Carlos Mario Moguel Que
Expediente 787/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Mario Moguel Que
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Carlos Mario Moguel Que, hubiese recurrido el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó desechar de plano por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 21, fracción b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, tal y como lo dispone el capítulo décimo, articulo 27 del referido Acuerdo General. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días contados a partir de la notificación del presente acuerdo comparezca ante este Juzgado a recoger los discos compactos que exhibió, apercibida que de no hacerlo, se enviaran junto con el expediente al centro de referencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Agraria. Integración del expediente. Fórmese el expediente 787/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Carlo Mario Moguel Que, ya que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Antecedentes relevantes. De las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad en la demanda y de las documentales electrónicas en disco compacto que acompañan a la misma, se advierten los siguientes: 1. *, ostentó el puesto de Director General de Administración en la Procuraduría Agraria. 2. El once de marzo del presente año, por conducto de *, esposa del quejoso, se le notifico mediante instructivo dos oficios, el primero *de nueve de marzo del año en curso y el segundo, *de cuatro del mes y año descritos, este último firmado por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Agraria, así como un disco compacto con las constancias que integran el expediente administrativo número *. 3. Del contenido del oficio *, se advierte un acuerdo de seis de marzo del año en curso, emitido dentro del expediente administrativo R*, donde el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Agraria, admitió el informe de presunta responsabilidad administrativa en contra del quejoso, por presuntas faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones, cuando fungía como Director General de Administración en la Procuraduría Agraria. 4. En contra de auto de admisión antes señalado, la parte quejosa promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Precisión del acto reclamado. Carlo Mario Moguel Que, pretende que a través del presente juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre el acto siguiente: La emisión del acuerdo de seis de marzo del año en curso, emitido dentro del expediente administrativo R*, donde el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Agraría, admitió el informe de presunta responsabilidad administrativa en contra del quejoso, por presuntas faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones, cuando fungía como Director General de Administración en la Procuraduría Agraria. En este punto es importante aclarar que en este juicio de amparo no se reclama una resolución definitiva, sino una actuación de una autoridad administrativa a efecto de llevar a cabo un procedimiento establecido por la ley respectiva, sino, como ya se dijo, pretende que se ejerza control de constitucionalidad sobre la emisión del acuerdo de admisión mencionado. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe:.. En relación con el diverso artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados fueron emitidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no son de imposible reparación. En dicho precepto se prevé:... Razones de la improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo, se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. Así las cosas, en el caso concreto, no se surte a cabalidad el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados fueron emitidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no son de imposible reparación, toda vez que no afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. En efecto, en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del propio artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente para controvertir los actos impugnados, ya que éstos no constituyen actos de imposible reparación en la medida en que no afectan derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte, sino que, en su caso, sólo afectan derechos procesales y, en consecuencia, la violación alegada, en caso de trascender al resultado del fondo, debe hacerla valer cuando impugne la resolución definitiva de dicho procedimiento. En efecto, con la Ley de Amparo vigente, la concepción jurídica de los actos dentro de juicio de imposible reparación ha cambiado, pues la afectación en grado predominante o superior ha dejado de ser un criterio que sirva para determinar a aquéllos. En la Ley de Amparo abrogada, no se definía a los actos de imposible reparación, razón por la cual fue en la jurisprudencia en donde se definieron; sin embargo, en la Ley de Amparo vigente sí se definen a dichos actos. Así, al hacer lo que antes no había hecho -definir los actos de imposible reparación- el propio legislador excluyó la posibilidad de que se introdujera dentro de dicho concepto a los actos intraprocesales que generan una afectación en grado predominante o superior, es decir, limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio. Bajo esa tesitura, al haber cambiado sustancialmente el marco normativo sobre los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se advertía que: "(.) el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables". Lo anterior, implica que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, los actos de imposible reparación dentro de juicio que justifican la procedencia del amparo indirecto, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos, pero no procesales, con independencia del grado de afectación que generen, consideraciones que son exactamente aplicables a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, como del que derivan los actos reclamados. En el caso, las violaciones que pudieran haberse cometido en perjuicio del quejoso consistente en la emisión del acuerdo de seis de marzo del año en curso, emitido dentro del expediente administrativo R-0007/2020, donde el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Agraría, admitió el informe de presunta responsabilidad administrativa en su contra, debe hacerlo valer cuando impugne la resolución que en su caso se emita en el procedimiento referido, siempre que le fuera desfavorable, pues de lo contrario no habrán trascendido sobre su esfera jurídica, situación que evidencia que su afectación es meramente procesal. En efecto, las violaciones que alega no puedan considerarse como sustantivas, sino que solamente son procesales y podrán ser susceptibles de análisis en conjunto con la resolución que le recaiga a ese procedimiento. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 43/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE". La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos]; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta; y, (iv) la cuestión jurídica de la que deriva se sustenta en jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a lo anterior, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, al resolver la contradicción de tesis 96/2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que desde la presentación de la demanda de amparo, es posible analizar la naturaleza del acto reclamado y, en caso de que se haya emitido dentro de un juicio, también se puede analizar si las afectaciones aducidas son materialmente sustantivas o meramente procesales, por lo que de acontecer esto último, se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que amerita el desechamiento de la demanda, tal y como se advierte de la transcripción siguiente: "[.] este Tribunal Pleno considera que los juzgadores tienen la facultad de analizar la naturaleza del acto reclamado, al momento de recibir la demanda de amparo y conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, concluir mediante elementos objetivos la actualización de una causal de improcedencia en relación con dicha naturaleza, por resultar notoria y manifiesta, en tanto que la conclusión a la que puedan llegar en ese primer momento, de ninguna forma variaría si se desahoga el procedimiento, pues la naturaleza y los efectos de ese acto procesal que deben analizarse, no pueden variar en el proceso y aun en ese caso, su análisis debe ser en el momento en el que fueron reclamados". Lo anterior dio lugar a la P./J. 32/2016 (10a.), que lleva por rubro: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Al respecto, resulta aplicable la tesis XXIV.2o.11 K (10a.), cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que, frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio". Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizados en términos amplios a Héctor Morales Méndez, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte, de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a Manuel Rogelio Morales Pineda, y María del Carmen Cruz Ríos, se otorga la autorización única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo mencionado, hasta en tanto registren su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; de igual forma se tiene para los mismos efectos a *. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación a actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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