Carlos Manuel Yam Leon

Expediente 1214/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1214/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Manuel Yam Leon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo número 1214/2023-VII-A, promovido por Carlos Manuel Yam León, en contra de los actos que reclama de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el mismo día, compareció Carlos Manuel Yam León, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán con sede en esta ciudad, y otra autoridad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, así mismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: De la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad: La resolución de diecinueve de julio de dos mil veintitrés mediante la cual no admitió el recurso de apelación que interpuso contra la exclusión de diversas pruebas que ofreció el hoy quejoso. Del Juez del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Kanasín: Como consecuencia de la resolución emitida por la Segunda Sala, la remisión del auto de apertura a juicio oral al Tribunal de Enjuiciamiento. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y a la Juez del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Kanasín, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (registros 13747 y 13833, respectivamente), lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañaron a los mismos. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el numeral 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 173, fracciones XVI y XIX, del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que los actos reclamados, no son de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Ciertamente, los numerales citados disponen lo siguiente en las partes aludidas: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. . ." "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: [.] Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral [. . .] XVI. No se permite interponer los recursos en los términos que la ley prevea respecto de las providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzca indefensión; [. . .] XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo. [.]" Lo anterior se afirma toda vez que el acto reclamado constituye una infracción de índole procesal que no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos de la parte quejosa, de modo tal, que la afectación que reclama no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio de origen, por haberse consumado irreparablemente en el disfrute del derecho fundamental de que se trate, teniendo en cuenta que el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales o meramente formales (es decir, únicamente se afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal), que sólo inciden en la posición que van tomando las partes en el procedimiento con miras a obtener sentencia favorable en él, por lo que de ser así, la infracción cuestionada desaparece sin dejar alguna huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Ello es así, ya que el hecho de que la Sala responsable no hubiere admitido el recurso de apelación que interpuso contra la exclusión de diversas pruebas que ofreció el directo quejoso dentro de la causa penal 72/2022 del índice del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Estado, por haber sido presentado de manera extemporánea; no le causa perjuicio en algún derecho sustantivo consagrado en la Constitución o los Tratados Internacionales. A más de que ello no implica en forma necesaria que la resolución con la que culmine el procedimiento de que se trata vaya a ser contraria a sus intereses, pues aún existe la posibilidad de que le sea benéfica, aspecto en que descansa la calificativa de que no se está en presencia de un acto de imposible reparación. Asimismo, cabe señalar que en el caso de que la sentencia con que culmine el procedimiento de origen, sea adversa a los intereses de la parte impetrante del amparo, las infracciones procesales de mérito serán combatibles al promoverse, en su caso, el juicio de amparo directo en su contra, por afectar sus defensas al trascender al resultado del fallo, acorde a lo dispuesto en los ya citados artículos 170, fracción I, y 173, fracciones XVI y XIX de la Ley de Amparo, que estatuyen, el primero, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Y el segundo numeral comentado, dispone que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se desechen los recursos, esto es, no se permita interponer los recursos en los términos que la ley prevea, así como en los demás casos análogos, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Es aplicable la Jurisprudencia 29/89, consultable en la página 837, del Tomo IV, Segunda Parte, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de la Compilación de Jurisprudencia por "Contradicción de Tesis", cuyo sumario reza: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto contra actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo efecto de que quien lo sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de reparación en amparo indirecto." De tal manera, que el acto reclamado en cita, en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no ser un acto de imposible reparación, en su contra resulta improcedente la promoción del juicio de amparo. Para justificar la aseveración anterior, debe decirse que atendiendo a lo dispuesto en la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que, conforme al artículo 107, fracción V de la Ley de la Materia, el juicio constitucional procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que sean de imposible reparación. Es decir, cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no cuando se vulneren derechos adjetivos, como en el particular, en el que la parte impetrante reclama la resolución de diecinueve de julio de dos mil veintitrés mediante la cual no se admitió el recurso de apelación que interpuso contra la exclusión de diversas pruebas que ofreció en la causa penal de origen, teniendo como consecuencia la remisión del auto de apertura a juicio oral al Tribunal de Enjuiciamiento. De ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, 170 fracción I y 173 fracciones XVI XIX, del propio ordenamiento legal y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Precisión sobre expedición de copias. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Carlos Manuel Yam León, respecto del acto que reclama de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán con sede en esta ciudad, y a la Juez del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Kanasín, precisado en el considerando cuarto de este fallo, por los motivos ahí indicados. SEGUNDO.- Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día veinticinco de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Guillermo Bacab Pech, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo de cuenta, agréguese el escrito signado por Carlos Manuel Yam León, directo quejoso en el presente asunto, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento realizado el veinticinco de septiembre último, proporciona el domicilio donde puede ser emplazada la tercero interesada ********************, sito en el predio marcado con el número trescientos setenta y seis letra A, de la calle sesenta y seis, por treinta y nueve y cuarenta y uno, de la colonia Centro, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, por conducto de uno de los actuarios judiciales de este tribunal, emplácese a la citada tercero interesada al presente juicio en el domicilio señalado para tal efecto, con entrega de copia simple del escrito de demanda, así como copia autorizada del auto de admisión y del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio, si así conviniere a sus intereses. Indicándole que por auto de veintinueve y treinta de agosto de esta anualidad, se dio vista a las partes de los informes justificados y constancias remitidas por las autoridades responsables. Hágasele de su conocimiento a la referida tercero interesada que la audiencia constitucional está señalada para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a la tercero interesada ******************** y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que de la razón actuarial de nueve de agosto actual, levantada por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, se advierte que, por los motivos expuestos, no le fue posible notificar y emplazar a juicio a la tercero interesada Fátima del Rosario Yam Puch, como está ordenado en proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia: Prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, proporcione el domicilio actual y correcto donde pueda ser emplazada a este juicio la tercero interesada en cita, diverso al que anteriormente se ordenó acudir. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo otorgado para tal efecto, se procederá conforme a lo dispuesto en la primera parte del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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