Carlos Mario López Ricárdez
Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Carlos Mario López Ricárdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y negó y concedió la definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvanse a la Jueza de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, dos DVD´s, los cuales obran por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diez de agosto de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio y en el segundo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Carlos Mario López Ricárdez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, de igual forma, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la Jueza de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, un DVD que remitió en apoyo a su informe con justificación, el cual obra por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 627/2022-9, promovido por **********, contra actos del Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco y otras autoridades, que considera violatorios de los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el veintiséis de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el veintisiete siguiente, y turnado a este órgano jurisdiccional al veintiocho posterior, Carlos Mario López Ricárdez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS La orden de aprehensión, detención y/o presentación emitida por las autoridades señaladas como responsables en contra del quejoso y su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES 1. JUEZ DE CONTROL DE LA REGION NUEVE DE CENTRO, TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 2. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 3. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE TRAMITACION MASIVA DE CAUSAS DE LA FISCALIA DE VICTIMAS EN SITUACIÓNES DE VULNERAVILIDAD. 4. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN PERTENENCIENTE A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 627/2022-9; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En proveído de diez de mayo de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se le reconoció el carácter de tercero interesada a la licenciada Maricruz Robles Balcazar, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad, con sede en esta ciudad, por lo que se ordenó emplazarla mediante oficio correspondiente. Asimismo, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada de identidad reservada con iniciales R.Y.P.M. representada por Luisa del Carmen Méndez Bautista, en el domicilio en esta ciudad. Al respecto, el actuario adscrito a este juzgado emplazó a juicio a la tercero interesada licenciada Maricruz Robles Balcazar, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad, con sede en esta ciudad, mediante oficio 16461/2022, recibido el dieciséis de mayo de dos mil veintidós. De igual forma, el referido fedatario el ocho de junio del año en curso, emplazó al presente juicio a la tercero interesada de identidad reservada con iniciales R.Y.P.M. representada por Luisa del Carmen Méndez Bautista. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, la audiencia constitucional, previo diferimiento tuvo verificativo el veintiocho de junio de dos mil veintidós en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La orden de aprehensión decretada por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales, en el Estado de Tabasco, en contra de Carlos Mario López Ricárdez, dentro de la causa penal 120/2022, de su índice y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es inexistente el acto reclamado a las autoridades responsables Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad (foja 19), y el Director de Amparos y Resolución de Consultas de la Fiscalía General del Estado, en ausencia del Fiscal General y de los Vicefiscales de Delitos Comunes y de los Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas (foja 24), residentes en esta ciudad, toda vez que al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora toda vez que la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, pues indicó que en audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el veintidós de abril de dos mil veintidós, a petición de la Fiscal del Ministerio Público decretó en la causa penal 120/2022, orden de aprehensión en contra de Carlos Mario López Ricárdez. Por lo tanto, los actos atribuidos a las autoridades responsables Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad y Fiscal General del Estado de Tabasco, ambos con sede en esta ciudad, no existen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna tendiente a desvirtuar tales negativas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO respecto el acto que se les atribuye a las autoridades precisadas en este considerando. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Jueza de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, residente en esta ciudad, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. Lo anterior, se corrobora, con la copia certificada de un disco en formato DVD, que contiene la audiencia de veintidós de abril de dos mil veintidós, por lo tanto se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2, pues fueron emitidas por autoridades en ejercicio de su encargo. Así como con copia certificada de la impresión digital de la referida audiencia relativa a la causa penal 120/2022. