Carlos Luis Peña Garza

Expediente 485/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 42 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
485/2021
Año
2021
Actuaciones
42
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Carlos Luis Peña Garza
  • Juez de Primera Instancia de lo Penal, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Incidental

    ...téngase por recibido el oficio del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros; y atento a su contenido, hágase de su conocimiento que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia de la Unión al quejoso. Asimismo, que en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia, dejándose sin materia el incidente de suspensión.

  2. Principal

    ...se declara que en la sentencia en que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal Carlos Luis Peña Garza en este juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, en su debida oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido...Finalmente, dada la voluminosidad del cuaderno incidental, fórmese un segundo tomo para su mejor manejo....

  3. Incidental

    ...se advierte que no se cuenta con la totalidad de informes previos, requeridos a las autoridades responsables.... se difiere la audiencia incidental señalada para las once horas del diecinueve de enero de dos mil veintidós...

  4. Principal

    S E N T E N C I A : VISTOS los autos del juicio de amparo 485/2021-3; y, R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado a este Juzgado Octavo en esa misma fecha, Carlos Luis Peña Garza promovió juicio de amparo contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Penal, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite. Por auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda con el número 485/2021-3, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio al representante social de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y se fijó fecha para la audiencia constitucional (hojas 13 a 16). Posteriormente, mediante acuerdos de seis (folios 77 y 78), catorce (fojas 92 y 93) y diecinueve de mayo de dos mil veintiuno (hojas 185 y 186), se admitieron las ampliaciones de la demanda. Finalmente, la audiencia constitucional se desarrolló el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en los términos que se anotan en el acta que antecede (folio 562); y C O N S I D E R A N D O : Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es competente para resolver el presente juicio de amparo en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución material en esta ciudad, que es en donde vive el quejoso, y en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace constar que los actos reclamados son: 1. La negativa de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, de otorgar el acceso a los registros que obran en la carpeta de investigación 05/DIR/UIFE/2020;??????????????? 2. La orden de aprehensión girada en contra del quejoso el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por el Juez de Control de la Tercera Región del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, en la carpeta procesal CP/0017/2021, por aparecer como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 443 Bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, y su ejecución; 3. El citatorio de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, practicado a solicitud de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, a fin de que el quejoso se presentara ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, para realizar la entrevista de evaluación de riesgos procesales; 4. La solicitud del Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, de una audiencia de formulación de imputación e imposición de medidas cautelares; 5. La citación a declarar en la carpeta de investigación 05/DIR/UIFE/2020; y 6. El auto mediante el cual se le tiene por no compareciendo a la audiencia de imputación, y se le declara como sustraído de la acción de la justicia, en la carpeta procesal CP/0017/2021. Sirve de apoyo a tal precisión, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos consistentes en: 1. La citación a declarar en la carpeta de investigación 05/DIR/UIFE/2020; y 2. El auto mediante el cual se le tiene por no compareciendo a la audiencia de imputación, y se le declara como sustraído de la acción de la justicia, en la carpeta procesal CP/0017/2021.??????????????? Actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, y Juez de Control de la Tercera Región del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en San Fernando, Tamaulipas; ello, en virtud de que los negaron al rendir informe justificado, sin que la parte quejosa desvirtuara tales informes. Asimismo, son inexistentes los actos reclamados al Juez de Primera Instancia de lo Penal, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal, Juez de Control de la Quinta Región Judicial en el Estado, Agentes del Ministerio Público adscritos a las Unidades Generales de Investigación Números 1, 2, 3, 4 y 5, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación 1, Especializada en Materia de Robos, Agente de la Policía Ministerial Encargado de la Policía Ministerial y Policía Investigadora Región Reynosa, con residencia en esta ciudad, Juez