Carlos Maldonado Mendoza
Expediente 704/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Maldonado Mendoza
- Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
.... Vista la diligencia de ratificación practicada por la Actuaria de la adscripción, de la que se desprende que compareció a ratificar el desistimiento del presente juicio, Thania Yareli Ruiz García, en suplencia por ausencia de la Directora de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, en representación del quejoso Carlos Maldonado Mendoza, Secretario de Finanzas y Administración en el Estado, con sede en esta ciudad; representación que se advierte de las facultades que la ley le otorga a la Directora de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de dicha Secretaría, quien legalmente puede ser representada por algún Jefe del Departamento de esa Dirección en su ausencia; como ocurre en el caso, con fundamento en los artículos 6, fracción II, inciso ,K) numeral 1, 10 fracción III, 63, 65 y 69 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el 14 de octubre de 2017; Apartado IX funciones específicas, 1.11 Dirección General Jurídica, apartado 1.11.1 subapartado 1.11.1.1, numerales 1, 5 y 9 del Manual Administrativo de Organización de la Secretaría de Finanzas y Administración, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 17 de septiembre de 2018. Aunado a que, el cargo de Jefa del Departamento de Juicios Fiscales, lo ejercía, al momento de presentar la demanda origen de este juicio, Bertha Alicia Álvarez Jiménez, lo cierto es que dicho cargo ahora lo ejerce Thania Yareli Ruiz García, quien presentó el escrito de desistimiento y compareció a ratificar el contenido y la firma de su escrito presentado el veintitrés de julio del año en curso, en la oficialía de partes de este juzgado, mismo que en proveído del veinticuatro de los actuales, se reservó acordar en cuanto al fondo, consecuentemente, se tiene a la promovente, dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló en el auto de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve y se ordena proveer respecto a su escrito señalado en líneas precedentes. En efecto, la promovente en cita, en el ocurso de que se trata, desiste de este juicio de amparo en nombre de la representante del aquí quejoso, el cual fue debidamente ratificado según aparece de la constancia levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, el veinticinco de julio del presente año. Bajo esa asociación de ideas, y atento a que el desistimiento de la acción constitucional, constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; por consiguiente, el desistimiento ratificado por la Jefa del Departamento de Juicios Fiscales de dicha Secretaría, quien con ese cargo presentó la demanda de amparo origen de este juicio (no obstante que se trate de persona diversa, pues lo cierto es que se trata del mismo cargo), actualiza la hipótesis prevista en la fracción I, del ordinal 63 de la Ley de Amparo en vigor, por tanto, se decreta el sobreseimiento del presente juicio. Háganse las anotaciones que corresponden en el Libro de Gobierno, comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales consiguientes y en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Sirve de apoyo al anterior criterio la Tesis Jurisprudencial número 2a./J.33/2000, visible en la Página 147, Segundo Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Igualmente la diversa tesis publicada en la página 240, del Tomo XI correspondiente al mes de abril de 1993, octava época, del Semanario Judicial de la federación que dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo. En consecuencia, se dejan sin efectos las diez horas con cincuenta minutos del uno de agosto del año en curso, que se señalaron para la celebración de la audiencia Constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
...Agréguese el escrito signado por ..., Jefa del Departamento de Juicios Fiscales, en suplencia por ausencia de Vanessa Galicia Gutiérrez, Directora de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, en representación del Secretario de Finanzas y Administración, con sede en esta ciudad, mediante el cual en representación legal del quejoso, manifiesta que desiste del presente juicio de garantías; ahora bien, resérvese proveer lo que en derecho corresponda respecto del citado ocurso, y con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso ..., para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, comparezca ante el personal de este tribunal con identificación oficial vigente, y manifieste si ratifica el contenido del escrito de cuenta, por el cual dicha promovente se desiste en su nombre y representación, o en su caso, comparezca a ratificar dicho desistimiento la persona que legalmente acredite tener la representación legal de dicho quejoso, apercibido que de no hacerlo en el lapso concedido para tal efecto, se le tendrá por no desistido y se continuará con la tramitación del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis número 2a./J. 119/2006, publicada en la página 295, tomo XXIV, Agosto de 2006, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, del contenido siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
...Vista la razón practicada el diecisiete de julio del año en curso, por el Actuario adscrito a este Juzgado Federal, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para emplazar a juicio al tercero interesado Martín Domínguez Pérez, por los motivos que en la misma se exponen; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, proporcione el domicilio correcto y actual del citado tercero interesado, a fin de estar en posibilidad de llamarlo a juicio a deducir sus derechos constitucionales, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el lapso concedido, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la referida Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinticinco minutos del veintisiete de junio de dos mil diecinueve, señaladas para la audiencia incidental dentro del cuaderno de suspensión relativo al juicio de amparo 704/2019-IV, en audiencia pública de derecho el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión de la Secretaria licenciada Norma García Cabrera, la declaró abierta sin asistencia de las partes. La Secretaria, con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, hizo relación de constancias que obran en autos y da cuenta con el oficio DGJ/DC/4048/2019 y el pedimento 257/2019, signados en su orden, por la Jefa del Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección, en representación de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (REG. 10661 y 10667). A lo que se acuerda: agréguese el oficio DGJ/DC/4048/2019, con apoyo en el numeral 140 del ordenamiento jurídico en consulta, se tiene a la autoridad responsable rindiendo el informe previo que le fue solicitado, asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad señalando como domicilio el que indica, por ser el de su oficina principal; asimismo, designando como delegados a las personas que refiere. Por otra parte, glósese el pedimento número 257/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; atento a su contenido con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos en los términos que indica; y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, expídansele las copias simples que requiere en su pedimento de cuenta. Abierto el periodo de pruebas, se hace constar que las partes no ofrecieron prueba alguna, con lo cual se concluye