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Por otra parte, el Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad (foja 20), autoridad señalada como ejecutora, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, tal negativa debe tenerse por desvirtuada ante la aceptación de la autoridad ordenadora en los términos antes expuestos, toda vez que por razón de jerarquía y funciones le compete ejecutar actos de esa naturaleza. Tiene aplicación la tesis consultable en la página 56, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los argumentos hechos valer por el solicitante del amparo, se examinarán en su conjunto al controvertir el mismo punto jurídico, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo; y de la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, materia Común, página 2018, registro 2011406, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO." Asimismo, se evitará su trascripción, sin que ello vulnere los principios de exhaustividad y congruencia que regulan la sentencia de amparo, resultando aplicable al efecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, materia Común, página 830, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Además, este asunto se analizará bajo la figura de la suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un juicio de amparo en materia penal promovido por el imputado en el proceso penal de origen. Como quedó establecido en el considerando relativo, el impetrante de amparo reclama la orden de aprehensión dictada el veintidós de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 120/2022, atribuida a la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco. Al respecto, el quejoso aduce que dicha determinación vulnera lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 Constitucionales por los siguientes motivos: Que la juez responsable le pretende privar su libertad sin que lo haya citado conforme a derecho y salvaguardar el principio de legalidad y garantizado su derecho de audiencia. Previo a analizar el acto reclamado, resulta necesario realizar una reseña de las actuaciones realizadas en la causa penal 120/2022, las cuales fueron valoradas en el considerando cuarto, de las que se desprende lo siguiente: En audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el veintidós de abril de dos mil veintidós, se advierte la inasistencia del imputado Carlos Mario López Ricárdez, en la que, previa identificación de las demás partes que asistieron, y en la parte que interesa, en uso de la palabra la Fiscal del Ministerio Público, manifestó y la Juez de Control determinó, respectivamente, lo siguiente: Una vez declarada abierta la audiencia la Juez de Control expuso: ".Fueron citados el día de hoy con la finalidad de efectuarse debate relacionado con la medida cautelar una revisión fue peticionada por la fiscalía les hago saber acorde a los registros que obran en la carpeta administrativa que el señor Carlos Mario López Ricárdez fue debidamente notificado por el personal de este juzgado a través del oficio 1300-VII, en donde se inserta el proveído de fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós en el punto segundo se le hizo saber precisamente las diez horas del veintidós de abril de dos mil veintidós para el desarrollo de esta audiencia esta comunicación la tuvo el notificador de manera directa con el señor Carlos por lo tanto acorde al numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales se tiene por válida. Alguna petición que deseen realizar las partes?." Al respecto la Fiscal manifestó lo siguiente: ".Solicito audiencia privada para efectos para efectos de poder comparecer en un momento dado al investigado." En uso de la voz la defensa del imputado ahora quejoso expuso lo siguiente: "Para salvaguardar el derecho independientemente que fue notificado mi representado solicito un término para poder justificar su inasistencia." Hecho lo anterior, la juez resolvió: ".Procedo a resolver la petición que han realizado las partes. Por el tipo de audiencia tratándose de carácter urgente deben programarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la petición que realice la fiscalía el notificador elaboro una constancia y refirió que notifico al señor Carlos a las dieciocho horas del día veintiuno de abril es decir el día de ayer a las seis de la tarde, fueron menos de veinticuatro horas por lo tanto con el afán de privilegiar tanto los derechos de la víctima como del imputado voy a dar un pequeño receso para que se verifique por parte de la administración si está registrado en la unidad de policía procesal y también para que la defensa en dado caso pueda tener comunicación con este vía telefónica y me informe el resultado que haya obtenido de esta situación." A continuación se decretó un receso a partir de las 10.04 