Carlos Mario Basurto Jeronimo
Expediente 1736/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1736/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Carlos Mario Basurto Jeronimo
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de once de octubre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Mario Basurto Jerónimo; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, once de octubre de dos mil veintidós. Tramitación de la demanda. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Mario Basurto Jerónimo, contra actos del Fiscal General del Estado de Tabasco y otra autoridad. Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1736/2022-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. Análisis de la procedencia del juicio de amparo Ahora, el suscrito procede al estudio de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, sin suspender el acto reclamado. Causa de improcedencia. En ese sentido, este órgano de control constitucional advierte que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, ya que si bien es cierto fue presentada vía electrónica ante el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, no menos lo es que no cuenta con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica de la quejosa, a que se refieren los numerales 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), visible en la página 79 del Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019715, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Del mencionado criterio se aprecia que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL de la parte quejosa, lo que acontece en el presente asunto, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Determinación adoptada. En tal virtud, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 217, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir citas y notificaciones el que índica en su epístola constitucional y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de amparo a Floricel Montejo Asencio y Rodolfo Pérez Mandujano, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredita como licenciados en derecho y en términos del segundo párrafo del ordinal 24 de la ley de la materia, a las diversas personas que menciona en el mismo, lo anterior, por no contar con dicho requisito. Como lo solicita la parte promovente, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 18, 35, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se otorga autorización para: 1. Consultar vía electrónica el presente expediente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el usuario "Marianaovando". 2. Presentar cualquier documento, escrito o promociones de forma electrónica. Realícese el alta correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que las notificaciones a la parte quejosa, sean llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, a través del medio electrónico implementado para el efecto en el referido sistema. En cuanto al correo electrónico y números telefónicos que proporciona la parte quejosa para ser notificada, tomando en consideración la emergencia sanitaria que atraviesa el país con motivo del SARS-CoV2 (COVID-19), se toma nota de los mismos, por tanto, en caso de requerirlo se autoriza la comunicación a través de los mismos -respecto de comunicaciones no procesales-. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento.
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