Carlos Mario Olan Lopez

Expediente 1634/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 28 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1634/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Carlos Mario Olan Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Carlos Mario Olán López, garantizó la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo. En consecuencia, toda vez que por acuerdo de catorce de febrero del año en curso, causó estado la sentencia dictada el veinticinco de enero de dos mil veintidós, se determina devolver a la parte quejosa el billete de depósito N 920843, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, el cual ampara la cantidad de dos mil quinientos pesos Moneda Nacional ($2,500.00), por el término de dos años, contado a partir del día siguiente a aquel al que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida que de no comparecer ante esta autoridad a que se le haga devolución en el término referido, se hará efectiva la garantía a favor del Erario Federal en términos de los artículos 48 y 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Lo anterior se determina así, pues el billete de depósito en comento fue exhibido por la parte quejosa para garantizar las obligaciones impuestas por este órgano jurisdiccional con motivo de la suspensión provisional concedida el trece de diciembre de dos mil veintiuno, contra la orden de aprehensión, detención y/o presentación librada en su contra, por tratarse de un acto que afecta la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal; no así para garantizar el probable daño o perjuicio que con la concesión de dicha medida cautelar se le pudiera ocasionar a un tercero interesado, en caso de que aquél no obtuviera sentencia favorable en el presente asunto, de conformidad con el diverso 132 del citado ordenamiento legal. De ahí que, la devolución a la parte quejosa de la fianza o el billete de depósito, no debe condicionarse al transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, toda vez que este precepto no resulta aplicable al caso que nos ocupa, porque éste refiere al incidente de daños y perjuicios que puede promover el tercero interesado en cuanto a la exigibilidad de la garantía y al quejoso respecto de la contragarantía otorgada con motivo de la suspensión concedida en términos de los artículos 128 y 132 de la Ley de la Materia y no de conformidad con los preceptos citados en el párrafo que precede. Apoya lo anterior, la tesis VIII.2o.16 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 398, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA OTORGADA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. IMPROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN, AUNQUE EL QUEJOSO DESISTA DEL JUICIO DE AMPARO. Tratándose de la suspensión concedida en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado afecta la libertad personal, la solicitud del quejoso para que se le devuelva la fianza o el billete de depósito, no debe condicionarse al transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 129 de la invocada ley, toda vez que este precepto no resulta aplicable porque se refiere al incidente de daños y perjuicios que pueden promover los terceros perjudicados en cuanto a la exigibilidad de la garantía, y a los quejosos respecto de las contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión concedida en términos de los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el solo desistimiento del amparo no hace procedente la devolución de la garantía otorgada, hasta que demuestre el quejoso que cumplió con las condiciones fijadas por el Juez de Distrito, de quedar a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, toda vez que, desde el momento en que se dictó la medida suspensional, ésta surtió sus efectos de paralizar el acto reclamado, pues de no estimarlo así, se propiciaría que los peticionarios de garantías obtuvieran la suspensión indefinidamente en diversos juicios de amparo con la consecuente evasión o retardo del juicio penal." Asimismo, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 1194, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOLICITAR GARANTÍA POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO PROVENIENTE DE DELITO. El artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales, en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado; de donde se desprende que entre esas facultades no está la de garantizar el pago de la reparación del daño proveniente de delito, sino solamente la devolución a la responsable, cuando no obtenga sentencia favorable." Por lo anterior, se informa a la parte quejosa que, a fin de que pueda acudir a este órgano jurisdiccional a recoger el billete de marras, deberá gestionar la cita correspondiente. En efecto, acorde al numeral 3 del Acuerdo General 21/2020, en el Portal de Servicios en Línea, micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citas. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Finalmente, el Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso y dará derecho a que un máximo de dos personas acceda al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos.

  2. Incidental

    Villahermosa, Tabasco, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Carlos Mario Olán López, garantizó la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo. En consecuencia, toda vez que por acuerdo de catorce de febrero del año en curso, causó estado la sentencia dictada el veinticinco de enero de dos mil veintidós, se determina devolver a la parte quejosa el billete de depósito N 920843, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, el cual ampara la cantidad de dos mil quinientos pesos Moneda Nacional ($2,500.00), por el término de dos años, contado a partir del día siguiente a aquel al que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida que de no comparecer ante esta autoridad a que se le haga devolución en el término referido, se hará efectiva la garantía a favor del Erario Federal en términos de los artículos 48 y 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Lo anterior se determina así, pues el billete de depósito en comento fue exhibido por la parte quejosa para garantizar las obligaciones impuestas por este órgano jurisdiccional con motivo de la suspensión provisional concedida el trece de diciembre de dos mil veintiuno, contra la orden de aprehensión, detención y/o presentación librada en su contra, por tratarse de un acto que afecta la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal; no así para garantizar el probable daño o perjuicio que con la concesión de dicha medida cautelar se le pudiera ocasionar a un tercero interesado, en caso de que aquél no obtuviera sentencia favorable en el presente asunto, de conformidad con el diverso 132 del citado ordenamiento legal. De ahí que, la devolución a la parte quejosa de la fianza o el billete de depósito, no debe condicionarse al transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, toda vez que este precepto no resulta aplicable al caso que nos ocupa, porque éste refiere al incidente de daños y perjuicios que puede promover el tercero interesado en cuanto a la exigibilidad de la garantía y al quejoso respecto de la contragarantía otorgada con motivo de la suspensión concedida en términos de los artículos 128 y 132 de la Ley de la Materia y no de conformidad con los preceptos citados en el párrafo que precede. Apoya lo anterior, la tesis VIII.2o.16 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 398, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA OTORGADA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. IMPROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN, AUNQUE EL QUEJOSO DESISTA DEL JUICIO DE AMPARO. Tratándose de la suspensión concedida en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado afecta la libertad personal, la solicitud del quejoso para que se le devuelva la fianza o el billete de depósito, no debe condicionarse al transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 129 de la invocada ley, toda vez que este precepto no resulta aplicable porque se refiere al incidente de daños y perjuicios que pueden promover los terceros perjudicados en cuanto a la exigibilidad de la garantía, y a los quejosos respecto de las contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión concedida en términos de los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el solo desistimiento del amparo no hace procedente la devolución de la garantía otorgada, hasta que demuestre el quejoso que cumplió con las condiciones fijadas por el Juez de Distrito, de quedar a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, toda vez que, desde el momento en que se dictó la medida suspensional, ésta surtió sus efectos de paralizar el acto reclamado, pues de no estimarlo así, se propiciaría que los peticionarios de garantías obtuvieran la suspensión indefinidamente en diversos juicios de amparo con la consecuente evasión o retardo del juicio penal." Asimismo, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 1194, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOLICITAR GARANTÍA POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO PROVENIENTE DE DELITO. El artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales, en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado; de donde se desprende que entre esas facultades no está la de garantizar el pago de la reparación del daño proveniente de delito, sino solamente la devolución a la responsable, cuando no obtenga sentencia favorable." Por lo anterior, se informa a la parte quejosa que, a fin de que pueda acudir a este órgano jurisdiccional a recoger el billete de marras, deberá gestionar la cita correspondiente. En efecto, acorde al numeral 3 del Acuerdo General 21/2020, en el Portal de Servicios en Línea, micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citas. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Finalmente, el Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso y dará derecho a que un máximo de dos personas acceda al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos.

