Carlos Mario Martínez Hanss
Expediente 1926/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1926/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/01/2018
Partes del expediente
- Carlos Mario Martínez Hanss
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de enero de dos mil dieciocho. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para los efectos legales conducentes, la constancia de notificación personal practicada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, al quejoso Carlos Mario Martínez Hanss, de la cual se advierte que manifiesta lo siguiente: "Solicito Copias Del Amparo En Cuestión De Manera Gratuita." En esas condiciones, respecto de dicha solicitud, expídanse gratuitamente al quejoso; y dado que éste no señaló autorizados para oír y recibir notificaciones, se comisiona al actuario judicial adscrito para que haga entrega de las citadas copias en el centro de reclusión del promovente, a saber, Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México. Sirve como apoyo a lo anterior en lo que interesa la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Registro: 2006793, Página: 347, que establece: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido." Notifíquese y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión, y hágase entrega de las copias que solicitó. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, México; a diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 37 y 38), a través del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81 fracción I, inciso d), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Igualmente, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En otro punto, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que en virtud de lo acordado en líneas que preceden, en esta data se deja sin efectos la suspensión de plano y oficio decretada mediante proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 6 a 11), lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma, Liliana Lozano Mendoza, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por vacaciones del titular, en términos de lo previsto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado, Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VIII.- Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, agréguense a los autos los oficios de cuenta, a través de los cuales la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, y el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género en Metepec, Estado de México, Juan Carlos Gorostieta Vivero, informan las gestiones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Es de vital importancia recordar el interés superior de la menor, el principio de no discriminación, el derecho de opinar en todos los asuntos que le afectan, que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones, su derecho a la vida, supervivencia, desarrollo, a que no se le deje sin defensa, no obstante su condición de menor de edad. Es menester señalar, que en los pasados acuerdos de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 1377 a 1379) y once de enero de dos mil diecisiete (fojas 1404), se requirió al Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec para que, entre otras cuestiones, remitiera el resultado del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relativo al periodo de búsqueda para que las instituciones crediticias Banco Nacional de México; Banco Mercantil del Norte; BBVA Bancomer y Banco Santander (México), todas Sociedades Anónimas, proporcionen información respecto de movimientos y el lugar en donde se efectuaron los mismos respecto de las cuentas activas e inactivas a nombre de José Rodrigo García Bringas; en aras de lograr con el paradero de la menor. Asimismo, remitiera el resultado del oficio 3703 dirigido al Director General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, relativo a la búsqueda y localización de la menor y su progenitor. Para lo cual, debía remitir copias certificadas, legibles y completas de las constancias que así lo acreditaran; sin embargo, en el oficio de cuenta, aduce nuevamente, entre otras cuestiones, que ya fue entregado el oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su debida diligenciación y que en relación al oficio dirigido al Director General de Asuntos Policiales Internacional e INTERPOL, a la fecha no había obtenido una respuesta, pero que ordenó girar oficio "recordatorio" a través de correo electrónico. Asimismo, aduce, que entabló comunicación con "la Dirección" siendo atendido por Alejandro Rueda quien le manifestó que no era posible proporcionarle un número de fax, que requirió fuera atendido por el agente Carlos González González, encargado de la investigación, pero que dicho agente se encontraba gozando de sus vacaciones. Sin que remitiera copias certificadas, legibles y completas de las constancias que acreditaran su dicho o que acreditara que hubiera impuesto alguna medida de apremio por no haber obtenido dichas respuestas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase NUEVAMENTE Y POR ÚNICA OCASIÓN al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, remita los resultados de las diligencias derivadas de: * El resultado del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relativo al periodo de búsqueda para que las instituciones crediticias Banco Nacional de México; Banco Mercantil del Norte; BBVA Bancomer y Banco Santander (México), todas Sociedades Anónimas, proporcionen información respecto de movimientos y el lugar en donde se efectuaron los mismos respecto de las cuentas activas e inactivas a nombre de José Rodrigo García Bringas. Máxime que desde acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se le ordenó remitir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un "periodo de búsqueda", para que las instituciones crediticias Banco Nacional de México; Banco Mercantil del Norte; BBVA Bancomer y Banco Santander (México), todas Sociedades Anónimas, proporcionen información respecto de movimientos y el lugar en donde se efectuaron los mismos respecto de las cuentas activas e inactivas a nombre de José Rodrigo García Bringas (fojas 1257 y 1258). * El resultado de los oficios 3703 y 88 dirigidos al Director General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, relativo a la búsqueda y localización de la menor y su progenitor. Máxime que, desde