Carlos Manuel Basto Arguelles

Expediente 1851/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1851/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Carlos Manuel Basto Arguelles

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME ACUERDO. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se desechó la demanda de amparo; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción IV. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida físicamente por ********************, contra actos del Fiscal en Jefe Adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en la Atención de Colaboraciones y Extravío de Documentos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, al respecto se provee: PERSONALIDAD. Sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que la parte quejosa promueve por su propio derecho. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1851/2023. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Fiscal en Jefe Adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en la Atención de Colaboraciones y Extravío de Documentos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, lo siguiente: La falta de notificación y/o comparecencia y/o citación respecto la investigación realizada contra el promovente. DESECHAMIENTO. Ahora bien, en el presente caso se considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ya que la demanda de amparo carece de la firma autógrafa, siendo que la misma fue presentada físicamente. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: (.) De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: (.) En primer término, es necesario señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. En esa medida, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como por el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona o, bien, una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular. En efecto, en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el presente caso, la demanda no cuenta con la firma autógrafa del promovente, es decir, hay total ausencia de rasgo alguno que permita establecer que en efecto ******************** suscribió la demanda de amparo; circunstancia que desde luego constituye una irregularidad en la demanda que resulta imposible subsanar en el curso del procedimiento. Pues se aprecia que presuntamente la firma que se estampó es una impresión de la misma, y no es autógrafa; por tanto no está expresa la voluntad del interesado de promover la demanda de amparo de mérito. Máxime porque es imposible prevenir ante la falta de la firma del escrito en cuestión, dado que ésta constituye un requisito esencial para el inicio del juicio, de acuerdo al principio dispositivo que rige en la materia; aunado a que no existe precepto legal en la Ley de Amparo que permita subsanar la ausencia de dicha expresión, durante el trámite del procedimiento. Ofrece sustento a lo anterior, la jurisprudencia sin número de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 181-186, Quinta Parte, página 71, que dice: (.) E ilustra respecto a la improcedencia de la prevención por falta de firma, la tesis aislada I.4o.T.59 L, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII de Diciembre de 1998, página 1049, que dice: (.)Así como la tesis 2009142, por analogía de razón, la tesis aislada XVII.7K (10ª.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III de Mayo de 2015, página 2154, que dice: (.) Aunado al hecho que de los sellos que obran en el escrito de demanda, obra asentado por el personal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, así como del Oficial de Partes de este Juzgado, que la demanda carece de firma autógrafa y que está en copia. Por tanto, en las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede DESECHAR DE PLANO la presente demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida aparentemente por ********************, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no exteriorizó en la demanda de amparo su voluntad de dar inicio a este juicio constitucional. Por lo expuesto, no procede tener por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, ni como autorizados a las personas indicadas en la demanda y tampoco la consulta electrónica del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.

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