Carlos Macías Ortega
Expediente 148/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/02/2023
Partes del expediente
- Carlos Macías Ortega y Otros.
- Carlos Macías Ortega
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable cumplió cabalmente los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada por este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, motivo por el cual, en términos del artículo 196, párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, debe concluirse que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. En su oportunidad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, ordénese el archivo del presente expediente, como asunto concluido. Dese vista de lo anterior a la partes, para los efectos del artículo 201, de la Ley de Amparo.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Antes de proveer sobre la admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La sentencia de seis de enero de dos mil veintitrés, emitida en el toca penal 59-B-2P01/2022-JA, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por mi defensor partirucular, notificada vía mensajería instantanéa (WhatsApp) el mismo día de su emición." De igual manera, en el capítulo de antecedentes, expresó lo siguiente: (.)" En ese orden, este Órgano de Control Constitucional, considera se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes a saber. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Al respecto, es pertinente establecer la diferencia que existe entre actos de imposible reparación, violación procesal y actos intraprocesales. Los actos de imposible reparación son aquellos que generan efectos materiales sobre los derechos sustantivos de los gobernados, sean de carácter real, personal o del estado civil, tales como la vida, la libertad personal, la propiedad, papeles, posesiones, etcétera. Tiene aplicación la jurisprudencia, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE. Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." El concepto de "actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación" tiene su contrapartida en la acepción "actos intraprocesales", es decir, aquellos que no tienen sobre las personas una ejecución irreparable, en tanto producen exclusivamente efectos de carácter formal, que desaparecen sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado cuando éste logra que queden satisfechas sus pretensiones con el dictado de una resolución favorable. En cambio, las violaciones procesales están catalogadas en las fracciones I a XI del artículo 172 de la Ley de Amparo y la fracción XII establece que también tendrán ese carácter los casos análogos a las fracciones precedentes, en la inteligencia de que en modo alguno las violaciones procesales engloban el amplio concepto de "actos intraprocesales" que no se agota en aquéllas; en otras palabras, no todo acto intraprocesal contrario a los intereses de las partes constituye una violación procesal conforme al precepto citado, pues la mayoría de los efectos de aquellos actos desaparece sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado, como ocurre por ejemplo: cuando el juez admite una apelación en determinado efecto, la parte afectada no puede hacer valer ningún recurso contra esa determinación e incluso el juicio de amparo es improcedente bajo cualquier circunstancia (directo o indirecto) habida cuenta que por un lado, esa actuación tendrá que ser revisada oficiosamente por el superior del juez, quien confirmará la admisión del recurso o la desechará si estima que es improcedente, y por otro, decidirá si fue correctamente admitido en el efecto que previamente escogió el juez. Por otra parte, las violaciones al procedimiento sólo dan lugar a la promoción del amparo directo, cuando por su naturaleza trascendental y grave afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo y sólo de manera excepcional procede el amparo indirecto contra éstas cuando tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Así las cosas, no todos los actos intraprocesales que resulten adversos a las expectativas de los litigantes pueden ser catalogados como violaciones al procedimiento materia de amparo directo, y menos aún como actos de imposible reparación materia del amparo indirecto, debiéndose en todo caso apreciar las particularidades del acto reclamado. De ahí que, la regla general que impera es en el sentido de que los actos procesales no ocasionan un perjuicio de imposible reparación, en virtud de que en la mayoría de los casos, la afectación que producen no incide en los derechos sustantivos de las partes, salvo que la afectación sea de grado exorbitante que sea irreparable el daño que se cause, cuestión que en la especie no acontece; de ahí que cuando se reclaman tales actos en términos generales, el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado éste a contrario sentido, ambos de la Ley de la Materia. Ahora, de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, trascrito en párrafos precedentes, podemos advertir con meridiana claridad, que el juicio constitucional, en tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento, solo procederá el amparo cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; en ese orden de ideas, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como lo son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Sobre la base de lo antes expuesto, si el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en la sentencia de seis de enero de dos mil veintitrés, emitida en el toca penal 59-B-2P01/2022-JA, formado con motivo del recurso de apelación, por la que se confirmó el auto de apertura a juicio oral, emitido el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la causa penal 328/2021, del índice del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, por el cual, aduce la parte quejosa, existe incertidumbre de los medios de prueba ofrecidos por su contraparte, pues no se han esclarecido los hechos, los que deberán analizarse en la etapa intermedia; es inconcuso que no se trata de actos de imposible reparación, pues estos atañen a la admisión de los medios de prueba. Tiene sustento lo anterior, en la Jurisprudencia, del tenor siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." De ahí, que el acto reclamado no sea de aquéllos de los que por su naturaleza, afecten directamente derechos fundamentales o sustantivos del justiciable, tutelados por la Constitución General de la República, a través de los Derechos Humanos o las Garantías Individuales, sino que al tratarse de una determinación dictada en