horas y se reanudó la audiencia a las 10:15 horas. Al reanudarse la audiencia el encargado de sala informó a la juez que no encontró registro del procesado en la mesa de la unidad de policía procesal; asimismo, la defensa informó que realizó llamadas telefónicas al procesado a su teléfono celular número 9933862073, sin que pudiera comunicarse con el imputado ya que la llamada lo trasfería al buzón de esa línea telefónica. A continuación la Fiscal del Ministerio Público verbalizó lo siguiente: "Su señoría, visto lo anterior y pues en la espera que se le dio y además que el defensor de oficio le hizo llamadas telefónicas a quien es el investigado para ver si tenía resultado en razón a la citación que tuvo verificativo el día veintiuno de abril del dos mil veintidós por parte del notificador Gerónimo Guadalupe Uresti Olán, solicito se le declare sustraído al señor Carlos Mario López Ricárdez, toda vez que el está sujeto a un proceso y aun sabiendo que está sujeto a un proceso el sencillamente no comparece a esta citación judicial a la que fue debidamente notificado su señoría." Al respecto la defensa manifestó: "Únicamente manifestar que se considere un término prudente para justificar su inasistencia en virtud de que como se refirió aquí fue notificado apenas ayer a las dieciocho horas y no dentro del término de cuarenta y ocho horas que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales y también no sabemos los motivos realmente que tuvo esta persona para no presentarse el día de la audiencia." Al respecto la Juez resolvió: "Procedo a resolver referente a lo indicado por la defensa, esto resulta improcedente, ya que la audiencia de revisión de medida cautelar, la notificación se exceptúa del plazo de 48 horas que prevé este mismo ordenamiento legal respecto al plazo para que las personas sean notificadas para acudir a una audiencia y esto es así porque el mismo código nacional prevé que la revisión de la medida cautelar debe revisarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la petición que se efectué por parte de los intervinientes; por lo tanto, no le asiste la razón a la defensa en este argumento; aunado a lo anterior, en el proveído que le fuera notificado de manera directa al señor Carlos Mario López Ricárdez, en el punto quinto se le hizo saber que en caso de no comparecer sería declarado sustraído de la justicia y por lo tanto él era sabedor sobre las consecuencias de no acudir a esta sala de audiencias; por lo tanto, en término del artículo 141 párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales se declara la sustracción de la acción de la justicia referente al señor Carlos Mario López Ricárdez; quedan notificados los asistentes, así también las hago saber que queda sin efecto la audiencia programada para las nueve horas del día diecisiete de mayo del año dos mil veintidós misma que fue programada derivado del escrito de acusación presentado por la fiscalía como audiencia intermedia." Hecho lo anterior, la juez procedió a retirar de la sala de audiencias a todas las partes con excepción de la Fiscal del Ministerio Público a quien concedió el uso de la voz para que verbalizara su petición de orden de aprehensión. Al respecto la fiscal solicitó audiencia privada orden de aprehensión en contra del imputado, aquí quejoso, bajo los argumentos siguientes: "Con fundamento en el artículo 16 Constitucional así como en el artículo 141 fracción III, párrafo IV y VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales solicito se acuerde y gire una orden de aprehensión en contra del señor Carlos Mario López Ricárdez, toda vez que si bien es cierto su señoría el señor antes mencionado fue vinculado a proceso en fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós por el delito de violencia familiar en agravio de la adolescente de iniciales R.Y.P.M. misma de la cual se decretó una medida cautelar consistente en la fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, su señoría en razón de que la unidad de medidas cautelares informara por parte del licenciado Juan García Hernandez, Supervisor de la Unidad de Medidas Cautelares con fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós dentro de la causa 120/2022 se tiene que el señor Carlos Mario López Ricárdez está incumpliendo esa medida cautelar a la cual le fue impuesta su señoría y en razón de ello toda vez que por existir la cuestión de que nuevamente realizo llamadas estuvo en contacto y comunicación con la víctima, la adolescente anteriormente mencionada, el señor está ahora actualmente con la adolescente nuevamente viviendo su señoría, no respetando y no cumpliendo con esa medida cautelar a la cual fue impuesta aunado a lo anterior su señoría eso fue informado precisamente por la mamá de la adolescente en este caso Lucia del Carmen Méndez Bautista, con fecha catorce de abril de dos mil veintidós, a esa unidad de medidas cautelares donde el supervisor antes mencionado acude precisamente el día catorce de abril de dos mil veintidós a las diecisiete veinte horas al domicilio del investigado y en donde el