de Control de la Quinta Región Judicial en el Estado, con sede en Río Bravo, Tamaulipas, Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal, Juez de Control de la Primera Región Judicial en el Estado, Agentes del Ministerio Público adscritos a las Unidades Generales de Investigación Números 1, 2, 3 y 4, Fiscal General de Justicia, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Comisario General de Investigación, Secretario de Seguridad Pública del Estado, Evaluador de Riesgos Procesales, adscrito a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Procesos, con asiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Juez de Control de la Primera Región Judicial en el Estado, con residencia en Tula, Tamaulipas, Juez de Control de la Primera Región Judicial en el Estado, con asiento en Padilla, Tamaulipas, Juez de Control de la Primera Región Judicial en el Estado, con sede en Soto La Marina, Tamaulipas, Juez de Control de la Segunda Región Judicial en el Estado, con asiento en Mante, Tamaulipas, Juez de Control de la Segunda Región Judicial en el Estado, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas, Juez de Control de la Segunda Región Judicial en el Estado, con sede en González, Tamaulipas, Juez de Control de la Tercera Región Judicial en el Estado, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación, con sede en San Fernando, Tamaulipas, Juez de Control de la Tercera Región Judicial en el Estado, con asiento en Valle Hermoso, Tamaulipas, y Juez de Control de la Cuarta Región Judicial en el Estado, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya que los negaron al rendir informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba que desvirtuara dicha negativa. Por otro lado, el Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas Región y Judicial en el Estado adscrito a la Sala de Oralidad con Jurisdicción y Competencia, Encargado de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, con residencia en esta ciudad, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación Número 5, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y el Juez de Control de la Sexta Región Judicial en el Estado, con asiento en Altamira, Tamaulipas, fueron omisos en rendir informe justificado, no obstante de estar notificados de los oficios por los cuales se les solicitó, como se desprende de los correos electrónicos relativos; sin embargo, no ha lugar a presumir ciertos los actos reclamados, con apoyo??????????en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, dado que no se aportaron pruebas de la existencia de ellos. Por ello, debe sobreseerse en el presente juicio, respecto de los actos y autoridades responsables a que se contrae este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, de la Sexta Época del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación (registro 917818), que es del tenor: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Por otro lado, son ciertos los actos consistentes en: 1. La negativa de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, de otorgar el acceso a los registros que obran en la carpeta de investigación 2. La orden de aprehensión girada en contra del quejoso el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por el Juez de Control de la Tercera Región del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, en la carpeta procesal CP/0017/2021, por aparecer como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 443 Bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, y su ejecución; 3. El citatorio de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, practicado a solicitud de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, a fin de que el quejoso se presentara ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, para realizar la entrevista de evaluación de riesgos procesales; y 4. La solicitud del Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, de una audiencia de formulación de imputación e imposición de medidas cautelares. Ello, porque la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Encargado de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, con residencia en Ciudad Victoria, y Juez de Control de la Tercera Región del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando, Tamaulipas, los aceptaron al rendir informe justificado, allegando copias autenticadas de la carpeta de investigación 05/DIR/UIFE/2020 y de la carpeta procesal CP/0017/2021; documentales públicas a las que se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de ésta última, por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Además, si bien el Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial del Estado, en San Fernando, Tamaulipas, al rendir informe justificado negó el acto reclamado, lo cierto es que se desvirtúa en razón de que en calidad de autoridad ejecutora, puede llevar a cabo el mandamiento judicial que ha sido reconocido por la autoridad ordenadora. Quinto. Actualización de causas de improcedencia. No se analizará el fondo del asunto respecto de los siguientes actos: 1. La negativa de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, de otorgar el acceso a los registros que obran en la carpeta de investigación 05/DIR/UIFE/2020; 2. El citatorio de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, practicado a solicitud de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, a fin de que el quejoso se presentara ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, para realizar la entrevista de evaluación de riesgos procesales; y 3. La solicitud del Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, de una audiencia de formulación de imputación e imposición de medidas cautelares. Esto, porque respecto de tales actos se actualizan dos causas de improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, esta última en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.??????????????? XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Así, respecto al primer acto consistente en la negativa de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, de otorgar el acceso a los registros que obran en la carpeta de investigación 05/DIR/UIFE/2020, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado sus efectos. Ello, porque la autoridad corrió traslado de todo lo actuado al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, recibiendo dichas copias los licenciados Alicia Montes Beltrán y Carlos Jaime Galván Cortina, en su calidad de defensores públicos, para que el quejoso pudiera preparar la defensa. Y también, con el informe justificado allegó copias autenticadas de la carpeta 05/DIR/UIFE/2020. Estas circunstancias, como ya se adelantó, actualizan el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto en estudio, en razón de que al darse acceso al quejoso a la carpeta de investigación de origen, para que se impusiera de su contenido, se dejó de afectar su esfera jurídica, y con ello no deja huella que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal, para que sea restituido en el goce del derecho fundamental violado. Por otro lado, también el amparo es improcedente en relación con 1) el citatorio de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, practicado a solicitud de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, a fin de que el quejoso se presentara ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, para realizar la entrevista de evaluación de riesgos procesales; y 2) la solicitud de la citada Fiscal investigadora, de una audiencia de formulación de imputación e imposición de medidas cautelares, en razón que respecto de ellos se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que no representan actos de imposible reparación. De la lectura del precepto legal citado en último término, se tiene que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto.??????????????? A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Esto acontece en el caso, en virtud de que los actos reclamados consistentes en el citatorio y la solicitud de audiencia inicial en la que la Agente del Ministerio Público responsable pretende formular imputación al quejoso por ser probable responsable del hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 443 Bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, no son actos que afecten la libertad personal, al tratarse de simples comunicaciones en el sentido de que se requiere estar presente para el desarrollo de diligencias en la que se formalizarán las investigaciones que se siguen en su contra y se formulará la imputación respectiva. Audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en todo caso, sometido a una medida cautelar, de lo que se sigue que no se trata de actos de imposible reparación, ya que no afectan de manera inmediata algún derecho sustantivo, pues no tienen por objeto privar de los derechos de audiencia y legalidad al amparista, ya que es hasta la resolución de plazo constitucional o de su duplicidad, cuando se reflejará esa afectación. No obstante, los efectos pueden quedar destruidos no sólo en caso de dictarse una sentencia absolutoria, sino anticipadamente, si se decreta la no vinculación a proceso; de ahí que, es improcedente el presente juicio de amparo respecto a tales actos Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Luego, si la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que exista un acto de imposible reparación, como requisito indispensable, es evidente que este asunto resulta improcedente y debe sobreseerse, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, respecto a los actos reclamados en estudio. Sexto. Análisis de fondo de la orden de aprehensión. En virtud de que no se advierte causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio respecto de este acto, se procede al examen de los conceptos de violación que se hacen valer, que no se transcriben por no exigirlo los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. En ese sentido, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, (registro 164618), cuyo rubro y texto marcan: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El análisis de los conceptos de violación, así como de las constancias enviadas por la autoridad responsable, conduce a las siguientes consideraciones. Del estudio integral de la demanda de amparo se desprende a manera de conceptos de violación, que la responsable transgrede en perjuicio del quejoso las garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque trata de privársele de la libertad en un procedimiento donde no fue oído ni vencido. La orden de aprehensión girada en contra del quejoso el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por el Juez de Control de la Tercera Región del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, en la carpeta procesal CP/0017/2021, por aparecer como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 443 Bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, disponía en la época en que sucedieron los hechos lo siguiente:??????????????? "ARTÍCULO 443 Bis.- Al que por sí o por interpósita persona adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita, se le impondrán de cinco a quince años de prisión y multa de mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Las penas previstas en el párrafo anterior serán aumentadas en una mitad cuando el delito se cometa por servidores públicos; además, se impondrá a dichos servidores, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta." Por tanto, dicho acto reclamado se estudiará a la luz del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 16. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." En armonía con los numerales 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario."??????????????? "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De lo que se obtiene que para dictar un mandamiento de captura, deben reunirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite el Ministerio Público. b) Que se libre por autoridad judicial competente. c) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. d) Que tal hecho esté sancionado por la ley, cuando menos con pena privativa de libertad. e) Datos que acrediten que se ha cometido el referido hecho y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. f) Necesidad de cautela, o que la persona se resista o evada una orden de comparecencia, o se haya fugado del establecimiento donde se encuentre detenido, o se ausente de su domicilio sin aviso a la autoridad judicial (previa obligación de hacerlo), o que incumpla una medida cautelar, o que se trate de extraditarlo. Al respecto, este órgano de amparo considera que es correcta la determinación del Juez de control responsable, toda vez que en la orden de aprehensión de que se duele el quejoso, se encuentran cubiertos requisitos constitucionales y legales para su emisión. Cierto, el primero de ellos, consistente en que la orden de captura la solicite el Ministerio Público, se encuentra satisfecho ??????????????? porque según se desprende de la constancias que remitió el Juez responsable, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Operación del Procedimiento Acusatorio y Oral, comisionada a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, peticionó al Juez responsable que librara orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por su probable participación en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 443 Bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. El segundo de los requisitos a que se refiere la orden de captura, consistente en que se libre por autoridad judicial competente; también está colmado, en razón de que es precisamente una autoridad perteneciente el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, la que dictó la orden de aprehensión reclamada, en este caso, el Juez de Control de la Tercera Región del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en San Fernando, Tamaulipas; ello, al tenor de lo expuesto y fundado en la determinación combatida en esta vía constitucional. Ahora, el tercero de los requisitos, relativo a que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; está satisfecho, toda vez que, acorde con lo expuesto en la solicitud de orden de aprehensión, el hecho con apariencia de delito fue denunciado por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, y el once de noviembre de dos mil veintiuno, por Marcelo Olan Mendoza, además de que el mismo es perseguido de oficio. En el orden que prosigue, tocante al cuarto de los supuestos que se analizan; se tiene que el hecho por el que se emitió el mandamiento de captura reclamado está sancionado con pena privativa de libertad, porque tiene señalada la pena de prisión fijada en el artículo 443 Bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, que puede ser de cinco a quince años de prisión (vigente en la época que sucedieron los hechos). El quinto requisito constitucional, consistente en la existencia de datos que acrediten que se ha cometido un hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; al respecto conviene destacar que el Juez de control manifestó que los datos de prueba proporcionados por el Ministerio Público resultan suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, por existir indicios razonables que así permitan suponerlo, y la probabilidad de que Carlos Luis Peña Garza, lo cometió. Es importante señalar que en el nuevo sistema penal acusatorio, para emitir una orden de aprehensión, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base a los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales no tiene el juez responsable en su poder al momento de resolver sobre el mandamiento de captura solicitado, sino únicamente la mención que realiza el Agente del Ministerio Público al perpetrar la solicitud.???????????????El hecho