el proceso penal de origen, se considera como una violación intraprocesal, mismo que no causa en la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación; es decir, no es de aquéllos que cause gravamen a la parte quejosa, que no pueda repararse al momento de emitir la sentencia en el proceso de origen. Lo anterior es cuenta habida, pues todavía existe la posibilidad que dentro del procedimiento de origen, la parte quejosa, pueda obtener una resolución favorable y la violación de que se queja habrá desaparecido, y en el supuesto que la citada resolución le sea adversa a sus intereses, podrá reclamar la violación procesal ante la instancia correspondiente, que en su caso promueva contra la resolución emitida; o bien, puede combatir la violación que ataca por esta vía, por medio de los recursos ordinarios que establece la legislación aplicable. De ahí que, el acto reclamado se trata de una violación intraprocesal, supuesto en el cual no es procedente el amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, a contrario sensu y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una simple afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, sin afectar al quejoso en grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia o laudo favorable. Sirve de apoyo la tesis, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo la tesis, del rubro y texto siguientes: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: 'Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.'. Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." En esa tesitura, no es procedente en la vía biinstancial, por cuanto que ya se ha visto que de acuerdo con el referido artículo 107, fracción V, del ordenamiento anotado, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, y en la situación particular, el acto reclamado no reúne esa característica, en tanto que se trata de un acto procesal que, no tiene una ejecución de imposible reparación en la medida en que, esa decisión, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos que protegen las normas constitucionales, sino que en todo caso se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que pudiera ser reparada si los afectados obtienen sentencia definitiva favorable en dicho juicio, y de no ser así, la cuestión que ahora se plantea constituiría una violación procesal reclamable en términos del amparo correspondiente que se promoviera contra la sentencia respectiva, ya que dicha violación procesal se encuentra contenida en el artículo 171 de la Ley de Amparo, como aquéllas que se pueden hacer valer en el amparo en la vía directa. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese sentido, es evidente que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, en atención a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado. Cobra aplicación, por identidad jurídica la Jurisprudencia, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACIÓN AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." De igual manera, tiene aplicación al caso por analogía, interpretada a contrario sensu, la Jurisprudencia, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Al efecto, al advertir de la certificación de cuenta que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró registrado el usuario "javOvivas"; se autoriza la consulta del expediente electrónico con el citado usuario. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. Se faculta al quejoso y autorizado el uso de medios electrónicos, como scanner, cámara fotográfica, lectores láser, siempre y cuando, el medio que utilicen no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este Órgano Jurisdiccional, ya que de acuerdo a las políticas informáticas, este Órgano de Control Constitucional no está acreditado para introducir unidades de almacenamiento o cualquier otro que se asemeje al equipo de este Juzgado, en virtud que cualquier software malicioso dañe el sistema operativo de las máquinas, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por las razones que expone, resulta aplicable en la especie, la Tesis, del rubro y tenor siguientes: "COPIAS CERTIFICADAS. SU EXPEDICIÓN SÓLO PUEDE HACERSE EN PAPEL Y NO EN DISCO MAGNÉTICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se colige que la expedición de copias certificadas sólo podrá realizarse en papel y no en discos magnéticos, por existir impedimento para que el secretario de Acuerdos certifique a través de los medios aceptables la copia en disco flexible, tales como el cotejo material del documento original con las copias y la imposición de sellos y firma o rúbrica del funcionario de que se trata, ya que el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de que las copias son coincidentes plenamente con los documentos de donde se obtuvieron. Por otra parte, si bien del artículo 217 del ordenamiento en cita se advierte que el legislador dejó al prudente arbitrio del juzgador el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia y que, interpretado el citado artículo 278 a la luz del método evolutivo o histórico podría sostenerse que sí es factible la expedición en discos flexibles, lo cierto es que esa interpretación no es congruente con el contenido del numeral que se analiza, pues es contraria a los principios del sistema impuesto por el propio legislador en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ello aunado a que la expedición será a costa de las partes, y no podría el Juez de Distrito realizar erogación alguna para la compra de discos flexibles, ya que carece de esa facultad de disposición de los bienes de la institución, ni podría permitir la introducción de disquetes en los equipos de cómputo por el riesgo que representan los virus informáticos." Se le hace saber a las partes que intervienen en este asunto que deberá privilegiarse el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias. Asimismo, con fundamento en el artículo 123, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes, que las promociones, pruebas y alegatos pueden presentarse por escrito, por medio del Portal de Servicios en Línea, con uso de Firel; asimismo, solamente podrán hacer alegatos en forma verbal tratándose de los supuestos previstos en el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Se informa a las partes que en el Portal de Servicios en Línea https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ se encuentran disponibles las listas de acuerdos, además de información acerca de los expedientes a cargo de este Juzgado de Distrito...
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