investigado le aduce que él acepta las consecuencias que pueda tener, aceptando que efectivamente está en su domicilio en ese momento y que sencillamente no le interesa la cuestión de las consecuencias que pueda tener; aunado a lo anterior, su señoría advirtiendo que está incumpliendo esa medida cautelar a la cual le fue impuesta a él, no obstante también existe por parte de esta representación social la solicitud de la revisión de la medida cautelar del porqué está incumpliendo, tan es así, que fue notificado el señor Carlos Mario López Ricárdez, a la audiencia de esa revisión de medida cautelar para los efectos de que el pudiese ya sea aclarar o si fuese un mal entendido o lo que fuese sin embargo eso no acontece de esa forma tan es así su señoría que a él le importa poco el hecho de comparecer a las audiencias que fue programado y que él sabe que está sujeto a un proceso puesto que como ya mencione su señoría con fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós fue vinculado a proceso por delito de violencia familiar en donde le notifican con fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós que compareciera a esta sala de audiencias para esa revisión de medida cautelar cosa que su señoría que ese haber sido notificado pues así se advierte en la constancia que obra dentro de carpeta administrativa en la cual el notificador Gerónimo Guadalupe Uresti Olan le hizo de conocimiento bajo el oficio 1300/VII, de que tenía verificativo audiencia el día de hoy veintidós de abril de dos mil veintidós a las diez de la mañana y en el cual se le apercibió al señor en ese oficio de notificación en el párrafo quinto que de no presentarse ante la sala de audiencias para efectos de la revisión de la medida cautelar se le declararía sustraído a la acción de la justicia, advirtiendo también que se le dio un plazo considerable antes de esta audiencia su señoría para efectos del que el defensor de oficio pudiese tener contacto con él y sencillamente poder comparecer o tratar de poder justificar por qué sencillamente no compareció sencillamente el defensor de oficio menciona que no tuvo éxito toda vez que al parecer lo mandaba al buzón o algo así advirtiendo también que con los procesales en ningún momento el día de hoy tampoco se registró, teniendo también un periodo de tiempo considerable para efectos de poderle justificar en un momento dado el hecho que no compareciera sin embargo su señoría advirtiendo lo que le menciona al supervisor de las medidas cautelares que el acepta las consecuencias que poco le importa ello aunado a lo que ya el notificador al advertirle que si él no se presentaba se le podría declarar sustraído de la acción penal y hoy advirtiéndose que sencillamente el investigado el imputado en esta caso Carlos Mario López Ricárdez, no se presentase a la sala de audiencias su señoría, se advierte claramente que él no va a comparecer voluntariamente su señoría toda vez que aun habiendo sido citado a donde él está sujeto a un proceso a él sencillamente no le interesa ello es por lo cual esta Representación Social solicita se le tenga a bien emitir una orden de aprehensión en contra del señor Carlos Mario López Ricárdez toda vez que él está en este caso incumpliendo esa medida cautelar a la cual se le fue impuesta su señoría." Atenta a la petición de la fiscal del Ministerio Público, la Juez de Control, textualmente resolvió: "Procedo a resolver la petición realizada por la fiscalía, primeramente en términos del artículo 331 Fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales derivada de la declaratoria de sustracción se suspende el proceso, y resuelvo sobre la pretensión de orden de aprehensión. En términos del artículo 16 Constitucional y 141 Párrafo Cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales la suscrita es la autoridad competente para resolver en términos de artículo 20 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprende que cuando un imputado haya sido debidamente citado y no acuda a una audiencia sin haber justificado los motivos por los cuales no asistió la consecuencia de ello es que se declare la sustracción de la justicia esto ocurrió hace unos momentos y se advierte que la consecuencia inmediata de la declaratoria de sustracción es precisamente que se gire una orden de aprehensión en contra del imputado ello dado que de los registros que obran en la carpeta administrativa como lo refirió la fiscal el señor Carlos Mario López Ricárdez, fue vinculado a proceso por un delito que amerita pena privativa de libertad y se advierte también que en relación al sexto párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, una de las consecuencias del incumplimiento de una de las medidas cautelares es precisamente que se libere una orden de aprehensión en su contra, por lo tanto, en términos de este numeral y al advertir que se encuentra justificada la pretensión por parte de la fiscalía se gira orden de aprehensión en contra de Carlos Mario López Ricárdez, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar previsto y sancionado en el artículo 208 Bis del