Carlos Manuel Serrano Flores

Expediente 91/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
91/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
16/12/2020

Partes del expediente

  • Carlos Manuel Serrano Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta y, toda vez que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el ocho de octubre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin haberlo hecho, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se SOBRESEYÓ respecto de todos los actos reclamados, toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Haciéndose la precisión que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, catorce de octubre de dos mil veinte. Ténganse por recibidos los escritos de **********, apoderado legal del quejoso ********* mediante los cuales, con el primero solicita acceso al expediente en línea a través del usuario ****** y correo electrónico *********** y con el segundo realiza diversas manifestaciones. Por tanto, con fundamento en los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el numeral 3 de la Ley de Amparo,se autoriza al ocursante, con usuario ******, para consultar el presente expediente en línea, toda vez que dicho usuario se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; se toma nota de lo manifestado por el ocursante y se gira atenta indicación a los Actuarios adscritos a este Juzgado, así como al Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para realizar el trámite correspondiente a efectos de cumplir materialmente dicha autorización y a tomar las medidas conducentes, para que el expediente electrónico esté conformado con todas las constancias del expediente físico, y proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. En ese sentido, se tiene por señalado el correo electrónico ********** únicamente como contacto para entablar comunicaciones no procesales. Por lo que hace al segundo de sus escritos, agréguense únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que en proveído de ocho de octubre del año en curso, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Finalmente, agréguese a los presentes autos el oficio y anexo del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del emplazamiento de la parte demandada ***************** Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en acuerdo de ocho de octubre de este año, se tuvo por recibida dicha constancia y se acordó lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, ocho de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en proveído de nueve de septiembre de este año, remite copia certificada del emplazamiento de parte demandada ********** ordenado en auto de catorce de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral ****. Ahora bien, se advierte de autos que la demanda de amparo fue promovida por ****** en representación de *******en contra el acto y autoridad que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad. 2. Presidente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad 3. Actuario de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad ACTO RECLAMADO: La omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral **** así como la fijación de la audiencia de conciliación demanda y excepciones fuera del término de quince días que establece el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo. Precisado lo anterior, es necesario indicar que con apoyo en el artículos 63, fracción V de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún elemento de prueba pudiera desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." 1 En la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, del texto siguiente: ".De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Al respecto, puede citarse como apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." II. Argumento del sobreseimiento. Ahora bien, el impetrante de amparo señaló como acto reclamado: la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral ****, así como la fijación de la audiencia de conciliación demanda y excepciones fuera del término de quince días que establece el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo. Establecida la premisa y sus alcances, precisa destacar que de las constancias que obran en autos, se aprecia: que por acuerdo de catorce de septiembre del año en curso, la Junta responsable ordenó el emplazamiento de la demandada *****, dejando subsistente las ocho horas con treinta minutos del siete de octubre actual, para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral ****; asimismo, la referida autoridad responsable, adjuntó al oficio de cuenta, copia certificada de la constancia de emplazamiento realizada a la nombrada demandada, efectuada el veintidós de septiembre último, documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Lo que pone de manifiesto que la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral ***, así como la fijación de la audiencia de conciliación demanda y excepciones fuera del término de quince días que establece el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, ya no está vigente al haber desaparecido de manera total e incondicional sus efectos, sin que dejara huella en la esfera jurídica del justiciable, lo que trae como consecuencia la reposición del quejoso en el goce de sus garantías individuales que consideró vulneradas con el acto reclamado, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J.205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:2 "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, página 605. demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Sin que sea necesario para ello, dar vista a la quejosa con el contenido del oficio, del que este órgano de control constitucional advirtió la causa de improcedencia, dado que a nada práctico conduciría si se toma en cuenta que ya se ha emplazado a la parte demandada y la audiencia no fue postergada. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis de jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), con número de registro 2007920, de la décima época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta de carácter obligatoria, acorde a lo dispuesto en el 217, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia.". Por consiguiente, este Juzgado de Distrito, decreta de oficio, fuera de audiencia, el SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Ahora bien, no obstante, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente resolución, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE OCHO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, ocho de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en proveído de nueve de septiembre de este año, remite copia certificada del emplazamiento de parte demandada ********** ordenado en auto de catorce de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral ****. Ahora bien, se advierte de autos que la demanda de amparo fue promovida por ****** en representación de *******en contra el acto y autoridad que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad. 2. Presidente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad 3. Actuario de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad ACTO RECLAMADO: La omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral **** así como la fijación de la audiencia de conciliación demanda y excepciones fuera del término de quince días que establece el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo. Precisado lo anterior, es necesario indicar que con apoyo en el artículos 63, fracción V de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún elemento de prueba pudiera desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." 1 En la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, del texto siguiente: ".De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Al respecto, puede citarse como apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." II. Argumento del sobreseimiento. Ahora bien, el impetrante de amparo señaló como acto reclamado: la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral ****, así como la fijación de la audiencia de conciliación demanda y excepciones fuera del término de quince días que establece el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo. Establecida la premisa y sus alcances, precisa destacar que de las constancias que obran en autos, se aprecia: que por acuerdo de catorce de septiembre del año en curso, la Junta responsable ordenó el emplazamiento de la demandada *****, dejando subsistente las ocho horas con treinta minutos del siete de octubre actual, para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral ****; asimismo, la referida autoridad responsable, adjuntó al oficio de cuenta, copia certificada de la constancia de emplazamiento realizada a la nombrada demandada, efectuada el veintidós de septiembre último, documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Lo que pone de manifiesto que la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral ***, así como la fijación de la audiencia de conciliación demanda y excepciones fuera del término de quince días que establece el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, ya no está vigente al haber desaparecido de manera total e incondicional sus efectos, sin que dejara huella en la esfera jurídica del justiciable, lo que trae como consecuencia la reposición del quejoso en el goce de sus garantías individuales que consideró vulneradas con el acto reclamado, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J.205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:2 "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, página 605. demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Sin que sea necesario para ello, dar vista a la quejosa con el contenido del oficio, del que este órgano de control constitucional advirtió la causa de improcedencia, dado que a nada práctico conduciría si se toma en cuenta que ya se ha emplazado a la parte demandada y la audiencia no fue postergada. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis de jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), con número de registro 2007920, de la décima época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta de carácter obligatoria, acorde a lo dispuesto en el 217, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia.". Por consiguiente, este Juzgado de Distrito, decreta de oficio, fuera de audiencia, el SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Ahora bien, no obstante, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente resolución, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

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