Carlos Luna Ortiz
Expediente 238/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Luna Ortiz
Actuaciones
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 238/2020, yRESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido por la secretaria de guardia de este Juzgado de Distrito, el trece de mayo de dos mil veinte, Carlos Luna Ortiz solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y autoridades que posteriormente serán precisados. SEGUNDO. Por acuerdo de trece de mayo de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo; concedió la suspensión de plano del acto reclamado; requirió de las autoridades señaladas como responsables su informe justificados; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; así como fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 20 a 32). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables (fojas 38 y 47) la constancia de notificación al Ministerio Público adscrito a este juzgado (foja 38) y ante la inexistencia de tercero interesado, tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de una negativa que -según afirma el quejoso- es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos laborales y su derecho humano a la salud, lo que permite que sea materia de análisis en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado se emitió dentro de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa es: La negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social de ordenar su resguardo domiciliario como medida preventiva indispensable para su salud, en acatamiento de las medidas de seguridad sanitaria ordenada por causa de fuerza mayor debido a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (DOVID-19) emitidas por el Consejo de Salubridad General, publicadas el treinta de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación y sus diversas modificaciones. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El 1. Jefe de Departamento de Personal UMF 15, 2. Director, ambos adscritos a la Unidad Médica de Atención Ambulatoria de la Delegación Regional Veracruz Norte, con sede en Veracruz y 3. Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte, con residencia en Xalapa, fueron omisos en rendir su respectivo informe justificado, tal como se hizo constar mediante auto de veintiocho de agosto del año en curso (fojas 151 y 152) por el que se le requirieron las constancias que acreditaran la justificación de sus actos; de ahí que procede la presunción del acto reclamado, como al efecto estipula el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Dado que dichas responsables remitieron las constancias requeridas, a éstas se confiere plena eficacia probatoria en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el dispositivo 2°, párrafo segundo de la ley de la materia, por tratarse de uno emitido por un funcionario en el ejercicio de su encomienda. CUARTO. Cuestión previa. De manera preliminar al análisis que se realiza en el presente juicio constitucional, deben asentarse algunas cuestiones que rodearon la tramitación del presente asunto y su posterior resolución el día de hoy. El trece de mayo pasado este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo promovida por+++++ , y al efecto, se tomó como base los aspectos siguientes: a. Se destacó en principio la naturaleza urgente de atender las posibles afectaciones que el acto reclamado por el quejoso, relativos a la posibilidad de poner en riesgo su salud dado que se encuentra dentro del grupo de riesgo y vulnerable en relación con el virus COVID-19, por desempeñarse como médico cirujano en la Especialidad de Urología en el Instituto responsable, tener más de sesenta años de edad, padecer hipertensión arterial y obesidad; cuestión que desde luego se relaciona con el hecho que de no acudir a laborar sin contar con la autorización del resguardo domiciliario, ello podría ocasionar la omisión de pago de su salario, así como el despido de su fuente de trabajo. b. En ese aspecto, el suscrito estimó que se estaba ante un caso urgente, que debía tramitarse de forma inmediata, por actualizarse los supuestos de los artículos 3, 4, fracción IX, inciso a), del acuerdo general 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en el que se estableció que el catálogo de "asuntos urgentes" no era limitativo. c. Para matizar lo anterior, se sentaron como premisas las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General en relación con la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19) a saber: el Acuerdo General por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil veinte y vigente hasta el treinta de abril siguiente, en el que se recomendó que los habitantes del país permanecieran en sus casas para contener dicha enfermedad y; las Acciones Extraordinarias para atender esa emergencia, publicadas en el referido medio de difusión el treinta y uno del citado mes de marzo; de ello se concluyó que todas las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estaban obligados a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad de que se trata. d. Asimismo, se atendió a los hechos narrados en la demanda por el quejoso destacándose que el mismo se encontraba imposibilitado para acudir ante la autoridad competente en defensa de sus derechos laborales, puesto que en ese momento las Juntas de Conciliación y Arbitraje debido al fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, se encontraba en suspensión de labores. e. Se estimó suplir la queja en razón de la calidad de trabajador del quejoso. f. Además, se valoró como punto de partida para adoptar esa decisión que ante la declaración que el once de marzo de dos mil veinte, hizo la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que el coronavirus SARS-CoV2. y la enfermedad COVID-19, debían calificarse como pandemia, llamando los países a que tomaran medidas urgentes y agresivas, destacándose las medidas que tomó nuestro país y que fueron plasmadas en el acuerdo de admisión. g. De esa manera, se obtuvo que los asuntos de carácter urgente son aquellos que tienden a salvaguardar cualquier derecho constitucionalmente tutelado que pueda verse infringido con la situación de emergencia sanitaria, que dada la contingencia actual no pueden esperar a que concluya el periodo para su resolución, de modo que no se trata únicamente de actos u omisiones que deban contenerse expresamente en las disposiciones generales ya mencionadas, sino que pueden relacionarse con cualquier derecho que por la contingencia requiere de una atención apremiante, cuya apreciación y determinación queda a criterio del correspondiente órgano jurisdiccional. h. Lo que precisamente así se realizó, atendiendo a que el trabajador quejoso acudió al presente juicio constitucional, con motivo de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje se encontraban en suspensión de labores debido al fenómeno de salud pública por el que se transitaba (y que aún se transita pero sobre parámetros de una nueva normalidad) además que el acto reclamado por aquél ponían en peligro su vida y su salud, dada la situación prevaleciente ya destacada. i. Por todo ello es que se calificó la promoción del presente asunto como urgente y, en esas circunstancias excepcionales, indefectiblemente correspondía su tutela a través del Poder Judicial de la Federación, a través de las guardias que justamente se establecieron para atender casos urgentes, como indefectiblemente lo hizo este órgano jurisdiccional en el auto de admisión de la demanda de amparo con que se formó este expediente. j. Actuar proteccionista de este órgano jurisdiccional que avaló el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la queja 127/2020, en la que se corroboró la necesidad de admitir la demanda y conceder la suspensión de plano. k. No obstante lo anterior, como un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que a la fecha del dictado de esta sentencia, en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aparece publicado el boletín laboral siete de julio de dos mil veinte (y subsecuentes) mediante los que informan las acciones tomadas para reanudar la labores de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje sobre parámetros de una nueva normalidad, con lo cual, los diferentes órganos jurisdiccionales en esa materia han asumido sus respectivas funciones. l. En ese contexto, dado que han cambiado las circunstancias especiales que motivaron la admisión del presente asunto, se determina que en el presente fallo es necesario analizar la causa de improcedencia relativa a que los actos reclamados no son provenientes de autoridad para los efectos del juicio de amparo; estudio que se realizará precisamente en el considerando siguiente. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Definida la certeza del acto reclamado, técnicamente ahora es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo. MARCO NORMATIVO En el caso a examen, quien esto resuelve advierte -de oficio- que el juicio de amparo deviene improcedente, al configurarse la hipótesis que deriva del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término (61, fracción XXIII) el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que el obstáculo legal para su análisis resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos de autoridad; por lo que el tercero de los preceptos señala quiénes tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo. Lo anterior pone de manifiesto que para la procedencia de la instancia extraordinaria de amparo, es necesario que la reclamación se enderece contra una actuación de autoridad o "equivalente" a la de ésta, conforme a lo preceptuado en el artículo 5, fracción II de la ley de la materia. Así pues, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de facto o de iure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. En relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, que resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Atendiendo al caso que se examina, es oportuno traer a colación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) de organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales y b) de ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Dicho criterio ha sido matizado por la propia Segunda Sala al haber introducido una salvedad a esta regla de procedencia del juicio de amparo contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues también sostiene que cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición. Por ello, dicho Alto Tribunal es categórico en sostener que contra la respuesta otorgada no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. ANTECEDENTES Para evidenciar que se actualiza la causal invocada es menester traer a colación, que de la lectura íntegra de la demanda de amparo y las constancias remitidas por las autoridades responsables se aprecia que el quejoso se desempeña como Medico No Familiar, adscrito a la Unidad Médica de Atención Ambulatoria número 242 "Tejería". Con dicha calidad, el quejoso afirma que el trece de abril de dos mil veinte, le fue recibido un escrito dirigido al 2. Director de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria de la Delegación Regional Veracruz Norte, con sede en Veracruz, solicitando su resguardo domiciliario dado que -según estima- se encuentra en el grupo de personas con mayor riego de contagio de SARS-CoV2, debido a que padece hipertensión, sobrepeso y tiene más de sesenta años de edad. Dicho resguardo domiciliario se solicitó con fundamento en el Acuerdo que declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) emitido por el Consejo de la Salubridad General, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo del presente año. Atento a lo anterior, de la opinión técnico médica emitida por el aludido Director (fojas 157 a 159) se advierte que el área jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social denegó dicha solicitud de resguardo domiciliario, cuenta habida que del contrato colectivo de trabajo celebrado entre dicho ente público y el quejoso se aprecia que las funciones que desempeña como Médico No Familiar se desarrollan en un hospital que no atiende a enfermos de COVID-19, así como que -según consideró- el quejoso no encuadra en los supuestos de vulnerabilidad. SUBSUNCIÓN En tales condiciones, es claro que el Instituto Mexicano del Seguro Social no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que se ubica dentro de una de las denominadas relaciones de coordinación con el trabajador (en su carácter de Médico No Familiar) aquí quejoso que, como se ha visto, excluye la idea de un "acto de autoridad" que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues al caso tienen aplicación las razones expresadas por el más Alto Tribunal del país, en el sentido de que los actos que se atribuyen a los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de patrón, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. De ahí que la controversia entre el Instituto y el impetrante de amparo, quien acude a esta instancia extraordinaria con el carácter de Médico No Familiar adscrito a ese nosocomio, se trata de un asunto que debe ser dirimido en sede ordinaria en el que el Instituto funge como patrón y el quejoso como trabajador, lo que desde luego implica que se encuentran en una relación de coordinación. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y con fundamento además en el arábigo 74, fracción VI, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Luna Ortiz, contra el acto reclamado y autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones que se expresan en el diverso quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando sexto de esta resolución.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la apoderada legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del 3. Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte, de la ciudad de Xalapa, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 119 la Ley de Amparo, téngasele como pruebas de su parte, las documentales que fueron dejadas a vista mediante proveído de siete de octubre del presente año, como instrumental de actuaciones, sin que haya necesidad de dejar a vista dichas constancias, dado que estas ya se dejaron en el proveído antes mencionado; por lo que se tiene a la citada autoridad dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veintiocho de agosto del presente año. Asimismo, se deja sin efectos el apercibimiento decretado para el caso de incumplimiento.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Apoderada Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en representación del 1. Jefe del Departamento de Personal UMF 15 y del 2. Director, ambos adscritos a la Unidad Médica de Atención Ambulatoria de la Delegación Regional Veracruz-Norte, en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante misivas 9652 y 9653 giradas en proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte. Con lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento decretado para el caso de incumplimiento. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación, dese vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro del citado plazo, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Con fundamento en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente proveído por lista a las partes. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Jorge Lagunes Maitret, con quien actúa y da fe.
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