Carlos Maldonado Guzmán
Expediente 2363/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2363/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/12/2015
Partes del expediente
- Carlos Maldonado Guzmán
- Agente del Ministerio Público de la Federación
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y anexo, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja civil número 144 /2015; acúsese recibo, y por cuanto de la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor en su único punto resolutivo determino: ".ÚNICO: Se declara INFUNDADO el recurso de queja hecho valer por Carlos Maldonado Guzmán, contra el auto de treinta de septiembre de dos mil quince, dictado por el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro." En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponde, el informe justificado de cuenta, rendido por la autoridad señalada como responsable y con el contenido de éste, dése vista a las partes para los efectos precisados en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Como lo solicita la citada autoridad responsable, se le tiene señalando como domicilio de su parte, para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe, de igual manera, se le tiene designando como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona. . .V
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 28/09/2015 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 24/09/2015, QUE EN LO CONDECENTE DICE: V I S T O, el escrito de cuenta signado por la quejosa, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio el cuatro de septiembre de dos mil quince, en la que se determinó negar el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 88 último párrafo, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, requiérasele, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, exhiba cinco copias del escrito de mérito y expresión de agravios, así como de sus escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a las partes, tomando en consideración que en el caso resultan necesarias una para agregar al expediente en que se actúa, una para el cuaderno de antecedentes, una para correr traslado a las autoridades y dos para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado y al Tribunal Colegiado que corresponda conocer del recurso de revisión planteado, dando un total de cinco copias, siendo que en la especie, no acompaño copias al presente ocurso; apercibida que de no hacerlo en la forma y término concedido, se tendrá por no interpuesto dicho recurso, como lo dispone el precepto legal en cita. . .VI
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 01/10/2015 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 30/09/2015, QUE EN LO CONDECENTE DICE: REGISTRO DE EXPEDIENTE V I S T A la demanda de amparo promovida por , contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil de Querétaro y otras autoridades, por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, como se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo que nos ocupa, habrá de desecharse de acuerdo a lo siguiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, el acto reclamado por el impetrante de garantías, lo hace consistir substancialmente en la determinación dictada por la Juez Sexto de Primera Instancia Civil en el expediente civil 1138/201, y que versa sobre el remate sobre el bien inmueble dado en hipoteca contraída en relación a la casa habitación del impetrante de garantías, ubicada en Sagrada Familia 503, interior 40, colonia Jardines de Santiago, c.p. 76148, Querétaro; y como consecuencia, el exhorto y la notificación de la desocupación y entrega del citado bien raíz. Ahora bien, cabe traer a colación como hecho notorio, la existencia de un diverso juicio de amparo promovido por el hoy impetrante de garantías, mismo que fue radicado en este órgano jurisdiccional el veintiséis de junio de dos mil quince, bajo el número de amparo 1650/2015-IV, como se desprende de la certificación de cuenta, auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Maldonado Guzmán, en la cual señaló el mismo acto reclamado y las propias autoridades responsables que ahora señala, el cual causó estado mediante auto de catorce de julio de dos mil quince. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, que dice: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial." Así como en la Jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable a foja 1199, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, que se transcribe: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Bajo ese contexto, la presente resolución debe observar el mismo sentido de lo ya decretado con antelación en el diverso 1650/2015-iv, por lo que en el particular se actualiza el motivo de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, del propio cuerpo normativo, que se leen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.-.." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:.IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." (El énfasis es de éste órgano jurisdiccional federal) Ahora bien, como antecedentes de la demanda de amparo, y atendiendo en lo narrado por el impetrante de garantías en su diverso escrito de demanda que dio lugar al juicio de amparo 1650/2015-IV, en se advierten los siguientes: BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por conducto de su apoderado, demandó en la vía sumaria hipotecaria, de Carlos Maldonado Guzmán, entre otras cosas, el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, de dos de diciembre de dos mil ocho. En proveído de veintiocho de julio dos mil catorce, el Juez Sexto de Primera Instancia Civil de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, a quien correspondió el conocimiento del asunto, entre otras cosas, admitió a trámite la demanda, la registró con el número ******************** y ordenó al actuario de su adscripción emplazar al demandado. El uno de agosto de dos mil catorce, se