  3. Principal

    por lo que procedo a efectuar la notificación del acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós a juicio por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado, así como publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Fedaración a las nueve horas del veintiocho de febrero de de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción I inciso c) de la Ley de Amparo. Doy fe. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Carlos Mario Olán López, garantizó la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo. En consecuencia, toda vez que por acuerdo de catorce de febrero del año en curso, causó estado la sentencia dictada el veinticinco de enero de dos mil veintidós, se determina devolver a la parte quejosa el billete de depósito N 920843, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, el cual ampara la cantidad de dos mil quinientos pesos Moneda Nacional ($2,500.00), por el término de dos años, contado a partir del día siguiente a aquel al que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida que de no comparecer ante esta autoridad a que se le haga devolución en el término referido, se hará efectiva la garantía a favor del Erario Federal en términos de los artículos 48 y 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Lo anterior se determina así, pues el billete de depósito en comento fue exhibido por la parte quejosa para garantizar las obligaciones impuestas por este órgano jurisdiccional con motivo de la suspensión provisional concedida el trece de diciembre de dos mil veintiuno, contra la orden de aprehensión, detención y/o presentación librada en su contra, por tratarse de un acto que afecta la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal; no así para garantizar el probable daño o perjuicio que con la concesión de dicha medida cautelar se le pudiera ocasionar a un tercero interesado, en caso de que aquél no obtuviera sentencia favorable en el presente asunto, de conformidad con el diverso 132 del citado ordenamiento legal. De ahí que, la devolución a la parte quejosa de la fianza o el billete de depósito, no debe condicionarse al transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, toda vez que este precepto no resulta aplicable al caso que nos ocupa, porque éste refiere al incidente de daños y perjuicios que puede promover el tercero interesado en cuanto a la exigibilidad de la garantía y al quejoso respecto de la contragarantía otorgada con motivo de la suspensión concedida en términos de los artículos 128 y 132 de la Ley de la Materia y no de conformidad con los preceptos citados en el párrafo que precede. Apoya lo anterior, la tesis VIII.2o.16 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 398, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA OTORGADA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. IMPROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN, AUNQUE EL QUEJOSO DESISTA DEL JUICIO DE AMPARO. Tratándose de la suspensión concedida en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado afecta la libertad personal, la solicitud del quejoso para que se le devuelva la fianza o el billete de depósito, no debe condicionarse al transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 129 de la invocada ley, toda vez que este precepto no resulta aplicable porque se refiere al incidente de daños y perjuicios que pueden promover los terceros perjudicados en cuanto a la exigibilidad de la garantía, y a los quejosos respecto de las contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión concedida en términos de los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el solo desistimiento del amparo no hace procedente la devolución de la garantía otorgada, hasta que demuestre el quejoso que cumplió con las condiciones fijadas por el Juez de Distrito, de quedar a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, toda vez que, desde el momento en que se dictó la medida suspensional, ésta surtió sus efectos de paralizar el acto reclamado, pues de no estimarlo así, se propiciaría que los peticionarios de garantías obtuvieran la suspensión indefinidamente en diversos juicios de amparo con la consecuente evasión o retardo del juicio penal." Asimismo, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 1194, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOLICITAR GARANTÍA POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO PROVENIENTE DE DELITO. El artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales, en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado; de donde se desprende que entre esas facultades no está la de garantizar el pago de la reparación del daño proveniente de delito, sino solamente la devolución a la responsable, cuando no obtenga sentencia favorable." Por lo anterior, se informa a la parte quejosa que, a fin de que pueda acudir a este órgano jurisdiccional a recoger el billete de marras, deberá gestionar la cita correspondiente. En efecto, acorde al numeral 3 del Acuerdo General 21/2020, en el Portal de Servicios en Línea, micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citas. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Finalmente, el Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso y dará derecho a que un máximo de dos personas acceda al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos.

  4. Principal

    CAUSA ESTADO SENTENCIA QUE SOBRESEYÓ JUICIO

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