriza. Gisela Escalante Enseguida y en la misma fecha se giraron los oficios 42484 a 42491. Relación de constancias y pruebas. En términos del primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, el juez declara abierta la primera etapa de la audiencia constitucional, en la que la secretaria hace relación de las constancias y da cuenta con las siguientes pruebas: 1. Del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México: 1.1. Las documentales que adjuntó a su informe justificado, así como al oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el treinta de abril del año en curso. 2. Del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz. 2.1 Las documentales que acompañó a su informe de Ley. 3. Del Juez en Etapa de Control del Juzgado de Procesos y Procedimiento Penal Oral en Coatzacoalcos, Veracruz. 3.1 Las documentales que agregó al informe recibido en la oficialía de partes de este juzgado, el cuatro de marzo del año en curso, 4. Del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato": 4.1. Las documentales que acompañó al informe justificado que rindió. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las pruebas con las que dio cuenta la secretaria y, en virtud de que no existen otras por desahogar, se cierra el periodo correspondiente. Etapa de alegatos. Conforme al primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, el juez declara abierta la etapa de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que precede, el juez acuerda: toda vez que no existen alegatos formulados por las partes, se declara cerrado el periodo correspondiente. Sentencia. Relacionadas las constancias y recibidas las pruebas y sin alegatos, se dicta la siguiente:

Quedan 22 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 11,099 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano