Carlos Manuel Jaramillo Reyes

Expediente 820/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
820/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Carlos Manuel Jaramillo Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciocho de noviembre de dos mil veinte . Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Causa ejecutoria sentencia o acuerdo. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo hubiere recurrido la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio de amparo solicitado, por lo que es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general conjunto. Devolución cuadernos de pruebas. Por último, toda vez que mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte se ordenó formar dos cuadernos de pruebas, y resulta innecesaria la retención de dichas constancias, se ordena devolverlas a la autoridad que las????????????? remitió, a efecto de que sea ella quien acuerde lo que en derecho corresponda en relación con su destino. Notifíquese.

  2. Principal

    SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se tiene por recibido el escrito remitido y firmado vía electrónica por ****, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones relativas al cumplimiento dado por la responsable a la sentencia dictada en autos. Por otra parte, solicita se aperture el incidente innominado; por tanto, toda vez que existe oposición por parte del quejoso respecto de las cantidades que aducen las responsables le deben liquidar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66, 67 y 193 cuarto párrafo de la Ley de Amparo, tramítese incidente innominado para determinar el monto que debe devolverse al quejoso en términos de la sentencia dictada en el presente juicio; en tal virtud, dése vista a las partes, para que en el plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se les haga, realicen las manifestaciones que a su interés legal convenga. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 44/2007 (9a.), integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SI EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CONCESORIA DE AMPARO REQUIERE LA DETERMINACIÓN DE UNA CANTIDAD LÍQUIDA NO PRECISADA POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBE DEVOLVÉRSELE EL EXPEDIENTE A FIN DE QUE SE ALLEGUE DE TODOS LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE PERMITAN SU CUANTIFICACIÓN Y, POR ENDE, DICHO CUMPLIMIENTO. Si entre los efectos de la concesión del amparo se encuentra la devolución de una cantidad líquida a la parte quejosa, el juez de Distrito debe allegarse de los elementos necesarios para individualizarla, lo cual es una condición previa para iniciar el procedimiento de ejecución de la sentencia, pues de ello dependerá que las autoridades responsables puedan acatar la ejecutoria de amparo. En consecuencia, si el monto de la cantidad que debe entregar la autoridad responsable no está determinada por el juez de Distrito, lo procedente es devolverle los autos a efecto de que provea lo necesario para dar cumplimiento a dicha ejecutoria, mediante la determinación precisa de la cantidad que debe devolverse a la quejosa"1. Ahora bien, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de pronunciarse sobre la interlocutoria correspondiente y contar con los elementos oportunos, se requiere a las autoridades responsables Encargado del Área de Asuntos Internos de la Secretaría de Vialidad del Estado de Jalisco (ahora Secretaría de Transporte), la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco (ahora Secretaría de Transporte), y el Director General Jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y atendiendo a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público en atención al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución, 192 y 196 de la Ley de Amparo, proporcione la siguiente información y remita constancia donde se desprenda lo siguiente: 1. Indiquen el salario nominal que percibía el quejoso hasta antes de ser cesado de sus funciones. 2. Informen, con precisión la fecha de ingreso así como la fecha en que incurrió el cese en sus funciones. 1 Publicada en la página 452, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. No. de Registro 160036. 3. Cuáles son las prestaciones y/o gratificaciones que recibía el quejoso hasta antes de ser cesado de sus funciones. 4. Los aumentos o incrementos correspondientes a dicho salario, así como de las prestaciones o gratificaciones al día de hoy. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción,2 en cuyo caso, si no cumplen con la sentencia de amparo aun después de habérseles impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 70/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por CIEN el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta pesos 49/100 moneda nacional). Ahora bien, en atención a las pruebas que aporta en su escrito de cuenta, lo conducente es desechar las mismas, dada la falta de idoneidad para el objeto que se propusieron, por lo que resulta innecesario su desahogo. En efecto, si bien el artículo 119 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de que las partes oferten toda clase de pruebas, ello no es irrestricto, pues además de sujetarse a una temporalidad y forma de ofrecimiento, se encuentran limitadas que 2 En términos del artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación. cumplan con los principios de pertinencia e idoneidad. El primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. Por su parte, el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar o desahogar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Al respecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez"3. Asimismo, resulta aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis I.1o.A.14 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia"4. 3 Época: Novena Época, Registro: 189894, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 41/2001, Página: 157 4 Publicada en la página 1888, Tomo XXIII, Febrero de 2006, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. No. de Registro 175823. Dicho lo anterior, se tiene que las pruebas que la parte quejosa pretende sean desahogadas, dada la falta de idoneidad para el objeto que se propusieron, origina que resulte innecesario su desahogo, en razón de los efectos con los que se concedió la ejecutoria dictada en autos y que el objeto que se propone demostrar con dichas probanzas no guardan relación directa con la Litis. De ahí que se sostenga que no reúnen los principios de pertinencia e idoneidad a que se hace mención, por tanto, se desechan las pruebas que ofrece en su ocurso de cuenta. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio que suscribe la Delegada del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dos de septiembre de dos mil veinte, remite los datos solicitados por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Jalisco "2", por tanto, téngase a la autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento en mención y se deja sin efectos el apercibimiento ahí realizado. En razón de lo anterior, se ordena remitir a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Jalisco "2", copia simple de los anexos allegados al oficio de cuenta, a efecto de que lleve a cabo la encomienda ordenada en proveído de cuatro de agosto de dos mil veinte; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 9,286 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano