Carlos Maniel Morcillo Herrera

Expediente 902/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
902/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Carlos Maniel Morcillo Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el alegato ministerial 467/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se niegue el amparo y protección de la justicia federal, o en su caso, se sobresea en el presente juicio de amparo y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente asunto. (...)

  2. Principal

    MESA V. Mérida, Yucatán, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, al que anexa copia certificada de las constancias conducentes del juicio laboral 1113/2018, en apoyo al mismo. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto, al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo 2003, visible en la página 386, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, en autos del juicio laboral 1113/2018. Sin embargo, de las copias certificadas que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, remitió en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, se señalaron las once horas del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en autos del juicio laboral 1113/2018 de su índice, acuerdo que fue notificado al aquí quejoso el dieciocho de junio del año en curso; esto, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia señalada para las once horas con treinta minutos del dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.(...)

  3. Principal

    MESA V.Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que está transcurriendo el término de quince días que se le concedió a la autoridad responsable mediante proveído de veintiocho de mayo del año en curso, para rendir su informe justificado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con treinta minutos del dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a la autoridad responsable, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda ala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1.(.)

  4. Principal

    MESA V. Mérida, Yucatán, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que hasta la presente fecha, la Agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especial para la Detención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, no ha rendido su respectivo informe justificado ni obra en autos constancia alguna que acredite que haya recibido el oficio 12890/2020 con el que se le solicitó, el cual se le ordenó reenviar por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con cincuenta minutos del veintidós de junio de dos mil veintiuno, a fin de dar oportunidad a la citada autoridad responsable de rendir su informe justificado, toda vez que tiene su domicilio fuera de la residencia de este juzgado. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones en este asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire a través del correo electrónico janeth.chavarria@pgr.gob.mx y por la vía telegráfica, requiérase a la autoridad referida, para que dentro del término de tres días informe a este Juzgado, la fecha en que recibió el referido oficio y rinda su informe justificado solicitado en el mismo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese.

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