llevó a cabo el emplazamiento del demandado Carlos Maldonado Guzmán, mediante cédula que se fijó en la puerta de acceso del inmueble en que se llevó a cabo la diligencia, en virtud de que el demandado, no espero a la actuaria judicial. Mediante escrito de siete de agosto de dos mil catorce, el demandado Carlos Maldonado Guzmán, realizó manifestaciones, las cuales las hizo consistir en lo siguiente: "Los motivos por los que me atrase con mis mensualidades fueron porque me. y dejaron de pagarme y tuve que demandar lo cual mi demanda va. y todavía no sale el fallo de la demanda, posteriormente quise utilizar el seguro de desempleo pero no me lo aceptaron porque como requisito me pidieron el fallo de la demanda. y me comentaron en el banco que estuviera depositando la quinta mensualidad. se me atravesaron problemas familiares y fui después de una semana. y me encontré que me habían bloqueado mi cuenta. y me encuentro con que tengo que presentarme aquí con ustedes aquí un escrito para ver que se me puede solucionar o ver de qué manera pueden considerar mi problema, mientras veo cómo la forma pagar esperando que me consideren los motivos por los cuales han sido mis atrasos por lo cual no he podido ponerme al corriente." (foja 64 del tomo de pruebas) Sin embargo, en ese escrito, el demandado no opuso excepciones ni defensas, tampoco ofreció pruebas. En auto de doce de agosto de dos mil catorce, el juez del conocimiento tuvo al demandado haciendo una serie de manifestaciones, entre las que destacó que, reconoció el adeudo y manifestó estar en la mejor disposición de dar cumplimiento a lo reclamado, por lo que al no oponer excepción alguna, podría equipararse a un allanamiento, por lo tanto, previno a esa parte procesal para que ratificara su escrito, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por hecho el allanamiento a las prestaciones reclamadas. En proveído de uno de septiembre de dos mil catorce, el juez de primera instancia, declaró la rebeldía en que incurrió el demandado, por lo que tuvo bien hecho el allanamiento a las prestaciones reclamadas por la actora. En auto de tres de septiembre de dos mil catorce, el juzgador, considerando el estado de los autos, estimó allegarse del estado de cuenta que reportara los movimientos efectuados en el crédito reclamado, tanto en pesos, como en veces el salario mínimo; ello con la finalidad de emitir una sentencia apegada a derecho. Mediante escrito de nueve de septiembre de dos mil catorce, el demandado solicitó causara estado la resolución dictada en el juicio de origen. En proveído de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el juez señaló que no había lugar a acordar de conformidad las peticiones del demandado, en virtud que de autos no se desprendía que se hubiera dictado la sentencia definitiva. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de diversos conceptos y en su resolutivo séptimo se resolvió que en caso de incumplimiento por parte del demandado, se procedería al trance y remate del bien hipotecado, previo avalúo para que con su producto se pague al acreedor lo sentenciado, en el orden de prelación establecido en el contrato y certificado de gravámenes. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, se tuvo al demandado interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de veintiuno de octubre de dos mil catorce. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, en el toca civil 15/2015 del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en su tercer resolutivo resolvió confirmar la sentencia recurrida de veintiuno de octubre de dos mil catorce. El once de diciembre de dos mil catorce, se Tuvo al apoderado de la Institución bancaria, promoviendo en la vía de apremio, la ejecución de la sentencia definitiva, y se ordenó al actuario constituirse en el domicilio del demandado, aquí quejoso, para que en un término de cinco días, diera cumplimiento voluntario a dicha sentencia; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se procedería a la ejecución forzosa, que consiste en el trance y remate del bien inmueble hipotecado. Y finalmente, continuando con la secuela procedimental el veintisiete de mayo de dos mil quince, se llevó a cabo la diligencia de remate en segunda y pública almoneda, del bien inmueble en cuestión, lo que constituye el acto reclamado. La regla específica, que es la que cobra relevancia en el caso específico, es la relativa a que de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de garantías en la vía indirecta es procedente, tratándose de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. La citada regla fue instrumentada por el legislador al expedir la Ley de Amparo, con el objetivo de evitar los abusos del juicio constitucional, es decir, impedir que este medio extraordinario de control fuera usado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal respecto a los derechos litigiosos que en ésta se decidieron, motivo por el cual la sociedad está interesada en su acatamiento sin que múltiples amparos obstaculizaran su ejecución. Tiene aplicación la Jurisprudencia PC.I.C.J/2 K (10a.), de la Décima Época, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, en septiembre de 2014, visible a página 1738, Tomo II, Libro 10, Materia Común. "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." Esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se le dé cumplimiento y por ello, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese ejecutivo, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas en la secuela procesal, que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, esto, porque en el asunto que nos ocupa aún no se ordena el otorgamiento de escrituras, por ende, se considera que aún no se trata de la última resolución dentro del remate, de ahí entonces que la determinación aquí combatida, no puede ser impugnable en el juicio de amparo que nos ocupa. La interpretación que se trae a colación, se desprende