delictuoso, debe entenderse como la circunstanciación fáctica de la descripción típica conforme a sus elementos objetivos, subjetivos o normativos. Y el dato de prueba como la referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez que se advierta lícito, idóneo, pertinente y, en su conjunto suficiente para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado, de ahí que el juez de control, al emitir la orden de aprehensión no valora los datos de prueba, sino únicamente los razona y toma en consideración para determinar si existe evidencia que justifique un hecho delictivo que se adecue a la norma penal y la probabilidad de que el imputado participó en ella. Así pues, se procede a examinar si de los antecedentes de la investigación expuestos por el Agente del Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que acrediten los requisitos de fondo referidos en el punto e), a saber, datos que acrediten que se ha cometido un hecho que la ley describe como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, como lo determinó el Juez responsable. Ello se determina porque de los hechos materia de la imputación, expuestos por el Ministerio Público se desprenden, al menos para la etapa procesal que se reclama en este contradictorio federal, datos de prueba suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, a saber, operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 443 Bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Ciertamente, los hechos que se le atribuyen consisten en que el quejoso, el quince de septiembre de dos mil diecisiete, emitió el comprobante fiscal digital por internet FB370E45- 69E5-498F-9401-C158071D10FF, en favor del "Público en general", por la cantidad de $4,500,000.00 (cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de arrendamiento de un inmueble en Cruillas, Tamaulipas, pagado en efectivo, en una sola exhibición. Además, que el treinta de agosto de dos mil diecinueve, emitió el comprobante fiscal digital por internet 6CA966EF- 1D9D-45CA-9225-82F94B05DEA2, en favor de Berenice Moreno Ibarra, por la cantidad de $4,500,000.00 (cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de renta de un inmueble en Cruillas, Tamaulipas, pagado en cheque nominativo. Pero la parte probablemente delictiva radicó en que, en principio, se desconoce quien haya sido el "Público en general" quien le arrendó un inmueble, y además, que le fue pagado en efectivo. Además, que la contribuyente Berenice Moreno Ibarra no presentó declaración anual del impuesto sobre la renta que acredite el ingreso para realizar el pago de $4,500,000.00 (cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), en el año correspondiente. Y finalmente, que el quejoso no es propietario de ningún bien inmueble en Cruillas, Tamaulipas, para que lo pudiera arrendar a alguna persona. ??????????????? Por ende, la autoridad concluyó que dada la existencia de los arrendamientos de un bien inmueble, cuya propiedad no se encuentra acreditada, a una persona que se desconoce, y a otra que no declaró ingresos en el mismo periodo en que hizo el pago, se genera una alta probabilidad de que los recursos que se utilizaron para la realización de dichas operaciones no tienen un origen lícito, pues el impetrante adquirió recursos, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos. Todo esto fue el Juez responsable lo tuvo por acreditado con los dos comprobantes fiscales digitales por internet, valioso cada uno por $4,500,000.00 (cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), antes señalados. También, con el oficio de dieciséis de abril de dos mil veinte, suscrito por el Agente Suboficial B de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quien informó que Carlos Luis Peña Garza no cuenta con ningún domicilio en Cruillas, Tamaulipas. En ese sentido, se desprende que los hechos materia de la orden de aprehensión que se analiza, se sustentan en datos de prueba razonables que así permitieron suponerlo, los cuales resultan idóneos, pertinentes y lícitos para establecerlo así, mismos que fueron referidos en esa determinación y que se han enlistado anteriormente. El último de los requisitos, consistente en que se encuentre acreditada la necesidad de cautela, también se satisface, como legalmente lo sostiene el Juez de control, al considerar necesaria la aprehensión del hoy quejoso para ser conducido a su presencia, a fin de formularle imputación, porque existe peligro de sustracción, ya que no está garantizada su comparecencia en el proceso. Para deducir eso, el Juez responsable estimó que los domicilios con los que se cuenta del hoy quejoso, a saber, los ubicados en: ? Calle Pedro J. Méndez número 170, departamento 1, de la zona Centro en Reynosa, Tamaulipas. ? Calle Pedro J. Méndez número 150, de la zona Centro, también en esta localidad. ? Bulevar Los Leones número 324, de la colonia Los Leones de este municipio. ? Bulevar Los Leones número 330, de la colonia Los Leones de esta ciudad. No pudo ser localizado en fechas veintiséis, veintiocho y treinta de abril de dos mil veintiuno, según las razones del licenciado Benito Martínez Miguel, Auxiliar Jurídico de la Sala de Audiencias del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Quinto Distrito Judicial dentro de la Quinta Región