Carlos Manuel Cabrera Perez
Expediente 2353/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2353/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Carlos Manuel Cabrera Perez
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada y admitió la demanda de amparo que se le remitió. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido el presente cuadernillo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 2 susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se declinó la competencia y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se remitió por incompetencia el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes. Ahora bien, de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), se advierte que fue al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a quien le correspondió conocer del juicio de amparo 2353/2019, de nuestro índice, reservándose su admisión hasta en tanto el juzgado responsable rindiera su informe justificado. Por lo tanto, solicítese atentamente al citado Tribunal de Alzada para que de no existir inconveniente legal alguno informe sí aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Lo anterior para efectos de proveer en definitiva respecto del expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
MESA VI-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de la demanda de amparo signado por Carlos Manuel Cabrera Pérez, contra actos de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 02, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La resolución emitida por la Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 02 Tapachula, con sede en esta ciudad, emitida en el toca 146-B1P02/2014 subsecuente, 1/2015 dictada en el expediente 450/2013 del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Establecido lo anterior, este Juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, atento a que el acto que se reclama no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo en la vía indirecta, pues como lo refiere el propio peticionario de amparo, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria, y por supuesto se trata de una resolución que pone fin a la controversia de origen, cuya competencia, como a continuación se justifica, corresponde en amparo directo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con sede en Tuxtla Gutiérrez. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.]." Del citado precepto, se desprende que el juicio de amparo directo procede en los siguientes supuestos: Cuando se reclame una sentencia definitiva o laudo, o; Cuando el acto reclamado sea una resolución que ponga fin al juicio. Ahora bien, como se expuso en la transcripción anterior, el artículo 170, fracción I, primer párrafo de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, dispone que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de derechos humanos cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Por su parte, el párrafo segundo del citado precepto legal, establece que, se entenderán por resoluciones definitivas las que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Bajo esa óptica, el acto reclamado en esta instancia consistente en la resolución emitida por la Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 02 Tapachula, Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, emitida en el toca 146-B1P02/2014 subsecuente, 1/2015 dictada en el expediente 450/2013 del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, se trata de una determinación que, decidió en definitiva el juicio de origen en lo principal. En ese contexto, si el acto reclamado consiste en una resolución definitiva emitida por la Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, es evidente que la resolución combatida no debe reclamarse en amparo indirecto, pues como ya se dijo, constituye una resolución que al ser emitida en el toca 146-B1P02/2014 subsecuente, 1/2015 dictada en el expediente 450/2013 del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, es una resolución definitiva en el controvertido penal. En tales condiciones, este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente asunto, lo cual corresponde al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Cobra aplicación al caso, la tesis I. 1o. A. J/15, relativa a la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 87, tomo IX, marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario a la letra, dice: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto. Por lo que, tomando en cuenta que la naturaleza del acto reclamado es la de una resolución que puso fin al juicio, y considerando lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, y en consecuencia, el mismo deberá remitirse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva; al que se considera legalmente competente, para que se pronuncie al respecto, solicitándole, el acuse de recibo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable, por identidad de los preceptos de la Ley de Amparo derogada y la vigente, la tesis 2ª. CCXI/2001, publicada en la página 41, tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55. Finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda y autógrafa de este acuerdo. Habilitación de días y horas. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/6329/2019 de doce de noviembre de dos mil diecinueve, asistido por el licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.Esa
- Principal
MESA VI-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de noviembre de dos mil diecinueve. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Manuel Cabrera Pérez, contra actos del Juez Segundo del Ramo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y otra autoridad; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese bajo el número 2353/2019 VI-A. PREVENCIÓN Con la finalidad de establecer la procedencia de la acción intentada en esta vía, con fundamento en lo previsto en los artículos 112 y 108 fracciones II y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación del presente proveído o dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, por escrito, al que deberá acompañar las copias relativas necesarias para correr traslado a la totalidad de las partes en este asunto, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda conforme a lo siguiente: 1.- Deberá precisar el contenido preciso del acto reclamado, en virtud de señalar un auto de formal prisión dictado en su contra en el expediente penal 137/2013, y también refiere una sentencia definitiva dictada en la causa penal 450/2013, por lo cual, al ser dos actos reclamados que son impugnables tanto en el juicio de amparo indirecto como directo, resulta indispensable su aclaración. 2.- Indicará si contra esas determinaciones ya intentó el recurso ordinario correspondiente que prevea la ley que rige al proceso penal que menciona. 3.- Indique la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados y todos los pormenores que permitan tener una idea clara del estado procesal que guarda la controversia de origen. Los anteriores requerimientos encuentran justificación en el hecho de que, de admitirse así la demanda de amparo, propiciaría una amplia gama de incertidumbre, expectativas y opiniones respecto de cuáles son las circunstancias objetivas bajo las cuales la parte quejosa acciona este medio de control constitucional, así como los actos reclamados y autoridades responsables en los términos expuestos en este auto, lo cual tiene fundamento en lo previsto en las fracciones II a V, del citado artículo 108, de la Ley de Amparo, esto es, que deberá exponer, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado y que puedan servir de fundamento a los conceptos de violación, así como los actos y autoridades responsables; además, de no hacerlo, redundaría en la imprecisa e interminable configuración de la litis constitucional, con la consecuente inseguridad jurídica para las partes en el debido proceso del sumario de amparo, de no demostrarse exactamente los precedentes, naturaleza y sus características del acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa y ordenada a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas por las partes y autoridad responsable, este tribunal advierte que la parte quejosa Carlos Manuel Cabrera Pérez, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la propia parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el peticionario de amparo deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, en relación con la fracción II, del diverso 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del juzgado y como sus autorizados para los mismos efectos a las personas que designa toda vez que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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