Carlos Malacara Figueroa

Expediente 1593/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1593/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Malacara Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes ejercieran ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo donde se concedió el amparo y protección solicitada para los siguientes efectos: ". Efectos de la concesión del amparo. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, primer párrafo y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es conceder a Jorge Antonio González Bravo, el amparo y la protección de la Justicia Federal, para que: 1) Deje insubsistente el emplazamiento del veintinueve de noviembre de dos mil diez, practicado al quejoso Jorge Antonio González Bravo, dentro del juicio especial hipotecario ********************, así como todo lo actuado con posterioridad. ." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable, mediante oficio 3155 de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, donde ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ******************** a partir de la diligencia de emplazamiento de veintinueve de noviembre de dos mil diez, ordenando reponer el procedimiento, y ordenó emplazar debidamente a la parte demandada al juicio natural antes mencionado; con las anteriores constancias se ordenó dar vista y correr traslado a las partes. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en atención que acreditó mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, donde ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ******************** a partir de la diligencia de emplazamiento de veintinueve de noviembre de dos mil diez, ordenando reponer el procedimiento, y ordenó emplazar debidamente a la parte demandada al juicio natural antes citado. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente el emplazamiento del veintinueve de noviembre de dos mil diez, practicado al quejoso Jorge Antonio González Bravo, dentro del juicio especial hipotecario ********************, así como todo lo actuado con posterioridad. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que mediante acuerdo de. tres de octubre de dos mil veintitrés, donde ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ******************** a partir de la diligencia de emplazamiento de veintinueve de noviembre de dos mil diez, ordenando reponer el procedimiento, y ordenó emplazar debidamente a la parte demandada al juicio natural mencionado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, digitalización, destrucción, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. En relación al incidente de suspensión: Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citado y con fundamento en el artículo 19 fracción II inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado; y en el caso del original del incidente, deberá guardarse. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado del incidente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables; además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19 fracción II inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 17, fracción III inciso b), del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es conservable, toda vez que la suspensión provisional y definitiva de la demanda se determinó concederlas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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