Carlos mario Morales Salinas
Expediente 1377/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1377/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2018
Partes del expediente
- Carlos mario Morales Salinas
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Carlos Mario Morales Salinas, apoderado legal del Ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante el cual solicita la devolución del instrumento notarial número cuatrocientos ochenta y cinco, volumen cuatro. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución al citado quejoso de la documental que refiere en su escrito de cuenta.
- Principal
1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
...3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de las autoridades y acto siguiente: Autoridades Responsables: como ordenadora la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, y ejecutora el actuario adscrito a esa Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Acto Reclamado: En el caso a estudio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, así como el acuerdo de la Sala Burocrática que lo ordenó, llevados a cabo por la responsable ejecutora. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente. Bajo ésa óptica jurídica, así como de los antecedentes descritos en la demanda de amparo, permiten establecer que el acto reclamado que ha quedado precisado, se emitió en etapa de ejecución de laudo; en ese orden de ideas, resulta claro que la diligencia de embargo efectuada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en la cual requirieron el pago de las diversas prestaciones a las que fue condenada la demandada en el juicio laboral 1273/A/2008 instaurada en contra del Ayuntamiento Municipal de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, no constituye la última resolución en ejecución del laudo. En efecto, acorde con el artículo 107, fracción IV, de la citada ley reglamentaria, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia, en este caso, laudo emitido en un juicio laboral, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida por última resolución: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. En la misma demanda se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. El espíritu de dicho ordenamiento es evitar el entorpecimiento continuo de la ejecución de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos y laborales, a efecto de que no se realicen abusos del juicio de amparo, puesto que el acatamiento de las sentencias es una cuestión de orden público ya que la sociedad se encuentra interesada en su ejecución; y porque la admisión del juicio de amparo permitirá que la ejecución de una sentencia, donde las partes ya fueron oídas y vencidas, que constituye la verdad legal y es cosa juzgada, se verá obstaculizada de manera indeterminable, lo cual necesariamente implica un fraude a la ley. En congruencia con lo anterior, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Por tanto, la diligencia de requerimiento de pago y embargo efectuada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en contra del Ayuntamiento Municipal de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, ordenado dentro del expediente laboral 1273/A/2008, promovido por ... no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, sino que, tal determinación se trata de una decisión de la sala responsable emitida en etapa de cumplimiento al laudo condenatorio, que en modo alguno constituye la última resolución en la ejecución del laudo. Apoya lo antes considerado, la Jurisprudencia 32/2001. 3.1 Argumento Jurídico que apoya la decisión. El anterior criterio jurídico fue sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 70/2015, mediante ejecutoria de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis...
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.-...3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de las autoridades y acto siguiente: Autoridades Responsables: como ordenadora la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, y ejecutora el actuario adscrito a esa Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Acto Reclamado: En el caso a estudio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, así como el acuerdo de la Sala Burocrática que lo ordenó, llevados a cabo por la responsable ejecutora. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente. Bajo ésa óptica jurídica, así como de los antecedentes descritos en la demanda de amparo, permiten establecer que el acto reclamado que ha quedado precisado, se emitió en etapa de ejecución de laudo; en ese orden de ideas, resulta claro que la diligencia de embargo efectuada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en la cual requirieron el pago de las diversas prestaciones a las que fue condenada la demandada en el juicio laboral 1273/A/2008 instaurada en contra del Ayuntamiento Municipal de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, no constituye la última resolución en ejecución del laudo. En efecto, acorde con el artículo 107, fracción IV, de la citada ley reglamentaria, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia, en este caso, laudo emitido en un juicio laboral, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida por última resolución: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. En la misma demanda se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. El espíritu de dicho ordenamiento es evitar el entorpecimiento continuo de la ejecución de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos y laborales, a efecto de que no se realicen abusos del juicio de amparo, puesto que el acatamiento de las sentencias es una cuestión de orden público ya que la sociedad se encuentra interesada en su ejecución; y porque la admisión del juicio de amparo permitirá que la ejecución de una sentencia, donde las partes ya fueron oídas y vencidas, que constituye la verdad legal y es cosa juzgada, se verá obstaculizada de manera indeterminable, lo cual necesariamente implica un fraude a la ley. En congruencia con lo anterior, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Por tanto, la diligencia de requerimiento de pago y embargo efectuada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en contra del Ayuntamiento Municipal de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, ordenado dentro del expediente laboral 1273/A/2008, promovido por ... no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, sino que, tal determinación se trata de una decisión de la sala responsable emitida en etapa de cumplimiento al laudo condenatorio, que en modo alguno constituye la última resolución en la ejecución del laudo. Apoya lo antes considerado, la Jurisprudencia 32/2001. 3.1 Argumento Jurídico que apoya la decisión. El anterior criterio jurídico fue sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 70/2015, mediante ejecutoria de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis...
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 5,103 expedientes
- Carlos Mario Morales Salinas53/2017
- Carlos Mario Morales Salinas2411/2016
- Carlos Mario Morales Salinas1222/2017
- Carlos Mario Morales Salinas2439/2016
- Carlos Mario Morales Salinas2445/2016
- Carlos Mario Morales Salinas267/2017
- Carlos Mario Moreno Alemán1841/2016
- Carlos Mario Sánchez Salazar1620/2016
- Carlos Martínez Madrigal826/2017
- Carlos Pedro Bolom Pérez1079/2016
- Carlos Peña Velázquez377/2019
- Carlos Ramón Rincón Gordillo1932/2016