Código Penal vigente en el estado cometido en agravio de R.Y.P.M. representada por Lucia del Carmen Méndez Bautista." De la anterior trascripción, se advierte que la juez responsable para la emisión del acto reclamado consideró lo siguiente: En términos de lo que establece el artículo 16, constitucional, y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consideró procedente la misma. Como se señaló dentro de las actuaciones que obran dentro de la carpeta administrativa que se le inició a Carlos Mario López Ricárdez, por el delito de violencia familiar, se advierte que éste fue vinculado a proceso el veintidós de febrero de dos mil veintidós, con motivo de ello, luego, a petición del fiscal el veintiuno de abril de dos mil veintidós fue notificado personalmente para que compareciera a las diez horas del veintidós de abril siguiente a la sala de audiencias del juzgado responsable para la celebración de la audiencia de revisión de medida cautelar, habiéndose realizado esa notificación en forma legal, a través de la notificadora del referido Juzgado de Control, quien entendió la notificación personalmente con el imputado, incluso le hizo saber no solo la fecha y hora de la audiencia sino también las consecuencias jurídicas que traería el hecho de que no compareciera a la misma, en todo caso sería que se le declararía sustraído a la acción de la justicia y que la Fiscalía podría solicitar orden de aprehensión en su contra; con toda esta información que se dio al imputando en su momento al realizarse la notificación, llegada la fecha de la audiencia de veintidós de abril de dos mi veintidós, él no se presentó a la misma, incluso la juez decretó un receso para que el encargado de la sala de ese juzgado verificara si el ahora quejosa se encontraba registrado ante la unidad de medidas cautelares y para que el defensor de oficio que le fue asignado se comunicara con el referido quejoso a fin de que en su caso justificara su inasistencia. Luego, una vez reanudada la audiencia después del receso decretado, el encargado de la sala de audiencias informo a la juez responsable que el ahora quejoso no se encontraba registrado ante la Unidad de Policía Procesal y, por su parte, el defensor público asignado al quejoso informó que no le fue posible comunicarse con su defendido en razón de que al tratar de comunicarse vía telefónica con el quejoso a su número de teléfono celular 9933862073, la llamada se trasfería al buzón de esa línea telefónica; por lo anterior, en esa misma audiencia la Fiscal solicitó se sustrajerá de la acción de la justicia, en virtud que el imputado no acudió a la misma, por lo que la juzgadora en su momento lo declaró sustraído de la acción de la justicia. De acuerdo a lo que dispone el artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que tenga sustento la petición realizada por la fiscalía en cuanto a la orden de aprehensión, que en el caso el impetrante ya se encuentra vinculado a proceso, no se le pretende traer para sometimiento por primera vez a proceso sino para que se pueda continuar con el proceso en la etapa en la que actualmente se encuentra la causa. También resulta evidente que resulta innecesario de entrar al estudio de la existencia de un hecho y probable participación del imputado, porque estos ya quedaron superados al momento de que se le vinculó a proceso, ya que ahí fueron analizadas; de ahí que con lo dispuesto el párrafo cuarto del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decretó orden de aprehensión en contra de Carlos Mario López Ricárdez. De la resolución combatida, se advierte que se cumplió con los requisitos del debido proceso, legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, que en lo conducente expresan: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.].". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial [.]." Esto es así, porque al analizar la resolución que constituye el acto reclamado, se evidencia que la Juez responsable cumplió con esas formalidades esenciales del procedimiento, de legalidad y seguridad jurídica (fundamentación y motivación), relacionadas con el diverso ordinal 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. La Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De lo anterior, se advierte que la autoridad judicial cuenta con diversas facultades en el proceso penal acusatorio a fin de garantizar la presencia del imputado en el mismo, de suerte que si éste evade una orden de comparecencia judicial y se trata de aquellos delitos que se sancionan con pena corporal, previa petición del agente del Ministerio Público podrá girar orden de aprehensión en su contra. Con independencia de lo anterior, el legislador consideró que bajo ciertas actuaciones del inculpado frente al proceso, previa petición del Ministerio Público para que se declare la sustracción de un imputado y una vez que así se pronuncie dicho Juzgador, librará la orden de aprehensión correspondiente a fin de lograr la continuación del proceso oral en el actual sistema. Lo cual ocurrió en el presente caso, ya que el imputado aquí quejoso