Carlos Marcos Rodríguez

Expediente 226/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 23 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
226/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Carlos Marcos Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a veinte de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido; por lo que, se ordena glosar los mismos en tomo por separado. Hágase constar lo anterior, tanto en su caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que al presente asunto el Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copias certificadas del juicio ordinario civil reivindicatorio 356/2015-2, que constituyen el tomo uno y dos de pruebas; devuélvanse a la referida autoridad, dado que resultan innecesarias su permanencia en este órgano jurisdiccional. Finalmente, de autos se aprecia que los quejosos acompañaron a su demandas diversas documentales; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero último párrafo último del capítulo tercero del acuerdo antes citado, se dejan a su disposición para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezcan ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibidos que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichas documentales serán destruidas junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a los quejosos Carlos y Jesús de apellidos Marcos Rodríguez.

  2. Principal

    . Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: UNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 226/2018 y su acumulado 284/2018 por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LEYDI CABRERA MARCOS, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE DICE... Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 226/2018 y su acumulado 284/2018; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda del juicio de amparo 226/2018. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno, a este Juzgado Octavo, Carlos Marcos Rodríguez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. Con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "De la autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamo: 1.- La falta de Notificación y emplazamiento del suscrito dentro de los autos del juicio ordinario civil con número de expediente 254-3/2016, relativo al juicio Ordinario Reivindicatorio, promovido por LEYDI CABRERA MARCOS en contra de FRANCISCO MARCOS RODRIGUEZ. 2.- En consecuencia de lo anterior, reclamo la ilegalidad de todas y cada una de las actuaciones practicadas dentro de los autos del juicio ordinario civil reivindicatorio con número de expediente 254-3/2016, promovido por LEYDI CABRERA MARCOS en contra de FRANCISCO MARCOS RODRIGUEZ, en el que no he sido oído ni vencido". SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo 226/2018. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada bajo el número 226/2018; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar a la tercera interesada Leydi Cabrera Marcos; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Presentación de la demanda del juicio de amparo 284/2018. Por escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno, a este Juzgado Octavo, Jesús Marcos Rodríguez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. Con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "De la autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamo: 1.- LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO del suscrito dentro de los autos del Juicio Civil con número de expediente 254-3/2016, relativos al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio, seguido por LEYDI CABRERA MARCOS en contra mi hermano FRANCISCO MARCOS RODRIGUEZ. 2.- Como consecuencia de lo anterior, reclamo la ilegalidad de todas y cada una de las actuaciones practicadas dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil reivindicatorio con expediente número 254-3/2016, iniciado por LEYDI CABRERA MARCOS en contra de FRANCISCO MARCOS RODRIGUEZ, dentro del cual no sido oído, vencido ni llamado a juicio". CUARTO. Tramite del juicio de amparo 284/2018. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada bajo el número 284/2018, ordenándose en dicho su acumulación al diverso juicio de amparo 226/2018 del índice de este órgano jurisdiccional; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar a la tercera interesada Leydi Cabrera Marcos; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de un diferimiento, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama todo lo actuado dentro de un juicio civil en el que los quejosos se ostentan como terceros extraños naturales, cuya ejecución material tiene lugar dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los quejosos Carlos y Jesús de apellidos Marcos Rodríguez, en su carácter de terceros extraños naturales, reclaman la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil reivindicatorio 254/2016-3 así como la desposesión de la fracción del lote de terreno marcado con el número 12-D, manzana 234, sección F, de la Colonia Santa Cruz, con motivo de la sentencia definitiva dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete en dicho sumario. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, no obstante que al rendir su informe justificado lo haya negado, dado que del contenido del mismo, se advierte que en ese órgano jurisdiccional se tramita el juicio ordinario civil reivindicatorio 254/2016-3, promovido por Leydi Cabrera Marcos, en contra de Francisco Marcos Rodríguez, asimismo de las copias certificadas que remitió del expediente de referencia mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su artículo 2, se advierte que culminó con la sentencia definitiva de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en la que se condenó a la parte demandada a la entrega y desocupación inmediata del lote de terreno marcado con el número 12, manzana 234, sección F, de la Colonia Santa Cruz, en esta ciudad. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, en el presente caso, este órgano jurisdiccional, estima que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)." De la interpretación a contrario sensu de la fracción XII, del invocado dispositivo legal, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto de autoridad, es indispensable que afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, es decir, que le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 5, fracción I de la ley de la materia dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." De la lectura del numeral transcrito se obtiene que la aptitud para promover el juicio de amparo tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, opera únicamente para quienes acreditan su interés jurídico (no opera el interés legítimo), ya que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. Ahora bien, en relación con el interés jurídico, este consiste en la identidad de la persona que ejercita la acción de amparo, con el individuo en cuyo favor la ley protege un derecho, que se estima ha sido conculcado por la autoridad al realizar el acto o actos reclamados; porque de lo contrario, se infiere, que si un acto de autoridad no lesiona un derecho previsto o tutelado por la ley, contra él será improcedente la vía intentada por no afectar ningún interés jurídico de persona alguna, aun cuando tal acto pueda perjudicarla material o económicamente. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo (público o privado) que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley; la protección legal se materializa en la aptitud de su titular para exigir del obligado la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, es decir personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona (sujeto activo) tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés, y otra persona (sujeto pasivo) que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados que tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada: que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Lo antes expuesto se traduce, en que sólo existirá un derecho subjetivo si la norma aplicable fue dictada para garantizar en exclusiva situaciones jurídicas del particular, lo que tiene especial relevancia en el caso en que se reclaman actos y resoluciones provenientes de un tribunal judicial (Juzgado Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares) porque para instar la acción constitucional debe acreditarse de manera plena que se cuenta con un interés jurídico tutelado por el derecho positivo que faculta a su titular a excitar al órgano de control constitucional en demanda del respeto de sus derechos; interés que desde luego debe estar plenamente demostrado. Así lo establece el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia VI. 3o. J/26, visible en la página 117, tomo VIII, Diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Precisado lo anterior, en este asunto, los quejosos Carlos y Jesús de apellidos Marcos Rodríguez, se ostentan como terceros extraños naturales a una controversia civil, (entendiéndose por tal como aquella persona física o moral que no figura en el procedimiento como parte en sentido material -actor, demandado, tercero interesado, etc.-, pero sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas) en la que se condenó al demandado Francisco Marcos Rodríguez a la desocupación y entrega del lote de terreno marcado con el número 12-D, manzana 234, sección F, de la Colonia Santa Cruz, en esta ciudad; y fundan su derecho para acudir a esta instancia, bajo la premisa de ser coposeedores de dicho inmueble, el cual en vida perteneció a su padre Maurilio Marcos Méndez, de ahí que al fallecer este los derechos de posesión, se trasladaron en favor de sus hijos, en este caso, los aquí quejosos. Ahora bien, para que la posesión pueda ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, acorde a la interpretación que del artículo 14 Constitucional realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1/2002, es necesario acreditar la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; esto es, la causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta. En otras palabras, para que la posesión pueda ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta extraño al juicio, es necesario que acredite: Su condición de tercero extraño al juicio del que deriva el acto reclamado. La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; esto es, la causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta; Que efectivamente detenta el inmueble respectivo. La afectación de la posesión aducida, a través de la ejecución del acto reclamado. Así, la falta de alguno de los requisitos enumerados, tiene como consecuencia que la posesión aducida en un juicio de amparo, por quien se ostenta tercero extraño a juicio, no sea susceptible de defenderse a través de esta vía constitucional. En el caso, se encuentra acreditado el primero de los extremos referidos, pues de las constancias que obran en autos, las cuales fueron valoradas en el considerando que antecede, se advierte que los quejosos no figuran como parte formal (actor o demandado) en la controversia civil de origen. Sin embargo, respecto del segundo de los elementos mencionados, los quejosos no exhibieron prueba idónea, a fin de acreditar su interés jurídico en la presente instancia, a saber, la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer el inmueble que defienden en esta instancia; esto es, la causa generadora de la posesión. Lo anterior, se estima así porque de las documentales que anexaron a su escrito de demanda, consistentes en: a. Copia certificada del