Carlos Manuel Hernandez Rangel
Expediente 880/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Manuel Hernandez Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN CINCO AÑOS. SIN QUE OBREN DOCUMENTOS EN EL MISMO NI SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. EL INCIDENTE ORIGINAL ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EN CINCO AÑOS. EL INCIDENTE DUPLICADO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN SEIS MESES. GLÓSESE A LOS MISMOS COPIA DE ESTE ACUERDO.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo 880/2019-IV, promovido por CARLOS MANUEL HERNÁNDEZ RANGEL, por conducto de su madre Erika Araceli Rangel Cruz, contra actos de los Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscritos al Centro Integral de Justicia Penal Regional, Sala sede San Luis Potosí, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Feminicidios y Homicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Titular de la Dirección de Métodos de Investigación en el Estado, y Director General de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnada ese mismo día a este Juzgado CARLOS MANUEL HERNÁNDEZ RANGEL, por conducto de su madre Erika Araceli Rangel Cruz, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que hizo consistir en: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Como autoridades ordenadoras: 1. CC. JUECES DE CONTROL Y DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL ADSCRITOS AL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL REGIONAL, SALA SEDE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 2. C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. Autoridades con domicilio conocido en esta ciudad. Como autoridades ejecutoras: 3. TITULAR DE LA DIRECCION DE MÉTODOS DE INVESTIGACION EN EL ESTADO, antes POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 4. C. DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. Autoridades con domicilio conocido en esta ciudad. IV.- ACTO RECLAMADO.- de las autoridades ordenadoras reclamo la orden de APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN, PRESENTACIÓN, DETENCIÓN, RETENCIÓN o COMPARECENCIA, CATEO y/o ARRAIGO, dictada en mi contra. De las autoridades ejecutoras reclamo la ejecución material de dicha orden". SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa aduce se afectan en su perjuicio los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar el incidente de suspensión respectivo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 35 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción IX y cuarto fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda de amparo se promovió dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, mientras que su escrito de demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el dos de septiembre siguiente, esto es, al primer día hábil. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto que constituye la materia de estudio del juicio de amparo. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la tesis transcrita el alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió el Juez de Distrito debe corregirlo, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar la orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, detención, retención o comparecencia, cateo y/o arraigo, dictada en su contra y su ejecución. CUARTO. Actos inexistentes. Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que esas negativas se encuentren desvirtuadas con prueba alguna en contrario. Por tanto al no acreditarse en autos la existencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese.
- Incidental
V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 880/2019-IV, promovido por CARLOS MANUEL HERNÁNDEZ RANGEL, por conducto de su madre Erika Araceli Rangel Cruz, contra actos de los Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscritos al Centro Integral de Justicia Penal Regional, Sala sede San Luis Potosí, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Feminicidios y Homicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Titular de la Dirección de Métodos de Investigación en el Estado, y Director General de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado, CARLOS MANUEL HERNÁNDEZ RANGEL, por conducto de su madre Erika Araceli Rangel Cruz, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que hizo consistir en: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Como autoridades ordenadoras: 1. CC. JUECES DE CONTROL Y DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL ADSCRITOS AL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL REGIONAL, SALA SEDE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 2. C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. Autoridades con domicilio conocido en esta ciudad. Como autoridades ejecutoras: 3. TITULAR DE LA DIRECCION DE MÉTODOS DE INVESTIGACION EN EL ESTADO, antes POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 4. C. DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. Autoridades con domicilio conocido en esta ciudad. IV.- ACTO RECLAMADO.- de las autoridades ordenadoras reclamo la orden de APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN, PRESENTACIÓN, DETENCIÓN, RETENCIÓN o COMPARECENCIA, CATEO y/o ARRAIGO, dictada en mi contra. De las autoridades ejecutoras reclamo la ejecución material de dicha orden" SEGUNDO. Las autoridades responsables, al rendir sus correspondientes informes previos, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que esa negativa se encuentre desvirtuada en autos con prueba alguna en contrario; por tanto, lo procedente es negar la suspensión definitiva que se solicita. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la Tesis de Jurisprudencia número 286, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por CARLOS MANUEL HERNÁNDEZ RANGEL, por conducto de su madre Erika Araceli Rangel Cruz, respecto de los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando primero de la presente resolución, por los motivos expuestos en el diverso segundo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por CARLOS MANUEL HERNÁNDEZ RANGEL, por conducto de su madre Erika Araceli Rangel Cruz, personalidad que se le reconoce en términos de la documental que acompaña, contra actos de los Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscritos al Centro Integral de Justicia Penal Regional, Sala sede San Luis Potosí, y de otras autoridades; con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; 1°, 108, 110, 115, 116 y 117, y relativos de la Ley de amparo, se admite la demanda en sus términos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 880/2019-IV. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión que se solicita, y agréguese copia autorizada de este auto a los cuadernos incidentales, para los efectos legales a que haya lugar. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita. Requiérase a las responsables para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remitan las constancias a que alude el artículo 117 de la Ley de la materia, remitiendo el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que haya tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, acompañando el índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya emitido el acto reclamado, así como copia certificada de la constancia escrita a que se refiere el artículo 67 de Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Asimismo, solicítese a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 64 de la Ley de la materia; en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, y el 251 de la citada ley, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) con la denominación que indica, no exista(n) con fundamento en el artículo 5, fracción II, de la citada ley, sin diverso acuerdo, se le(s) tendrá como inexistente(s), no se le(s) dirigirá(n) comunicaciones procesales, y se suspenderá toda comunicación con la(s) misma(s), y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o designación correcta. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la legislación invocada, a Juan Carlos Coronado Ayala y Magdalena Hernández Solís, quienes tienen registradas sus cédulas profesionales números 1544238 y 7575549, respectivamente, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del citado numeral a Carlos Daniel Coronado Sánchez, Araceli Yareni García Salas, Valeria Hernández Coronado y Nancy Karina Contreras Cuervas, toda vez que los dos primeros no tienen registradas sus cédulas profesionales en el aludido sistema y las restantes por así haberlo solicitado expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese.
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