en la parte que interesa de la jurisprudencia del siguiente tenor literal: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." (Jurisprudencia 29/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 del Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época) Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencia, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta que al existir un fallo con efectos de cosa juzgada, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Consecuentemente, si en el caso que nos ocupa, el quejoso solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del auto de veintisiete de mayo de dos mil quince, en el juicio civil ********************, por la cual, el Juez de Origen señala fecha para que tenga verificativo el remate del inmueble ubicado en Sagrada Familia número 503, interior 40, colonia Jardines de Santiago C. P. 76148; en segunda y pública almoneda, y como consecuencia, el exhorto y la notificación de la desocupación y entrega del citado bien raíz, ordena a la Secretaría la expedición de los edictos de remate, es inconcuso que resulta improcedente el ejercicio de la acción constitucional, en términos de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, ni aun el en supuesto de que se pretendiera reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien que se interponga la demanda de amparo contra la última resolución en la etapa del remate, entendiendo ésta como la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, así como la entrega de los bienes rematados, ya sea que ambas resoluciones se dicten coetáneamente o no. Ello es así, porque tomadas las ideas plasmadas en las jurisprudencias arriba transcritas, puede válidamente concluirse que el acto reclamado en esta vía constitucional, no es desde luego impugnable en el amparo, en virtud de que la determinación reclamada no constituye la última resolución dictada en el procedimiento relativo, pues todavía no se ordena el otorgamiento de escrituras de los bienes inmuebles objeto de la litis. Así que no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento correspondiente, cuando se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento cuando proceda el amparo, en el cual podrá el agraviado impugnar la resolución de mérito y demás violaciones que eventualmente considere cometidas en su contra. Tiene apoyo lo anterior, en la tesis de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." (Tesis 389 C, visible en la página 1721, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Enero de 2003, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia civil del Segundo Circuito) Máxime, que de las copias simples que el propio quejoso anexó a su demanda de amparo, derivadas del juicio sumario hipotecario ********************, se advierte que efectivamente el quejoso, compareció en el juicio de origen, por lo que es evidente que si tuvo conocimiento de la instauración de este y por ende, al reclamar el remate del inmueble en litigio, debe esperar hasta el último acto en ejecución de sentencia como ya se indicó. En las anotadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV, párrafo tercero del artículo 107 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de que se trata. No se soslaya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, sería procedente el juicio de amparo indirecto. De modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución que será aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento (regla general); Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (segunda regla de excepción). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyo soma contiene: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXIII, Enero de 2011. Página: 6. Tesis: P. /J. 108/2010) Así como la jurisprudencia que estatuye: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquéllos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea este el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." (Solicitud de Modificación de jurisprudencia 32/2010, aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha dos de marzo de dos mil once.- México, Distrito Federal, tres de marzo de dos mil once) Empero, en la especie, no se actualiza ninguna de las hipótesis descritas, debido a que el reclamado no constituye un acto que sea ajeno a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la determinación, toda vez que constituye una consecuencia directa y necesaria de la sentencia que se pretende ejecutar y por tanto de determinar procedente la acción constitucional ejercitada, se afectaría la condición lógica que se persigue consistente en que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable; de donde se colige la causal de improcedencia en análisis, por lo que subsiste el sentido de este fallo. Apoya lo anterior por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia cuyo soma contiene: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." (Jurisprudencia 32/2001, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época) Así, también encuentra aplicación al respecto, por identidad jurídica substancial, la tesis cuyo tenor literal es: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del período de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." (Tesis VIII/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que publico en el Tomo VII, Febrero de 1998, visible en la página 230 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época) Finalmente cabe destacar que los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión del que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación en forma supletoria a la Ley de Amparo referida por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica la parte quejosa y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia al licenciado Elugio Arnulfo Moya Vargas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. . .VI
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