acta de nacimiento, con número de folio 3606693 de dieciocho de marzo de dos mil trece, que demuestra el registro del nacimiento del quejoso Jesús Marcos Rodríguez. b. Copia certificada de las actas de defunción de José Marcos de la Rosa, Maurilio Marcos Méndez y Marina Rodríguez Rodríguez, de trece de junio de dos mil siete, nueve de marzo de dos mil doce y catorce de septiembre de dos mil catorce. c. Copia fotostática simple del recibo de pago número 11514A, relativo al impuesto predial expedido por el Ayuntamiento de esta ciudad a nombre de José Marcos De la Rosa, del plano del lote número 12 y de la credencial para votar expedida a favor de Maurilio Marcos Méndez, así como del contrato de cesión de derechos celebrado entre José Marcos De la Rosa como cedente y Maurilio Marcos Méndez como cesionario. d. Original de los citatorios de treinta de junio y catorce de agosto de dos mil seis dirigidos a Maurilio Marcos Méndez, por la Dirección de Licencias y Verificación del Departamento de Inspección de Obras, así como por Victorio Robles Catalán, respectivamente. e. Copia certificada de la escritura pública número 3990 de siete de febrero de mil novecientos noventa y uno, la cual contiene una ratificación de firmas del protocolo remitido de la Notaria Pública número Catorce del Distrito Notarial de Tabares. f. Original de los recibos números H-024987964 y H-025199842, expedidos a Maurilio Marcos Méndez, por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, relativos a los periodos de facturación 2018/1 y 2018/2. g. Originales de los contratos de arrendamiento con fiador, celebrados el tres de mayo de dos mil diecisiete entre los quejosos Carlos y Jesús de apellidos Marcos Rodríguez como arrendadores con Esperanza y Yadira de apellidos Pérez Sánchez en su carácter de arrendatarias. h. Cédulas de Notificación de siete de junio de dos mil siete, practicadas a Yadira y Maricela Pérez, así como a Ruperta Sánchez Zamora, relativos a su emplazamiento al juicio ordinario civil 270-3/2007, promovido en su contra por José Marcos De la Rosa. i. Copia simple de diversas actuaciones relativas al juicio ordinario civil aludido promovido por José Marcos de la Rosa. En ese sentido, las documentales de referencia, son insuficientes para acreditar la posesión que detentan sobre la fracción del lote de terreno marcado con el número 12-D, manzana 234, sección F, de la Colonia Santa Cruz, en esta ciudad y por ende su interés jurídico, lo anterior, se estima así, en razón de que las señaladas con las letras a y b, únicamente acreditan el nacimiento del quejoso Jesús Marcos Rodríguez así como el deceso de sus progenitores y de José Marcos De la Rosa; con las grafías c e i, se tratan de copias simples carentes de valor probatorio pleno; con la diversa d, sólo demuestran diversos requerimientos realizados a Maurilio Marcos Méndez; con la letra e, se trata de una certificación relativa a una ratificación de firma solicitada por José Marcos De la Rosa y Maurilio Marcos Méndez; con la grafía f, que por la prestación del servicio de agua potable en un inmueble diverso al que defiende la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco generó un recibo en el cual se consignó el cobro por ese servicio, el cual está a nombre de Maurilio Marcos Méndez y en la desemejante h, sólo acreditan la existencia de un juicio promovido en contra de Yadira y Marcela Pérez, así como de Ruperta Sánchez Zamora por José Marcos De la Rosa Así, como de los contratos identificados con la letra g, en razón de que de los mismos, únicamente se acredita la existencia de un contrato de arrendamiento celebrado entre los quejosos en su carácter de arrendadores con Esperanza y Yadira de apellidos Pérez Sánchez, en su calidad de arrendatarias, de una habitación ubicada dentro de la fracción del lote de terreno marcado con el número 12, manzana 234, sección F, de la Colonia Santa Cruz, con una duración de dieciocho meses, sin que de los mismos se advierta que tengan la titularidad del inmueble antes descrito. De manera que, esas documentales no son idóneas para tener por acreditado, aun indiciariamente, su interés jurídico respecto del bien inmueble que defienden en la presente vía constitucional y por consiguiente concedérsele la protección constitucional que solicitan al no haber evidencia de la afectación al derecho de posesión que aducen. Del mismo modo, no pasa desapercibido la manifestación del quejoso Jesús Marcos Rodríguez en el sentido, de que el producto de la renta del inmueble que defiende es para continuar sus estudios a nivel profesional; lo cual, si bien realizó bajo protesta de decir verdad, ésta sólo es un requisito establecido por el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, y no cuenta por sí mismo con el carácter de medio de prueba, puesto que, como se adelantó resulta necesario acreditar la posesión del inmueble del cual afirma, pretenden desposeerlo. Asimismo, por cuanto a la prueba testimonial ofrecida por el quejoso Jesús Marcos Rodríguez, con cargo a Yadira Pérez Sánchez, la cual se valora en términos del artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en nada beneficia al quejoso de referencia, en razón de que de las preguntas formuladas así como las respuestas otorgadas por la citada ateste, no se encuentran encaminadas a demostrar que tenga la posesión de la fracción del lote de terreno marcado con el número 12-D, manzana 234, sección F, de la Colonia Santa Cruz que aduce se le quiere desposeer, sino que únicamente, a obtener el nombre de sus padres y de su abuelo paterno, la relación que con ellos tenía, si actualmente viven, a que se dedica actualmente, la calidad con que habita en el inmueble de referencia, a quien le paga la renta así como el monto, desde cuando vive ahí, y como solventa sus gastos personales. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis sustentada por el Primer Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ubicada en la página 1558 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Julio de 2005, Novena Época, que dice: "TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU VALORACIÓN SE RIGE POR LA SANA CRÍTICA. De acuerdo con los artículos 197 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el sistema de valoración de pruebas que rige la apreciación de la prueba testimonial en el juicio de amparo, es el denominado sana crítica, en el que el juzgador tiene libertad para razonar el valor de esa prueba, pero está obligado a hacerlo bajo las reglas de la lógica -lo que implica el principio de no contradicción y de racionalidad interna de la decisión probatoria, ya que su coherencia es una condición mínima de su aceptabilidad-, y de la experiencia -que alude a la existencia de un criterio que goza de amplio consenso en la cultura media del lugar y tiempo en que se formula la decisión, criterio que establece "lo que sucede normalmente" y que, en función de ello, permite construir una inferencia que va de un hecho conocido a uno ignorado-, para así evitar la arbitrariedad." Igualmente, respecto de la prueba de informe con cargo a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero así como del Notario Público Número Catorce del Distrito Judicial de Tabares, en razón de que de lo informado por la primera autoridad en cita, únicamente se obtiene que Maurilio Marcos Méndez es usuario del servicio de agua potable con número de servicio 11024821, desde del año mil novecientos cincuenta, que los recibos derivados de dicho servicio son enviados al domicilio ubicado en Callejón Hermenegildo Galeana 12, Colonia Santa Cruz, en esta ciudad y por cuanto hace a la segunda autoridad en cuestión únicamente informo que en el acta pública número 3990 de siete de febrero de mil novecientos noventa y uno, obra la ratificación de firmas del contrato de cesión de derechos celebrado entre José Marcos de la Rosa y Maurilio Marcos Méndez, de ahí que no sean aptas para demostrar la posesión que aducen tener respecto del bien inmueble descrito en el párrafo anterior. Por otra parte, la prueba de inspección judicial rendida dentro de este juicio, debidamente desahogada por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, en base a los puntos que solicitó el quejoso Jesús Marcos Rodríguez, tal y como se advierte de las constancias del sumario (fojas 140-143), no es prueba idónea para acreditar la posesión material, ni mucho menos la jurídica, esto en atención a la naturaleza de tal medio de convicción, a través del cual se comprueba por medio de los sentidos la existencia de determinados hechos o circunstancias que en el momento de su desahogo existen, aunado a que de la misma únicamente se dio fe de la existencia y ubicación de la fracción del lote de terreno marcado con el número 12, manzana 234, sección F, de la Colonia Santa Cruz, de las construcciones que existen así como del material de que están hechas, que existen diversas habitaciones que se encuentran habitadas, que el acceso por el que ingreso la fedataria de la adscripción es el único que sirve de paso a sus moradores, pero en el caso la posesión requiere de una observación permanente, que no puede realizarse en una diligencia dada su duración tan limitada, es decir, no puede ser justificada por una simple inspección transitoria, cobrando vigencia la tesis de jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 77, Mayo de 1994, página 71, Octava Época, que literalmente establece: "POSESION. LA INSPECCION OCULAR NO ES APTA PARA PROBARLA. La inspección ocular no es suficiente para acreditar el hecho de la posesión de un inmueble, puesto que su única finalidad es que el juez mismo compruebe por sus sentidos la existencia de determinados hechos o circunstancias que en momento alguno se dicen existen, pero como la posesión requiere de una observación permanente, que no puede realizarse en una diligencia dada su duración tan limitada, no puede ser justificada por una simple inspección transitoria". Lo anterior es así, porque para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Bajo ese contexto, como los quejosos no demostraron con alguna prueba fehaciente la causa generadora por virtud de la cual detentan la fracción del lote de terreno marcado con el número 12-D, manzana 234, sección F, de la Colonia Santa Cruz, y por ende debe concluirse que la orden de desposesión que reclaman con motivo de la sentencia definitiva dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete en el juicio ordinario civil reivindicatorio 254/2016-3, no afecta en forma directa algún derecho legítimamente tutelado en su favor, esto es, para que los quejosos acrediten su interés jurídico, no es suficiente que el acto reclamado les perjudique materialmente, pues es menester que esté relacionado con alguna causa o prerrogativa protegida por la ley, tangible en forma directa y fehaciente; lo que en todo caso coloca a la posesión que detentan fuera del marco de la protección constitucional. Esto, ya que en casos concretos como el que se analiza, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien se dice titular de un bien, sino que se requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en análisis, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 340, publicada en la página 288, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, establecida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente señala: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: UNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 226/2018 y su acumulado 284/2018 por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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