el seis de septiembre de dos mil diecisiete, la Secretaria del juzgado responsable entabló comunicación con el referido agente Carlos González González (foja 1180). Asimismo, de cumplimiento al fallo protector y remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a la referida autoridad, que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa de quinientos días de salario mínimo vigente en Ciudad de México, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, en relación con el 258 de la Ley de Amparo y, se procederá en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la legislación citada; es decir, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, respecto a las manifestaciones vertidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género en Metepec, Estado de México, Juan Carlos Gorostieta Vivero, respecto de las gestiones para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada que nos ocupa, así como las relativas a que renunció a su cargo; no obstante que mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 1387) se le requirió -como autoridad responsable vinculada- para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que se le notificara dicho proveído, remitiera los resultados de la audiencia fijada para el once de enero de dos mil dieciocho dentro de la carpeta de investigación TOL/CAI/DEP/057/022654/17/02; en aras de lograr con el paradero de la menor. Lo cierto es, que en el referido oficio de cuenta, manifiesta que el Juzgado de Control de Toluca le informó que debía proporcionar nuevo domicilio y/o teléfono para que fueran notificados los inculpados, por lo que volvió a generar nuevamente audiencia para que tuviera verificativo el día veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Es de llamar la atención para esta juzgadora, que desde el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, citó a José Rodrigo García Bringas, María del Pilar Bringas Saavedra y Jorge García Mendoza, indicándoles que deberían comparecer sin excusa ni pretexto debidamente identificados, acompañados de su defensor, apercibidos que en caso de no hacerlo se ordenaría su aprehensión o comparecencia (foja 1398). Asimismo, no pasa desapercibido, que el referido Agente del Ministerio Público, informó al juzgado responsable que el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete se citó a los nombrados José Rodrigo García Bringas, María del Pilar Bringas Saavedra y Jorge García Mendoza para que comparecieran el uno de marzo de ese mismo año, para "agotar su derecho y garantía de audiencia" (foja 250, tomo I). Luego, ante el mismo Agente se llevó a cabo la ampliación de la entrevista de la imputada María del Pilar Bringas Saavedra el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, que continúa declarando que desconoce el paradero de su hijo y que éste le informó que su hija había sido víctima de abusos sexuales cometidos por la familia de su progenitora. Sin embargo, desde el once de noviembre de dos mil dieciséis, fechas en que fue dictada la sentencia de amparo a cumplimentar, confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, se demostró que La menor no fue víctima de abusos sexuales; Desde el momento de la puesta a disposición de la demandada y su menor hija -veinticinco de julio de dos mil dieciséis-, ésta fue entregada a su progenitor, sin que lo fundamentara o motivara una orden ministerial o un mandato judicial, no obstante que prevalece la segunda sobre la primera. Máxime que dicha entrega se realizó ante la misma agencia ministerial y hasta este momento, no se tiene la certeza de que la menor Danna Camila García Gayosso, esté con la persona, o personas, que sean aptos e idóneos para cumplir con los deberes y las obligaciones para resguardar sus derechos; que tengan mayor afinidad e identificación con ella; que se encuentre viviendo bajo sus cuidados y sea atendida de acuerdo a su edad, con amor, cuidados médicos, alimentación y esté viviendo bajo las condiciones más favorables para su sano desarrollo. Asimismo, se hace del conocimiento a la autoridad responsable vinculada al cumplimiento, que el incumplimiento por evasivas se actualiza cuando la autoridad lleva a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo. En tal virtud, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género en Metepec, Estado de México -con independencia de que haya aducido haber renunciado a su cargo-, debe dar cumplimiento a lo solicitado en párrafos precedentes y con ello lograr dar cumplimiento al fallo protector, para lo cual deberá remitir copias certificadas, legibles y completas de las constancias que así lo acrediten. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere NUEVAMENTE al Fiscal General de Justicia del Estado de México -como superior jerárquico- ordene al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género en Metepec, Estado de México, que haya suplido al Agente Juan Carlos Gorostieta Vivero, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, de cumplimiento a la ejecutoria que interesa; asimismo, remita copia certificada de las constancias que lo demuestren. Apercibida que de no demostrar que dio la citada orden para que se cumpla con la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, así como en los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para ejercer el uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir puntualmente las ejecutorias de amparo. Además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad vinculada; y, en caso de incumplimiento, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación.
- Principal
Toluca, México; once de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta por el cual el Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de México, en atención al proveído de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 275 a 276), acusa recibo de las constancias que se le devolvieron. Atento a lo anterior, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, teniendo por cumplimentado el requerimiento inserto en el auto de mérito, dejando insubsistente el apercibimiento con que fuera conminado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretaria encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretaria Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza y da fe. Doy fe
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