dicho periodo. A continuación, se abre la etapa de alegatos, y la Secretaria hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 704/2019-IV, promovido por Bertha Alicia Álvarez Jiménez, representante legal de Carlos Maldonado Mendoza, Secretario de Finanzas y Administración del Estado, contra actos de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y otra autoridad; y, C O N S I D E R A N D O: I. La parte quejosa en su escrito de demanda señaló como autoridades y actos reclamados: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES a) ORDENADORA: LA SEGUNDA SALA ADMINISTRATIVA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. b) EJECUTORA: LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, con domicilio bien conocido en la Ciudad de Morelia, Michoacán. IV. ACTO(S) RECLAMADO(S): - De la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclama la resolución dictada con fecha 02 de abril del 2019, dentro de los autos que integran el Recurso de Reconsideración JA-R-0212/2018-II, por la cual se confirma el auto dictado con fecha 24 de abril del 2018, dentro del Juicio Administrativo Número JA-0984/2014-I, llevado ante la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. - De la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración, se reclama de dicha autoridad la ejecución de la multa impuesta mediante proveído de fecha 24 de abril de 2018, dictado dentro del Juicio Administrativo de origen Número JA-0984/2014-I.". ll. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente. Así el quejoso reclama: De la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad: 1) La resolución de dos de abril de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de reconsideración JA-R-0212/2018-II, que confirmó el proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio administrativo JA-0984/2014-I, mediante el cual le impuso al aquí quejoso una multa por la cantidad de $16,120.00 (dieciséis mil ciento veinte pesos moneda nacional). De la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración, con sede en esta ciudad. 2) ¬La ejecución de esa resolución. III. En principio, conviene señalar que para determinar la procedencia de la suspensión, de acuerdo con la técnica jurídica, debe estudiarse primeramente la certeza de los actos reclamados o los efectos o consecuencias combatidos; enseguida, si la naturaleza de dichos actos permite su paralización, después, si se satisfacen los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo y, por último, si es necesaria la exigencia de alguna garantía ante la existencia de terceros interesados, o bien alguna medida de efectividad. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 199, volúmenes 181-186, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, TÉCNICA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica en la suspensión definitiva del a678cto reclamado, deben analizarse, por su orden, las siguientes cuestiones: a) Si son ciertos los actos reclamados o los efectos y consecuencias combatidos (premisa). b) Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). c) Si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales); y d) Si es necesaria la exigencia de alguna garantía, por la existencia de terceros perjudicados (requisitos de efectividad)." IV. La Jefa del Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección, en representación de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, negó el acto reclamado; sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse, en atención a que obra en el informe previo rendido por el Titular de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, informó que es cierto que con fecha dos de abril de dos mil diecinueve, dictó resolución dentro del recurso de reconsideración JA-R-0212/2018-II, por la cual confirmó el acuerdo de veinticuatro de abril pasado, por el cual se le impuso al quejoso la multa de $16,120.00 (dieciséis mil ciento veinte pesos moneda nacional), respecto de la cual es inminente la ejecución que realizará dicha autoridad. V. Por tanto, para estar en condiciones de realizar pronunciamiento al respecto, se hace necesario analizar los requisitos legales a que hacen alusión los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo aludida, los que establecen en su orden: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso". "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." En el caso concreto, el peticionario del amparo solicita expresamente en su escrito de demanda, la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el numeral 128 en cita. Por lo que ve a la fracción II del artículo 128 en comento, también se actualiza, en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan. Por tanto, con fundamento en los artículos 130, 136, 138 y 148 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva, para el efecto de que no se haga efectiva la multa impuesta, en el proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho emitido dentro del juicio administrativo JA-0984/2014-1, y que fue confirmada por resolución del dos de abril de dos mil diecinueve, en el recurso de reconsideración JA-R-0212/2018-II, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernillos incidentales. Suspensión que en términos del primer párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo, surte sus efectos de inmediato, y se requiere a la parte quejosa para que a fin de que siga surtiendo efectos dicha medida cautelar, deberá depositar ante la autoridad recaudadora la cantidad de $16,120.00 (dieciséis mil ciento veinte pesos moneda nacional), dentro de los cinco días siguientes al en que quede legalmente notificada de la presente determinación, por cualquiera de los medios permitidos por el Código Fiscal aplicable. Ello es así, toda vez que si bien el artículo 135 de la Ley de Amparo, establece que: "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía". En el caso concreto, no se actualizan el primer y último de los supuestos antes indicados, toda vez que de la demanda de amparo, no se advierte que a la fecha la autoridad recaudadora haya embargado bienes a la aquí quejosa, y que éste haya quedado firme, así como que los bienes que en su caso se hayan embargado fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal, ni tampoco que la aquí quejosa se trate de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago de la multa. En otro aspecto, tampoco se actualiza el segundo de los supuestos señalados, en razón de que no obra en autos, prueba fehaciente que ponga de manifiesto que la multa impuesta al quejoso, excediera de su capacidad económica. En tal virtud como ya se dijo, la concesión de la medida cautelar solicitada surte sus efectos de inmediato; empero, para que siga surtiéndolos, el impetrante deberá depositar ante la recaudadora la cantidad antes precisada. Tiene aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 148/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 365, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva". Por lo expuesto y fundado en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se CONCEDE a Carlos Maldonado Mendoza, Secretario de Finanzas y Administración del Estado, la suspensión definitiva que solicita, respecto del acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando II de la presente interlocutoria, por los motivos expuestos en el último. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Norma García Cabrera, Secretario con quien actúa y da fe.
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