Carlos Mario Martinez Perez

Expediente 856/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
856/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Carlos Mario Martinez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa Carlos Mario Martínez Pérez interpusiera recurso de queja, en contra del auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2021. Que el Acuerdo General 09/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que la demanda con la que se dio cuenta, fue presentada el seis de septiembre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma data, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Que de la boleta de turno correspondiente, se advierte que el servidor público responsable de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, asentó que la demanda -con la que se dio cuenta-, fue presentada con seis copias de la misma y sin anexos; y contiene firma. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 856/2021 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. ACTO RECLAMADO Y ANTECEDENTES. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Carlos Mario Martínez Pérez, señaló como autoridad responsable al 1. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA UNIDAD DE FLAGRANCIA (RODRIGO ISRAEL ANDRACA HUERTA), a quien le reclama: La omisión de la entrega de las copias de la carpeta de investigación C.D.I.FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I/013119/2021. Ahora bien, del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "4.- con fecha: 11 DE AGOSTO DE 2021 acudí a revocar nombramiento de asesor, toda vez que nunca me informo el estado de mi asunto como tampoco que el vinculado a proceso MOISES REYES VARGAS estaba libre, no había recibido copia de carpeta etc. y nombré como mi nuevo asesor jurídico particular a la Abogada LILIA RIVERA TAPIA, quien compareció a aceptar el cargo, momento en que solicitó las copias de la carpeta de investigación para poder realizar su función de manera eficiente, cabe mencionar que fui atendida por diverso Ministerio Publico, haciendo mención que el Lic. RODRIGO ISRAEL ANDRACA HUERTA, se encontraba de incapacidad y que se llevó con la carpeta de investigación C.D.I.FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I/013119/2021 toda vez que realizaría apelación contra la medida cautelar distinta a prisión preventiva para el vinculado a proceso MOISÉS REYES VARGAS, situación que también me fue ocultada por el Lic. RODRIGO ISRAEL ANDRACA HUERTA. Me dijeron que regresara por las copias cuando el mp estuviera de regreso de incapacidad porque era materialmente imposible que me las entregaran por la razón antes mencionada." De lo anterior se advierte, que la carpeta de investigación de donde deriva el acto reclamado aludido, ya fue judicializada. DESECHAMIENTO. Así, se reitera que Carlos Mario Martínez Pérez reclama a la autoridad responsable 1. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA UNIDAD DE FLAGRANCIA (RODRIGO ISRAEL ANDRACA HUERTA), la omisión de entregarle las copias de la carpeta de investigación C.D.I.FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I/013119/2021. Respecto del citado acto reclamado, se advierte que la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [...]" Conforme a los preceptos legales trascritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resultando aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Sin embargo, debe decirse que al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA UNIDAD DE FLAGRANCIA (RODRIGO ISRAEL ANDRACA HUERTA) no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues no cumple con el extremo que se necesita para ser considerado como tal. Esto es así, puesto que de la demanda de amparo se desprende que la carpeta de investigación C.D.I.FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I/013119/2021, de la cual deriva el acto que ahora se reclama, ha sido judicializada; ya que el quejoso refirió, bajo protesta de decir verdad, que el imputado Moisés Reyes Vargas ya fue vinculado a proceso, derivado de la carpeta de investigación de origen, y que el Ministerio Público señalado como responsable, realizaría apelación contra la medida cautelar impuesta al referido imputado. Por tanto, quien esto suscribe advierte la actualización de la referida causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable, ya que el acto que se pretende combatir no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida de que a quien se lo reclama, esto es, al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA UNIDAD DE FLAGRANCIA (RODRIGO ISRAEL ANDRACA HUERTA), no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerado como tal, dado que su actuación no es de manera unilateral y obligatoria. En efecto, la institución del Ministerio Público es titular del ejercicio de la acción penal, y, en ese sentido, puede disponer de ella, de conformidad con los artículos 21 Constitucional, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, el Ministerio Público actúa como autoridad en la etapa de investigación inicial; sin embargo, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad es el Juez; mientras que el Ministerio Público actúa como parte, de conformidad con el artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, debe indicarse que la institución del Ministerio Público, se rige, entre otros principios, por el de unidad, que implica que dicho ente es en quien recae la facultad constitucional de investigar y perseguir los delitos, con independencia de los agentes que sea designados y resulten necesarios para llevar a cabo los actos tendentes a la consecución de sus fines. Así, se advierte que en la especie, el Ministerio Público, visto como un ente de procuración de justicia, ha pasado a formar parte del procedimiento judicial y ha dejado de tener la calidad de autoridad, por lo cual, las determinaciones que pudiera emitir u omisiones en que pudiera incurrir no pueden crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, dado que sus actos ahora se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico; esto es así, ya que al judicializarse la carpeta de investigación, este ha cambiado de calidad a ser un sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte. De ahí que la omisión que reclama del Ministerio Público responsable, no puede concebirse como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues se trata de la actuación de una de las partes que intervienen en el proceso judicial y que, en su caso, puede ser objeto de control judicial por parte del órgano jurisdiccional que conoce de la carpeta judicial administrativa, a quien corresponde regular los actos procesales que desarrollen las partes. Resulta orientadora la tesis aislada II.3o.P.75 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 75, febrero de 2020, tomo III, página 2278, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL MINISTERIO PÚBLICO NO TIENE ESE CARÁCTER A PARTIR DE QUE SOLICITA AL JUEZ DE CONTROL SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, PORQUE ACTÚA COMO PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el de enjuiciamiento quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la ley de la materia." Así como la tesis aislada I.8o.P.23 P (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 67, junio de 2019, tomo VI, página 5285, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA A CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO EL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional." En consecuencia, el acto que reclama el promovente a la representación social no se trate de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cual constituye una causa de improcedencia manifiesta e indudable, pues no va a variar en el trámite del juicio de amparo, ya que depende directamente de la naturaleza del acto y de la autoridad que lo emite, por lo que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda. Sin que haya lugar a tener como medio de notificación el correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa, pues la Ley de Amparo no lo contempla para tal efecto; sin embargo, de conformidad con el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se tiene dicho correo electrónico y número telefónico como medios para establecer contacto, en caso de que ello se estime necesario. AUTORIZADA. Se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lilia Rivera Tapia, por así haberse solicitado expresamente. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHABILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LINEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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