no asistió a la audiencia de revisión de medida cautelar prevista para el veintidós de abril de dos mil veintidós y tampoco justificó su inasistencia ante la autoridad Judicial, no obstante que fue debidamente notificado, entonces, goza de aserto jurídico que la rectora del procedimiento diera vista a la fiscalía para la reconducción del imputado al proceso. De igual forma, resulta acertado que la Juzgadora del conocimiento determinara procedente la petición de la representante social consistente en girar orden de aprehensión contra el hoy disconforme, pues, tal como lo dejó establecido en el cuerpo de la orden de captura, en la especie quedaron satisfechos los requisitos establecidos para ese efecto en el numeral 141, antepenúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así es, además de la petición en ese sentido por parte del representante social, el delito que se imputa al hoy disconforme se sanciona con pena privativa de la libertad; ya que el aquí quejoso fue vinculado a proceso el veintidós de febrero de dos mil veintidós, por posibles hechos que constituyen el delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 208 Bis, del Código Penal para el Estado de Tabasco, cuya punibilidad es de uno a cuatro años de prisión. Abona a la legalidad de la determinación combatida, el hecho de que el ahora disconforme no asistió a la audiencia de revisión de medida cautelar señalada para el veintidós de abril de dos mil veintidós, pese a que fue debidamente notificado personalmente de la citada diligencia, tal como lo refirió la Juez de Control en la resolución reclamada; y tampoco existe constancia en la que se haya pretendido justificar su inasistencia a la mencionada diligencia. Con lo cual, la actuación del aquí quejoso se subsumió en la hipótesis normativa que previene que si el inculpado no comparece a una citación judicial sin causa justificada, debe ser considerado sustraído de la acción de la justicia y, podrá dictarse orden de aprehensión en su contra. De suerte que, las circunstancias antes narradas legitiman la acción de la Juez responsable para emitir la orden de captura que se tilda de ilegal, al haber quedado satisfechos los requisitos que impone el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la emisión de una orden de captura. Consecuentemente, es legal que al no haber comparecido a la audiencia de veintidós de abril de dos mil veintidós, sin justificación alguna, se haya declarado sustraído de la acción de la justicia, y en consecuencia, a petición de la fiscal del Ministerio Público, se aprobara la petición de girar orden de aprehensión para reconducirlo al proceso. Por lo antes considerado resulta infundado el concepto de violación relativo a que la juez responsable le pretende privar su libertad sin que lo haya citado conforme a derecho y salvaguardar el principio de legalidad y garantizado su derecho de audiencia. Lo anterior, en virtud que de lo verbalizado por la Juez de Control, refirió que dicha notificación se realizó personalmente por personal del juzgado a través del oficio 1300-VII, en donde se insertó el proveído de fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós el cual en el punto segundo se le hizo de su conocimiento que se fijaron las diez horas del veintidós de abril de dos mil veintidós para el desarrollo de esta audiencia de revisión de medida cautelar, siendo que el quejoso tuvo comunicación directa con el notificador del juzgado. De ese modo, lo preceptúa el numeral 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 83. Medios de notificación Los actos que requieran una intervención de las partes se podrán notificar mediante fax y correo electrónico, debiendo imprimirse copia de envío y recibido, y agregarse al registro, o bien se guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto; asimismo, podrá notificarse a las partes por teléfono o cualquier otro medio, de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes orgánicas o, en su caso, los acuerdos emitidos por los órganos competentes, debiendo dejarse constancia de ello. El uso de los medios a que hace referencia este artículo, deberá asegurar que las notificaciones se hagan en el tiempo establecido y se transmita con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la diligencia ordenada. En la notificación de las resoluciones judiciales se podrá aceptar el uso de la firma digital." Lo que en el caso, la rectora del procedimiento, en resolución reclamada, corroboró con las constancias de la causa penal, que el procesado hubiera sido debidamente notificado de su obligación a asistir a la diligencia de mérito; lo que indicó que el veintiuno de abril de dos mil veintidós, se notificó al imputado Carlos Mario López Ricárdez, para que se presentara a la audiencia de veintidós del mismo mes y año, para la revisión de la medida cautelar, habiéndose realizado esa notificación en forma legal, a través del notificador de ese Juzgado de Control, quien entendió la diligencia en forma personal con el imputado; lo que evidencia que el imputado fue notificado personalmente; aunado que se levantó constancia de ello; referida notificación que la juez de Control, la tuvo por válida. Por tanto, en forma distinta a la aseverada por el disconforme, la notificación que le fue practicada el veintiuno de abril de dos mil veintidós, es legal y deviene infundado lo alegado en su único concepto de violación. Siendo que en el caso en estudio el quejoso no justificó su inasistencia a una audiencia para la cual fue debidamente citado en forma personal. Incluso, en la audiencia celebrada el veintidós de abril de la presente anualidad ante la inexistencia del ahora quejoso la juez responsable decretó un receso aproximado de quince minutos a fin de que el administrador de la sala constatara si el quejoso había registrado su asistencia a la audiencia ante la Unidad de Medidas Cautelares y solicitó al defensor público asignado se comunicara con su defendido vía telefónica para que justificada su inasistencia, siendo que en el primer caso, el encargado de la sala informó a la juez que el quejoso no tenía registro de asistencia ante la Unidad de Policía Procesal y el defensor público informó la imposibilidad que tuvo para comunicarse con el quejoso y éste tampoco durante y después de la audiencia justificó su inasistencia a la referida audiencia. De ahí que, tal como se puede advertir del contenido del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que el inculpado no comparezca a las citaciones judiciales se le tendrá por sustraído de la acción de la justicia, lo que dará lugar a la expedición de una orden de aprehensión; por tanto, la orden de aprehensión está plenamente justificada, al subsumirse la actuación del quejoso en la hipótesis normativa. Aunado a lo anterior, tal como se dejó de manifiesto en párrafos precedentes, la actuación de la juzgadora está plenamente justificada en el numeral en cita, pues, al no haber justificado el inculpado su desacato a una citación judicial se hizo acreedor a la presunción legal que se establece en la norma antes invocada, consistente en tenerlo por sustraído de la acción de la justicia, lo cual, conlleva necesariamente a la expedición de una orden de aprehensión por disposición legal. Aunado, que de la propia relatoría de la Fiscal del Ministerio Público y de la determinación de la Juez de Control, en el dictado de la orden de aprehensión reclamada, se determinó que el aquí quejoso, el veintidós de febrero de dos mil veintidós, se vinculó a proceso por el delito de violencia familiar; por tanto, dicha orden privativa de libertad se decretó en virtud de que el inculpado no compareció a las citación de revisión de medida cautelar, y en consecuencia, se le tuvo por sustraído de la acción de la justicia, lo que, a petición de la Fiscal del Ministerio Público, se expidió la citada orden de aprehensión. En ese orden, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protección de la justicia federal solicitados, sin que haya queja deficiente que suplir. Apoya lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 231142, localizable en la página 186, tomo I, segunda parte-1, enero-junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. Los conceptos de violación son infundados cuando con los argumentos de carácter jurídico que se invocan en ellos, no se demuestra que los fundamentos del acto reclamado sean violatorios de garantías individuales." Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que se combaten al Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al no haber sido combatidos por vicios propios, sino como una consecuencia del acto reclamado a la responsable ordenadora. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Quinta Época, con registro 917625, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del dos mil, tomo VI, materia común, tesis 91, página 72, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, por las razones y motivos expuestos en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a **********, en contra del acto y autoridades responsables precisados en el resultando primero, por las razones y motivos expuestos en el considerando sexto de esta ejecutoria. TERCERO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la constancia de cuenta suscrita por el actuario de la adscripción en la que expresa su imposibilidad para notificar personalmente al quejoso Carlos Mario López Ricárdez, el proveído de veinticuatro de junio del año en curso, dictado en el presente asunto, por las razones ahí expuestas. En razón de lo asentado por el Fedatario, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del proveído de mérito, así como las subsecuentes que deban hacerse de forma personal en este asunto a la parte quejosa, por la lista publicada electrónicamente, hasta en tanto señale un domicilio para tal fin. Apoya a la anterior determinación por su sentido y alcance, la jurisprudencia número 1ª./J.20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 238, Tomo XXVII, abril de 2008, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles" Notifíquese y cúmplase.
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