Judicial en el Estado de Tamaulipas. Ello, toda vez que en el primer domicilio no fue localizado, mientras que respecto del segundo asentó que corresponde a unos locales comerciales, de los cuales únicamente dos se encontraban abiertos, uno de nombre "Joyería de Plata??????????????? Sebastián" y otro de nombre "Centro de Atención a Clientes TELCEL", en donde le manifestaron no conocer al impetrante. Asimismo, en el tercero y cuarto de los domicilios, también sus habitantes señalaron desconocer al quejoso. Todo esto adminiculado, correctamente aseveró el Juez de Control, permite aseverar el quejoso no cuenta con el arraigo en el lugar donde será juzgado, ni siquiera en esta ciudad o alguna otra localidad, además que tiene una gran facilidad de permanecer oculto, pues en sus domicilios manifestados no ha sido localizado y no lo conocen. También, la autoridad responsable concluyó que existía necesidad de cautela por el máximo de la pena que se le llegare a imponer al impetrante, que en el caso es de quince años de prisión y cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Y finalmente, el Juez de Control también justificó la necesidad de cautela en virtud del comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento, en la medida que indicara la voluntad de someterse o no a la persecución penal. Ello lo tuvo por acreditado con el informe de evaluación de riesgos emitido el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por Olga Nohemi Carrizales Hernández, Encargada del despacho de la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, por medio del cual refirió entre otras cosas lo siguiente: "Le participo que en fecha 27 de abril del año en curso, siendo las 12:00 horas, la Lic. Perla Coral Montes Vásquez y el Lic. Noé Navarro Lara, Evaluadores de Riesgos Procesales adscritos a la Unidad de Seguimientos y Supervisión y Supervisión de Medidas Cautelares Y Suspensión Condicional del Proceso, se presentaron en el domicilio ubicado en calle Pedro J Méndez, número 170, D-1 de la Zona Centro de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas con la finalidad de llevar a cabo la entrevista para la formulación del análisis de evaluación de riesgos procesales mismos que manifiestan lo siguiente: al llegar al domicilio, después de identificarse y dar a conocer la dependencia a la que pertenecen, se entrevistaron con una persona del mismo sexo femenino de tez blanca, complexión robusta de 40 a 45 años de edad aproximadamente quien omitió identificarse, se le informo que el motivo de la visita era dejar dos citatorios para los CC. CARLOS LUIS PEÑA GARZA Y CARLOS VICTOR PEÑA mismos que deberían comparecer en la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y suspensión Condicional del Proceso ubicada en el Centro Integral de Justicia de Reynosa, Tam. Con el objeto de iniciar el procesa para la integración del ANALISIS DE LA EVALUACION DE RIESGOS PROCESALES refiriendo esta que no vivían en ese domicilio pero si los conocía y les llamaría por teléfono para que acudiera "alguien" a recibir la documentación, manifestando al mismo tiempo que ya había asistido otra persona (sin especificar de qué dependencia) a entregar otro citatorio a los mismos. Siendo las 12:30 horas, arribo al lugar un vehículo cavalier marca Chevrolet, color blanco con dos personas quienes al descender manifestaron ser empleados de los CC. CARLOS LUIS PEÑA GARZA y CARLOS VICTOR PEÑA y preguntaron a los evaluadores "que era lo que necesitaban" respondiendo éstos con la explicación del motivo de su visita siendo el C. José Guadalupe Díaz Castro quien recibe los citatorios identificándose con INE clave DZCSGD79050409H500, retirándose los evaluadores del lugar y arribando a las 15:30 horas a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso de Reynosa para esperar la visita de los citados. Sin embargo; en dicha Unidad ya se encontraba el C. José Guadalupe Díaz Castro con el objeto de entregar un oficio a través del cual pretendía hacer la devolución de los citatorios que había recibido horas antes manifestando no conocer a los citados y que por encontrarse en las afueras del domicilio, recibió los citatorios. No obstante, se aclara que se presentó como empleado de los mismos, se identificó y firmó los documentos de recibido. Acto seguido, la encargada de la Unidad de Supervisión y Seguimiento, Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso de Reynosa, refirió que la persona en mención se quejó de los evaluadores manifestando que estos mostraron prepotencia y maltrato y que se hacían acompañar de otra persona no identificada, aclarando la Lic. Perla Coral Montes Vázquez a la encargada que la "otra persona" no pertenecía a la dependencia que representan sugiriendo al mismo tiempo al ??????????????? C. José Guadalupe Díaz Castro que existe un área de atención ciudadana en donde podría manifestar su queja, respondiendo el C. José Guadalupe Díaz Castro con una manera intimidante y agresiva "que si lo que quería era que los grabara" y que iba a llamar a un notario público para dar fe a lo que estaba sucediendo, facilitándole la llamada el personal de la Unidad. Tiempo después llega el notario Público Ricardo Hiram Rodríguez Contreras quien se identifica con IFE RDCNRC74090728H300 accediendo también al lugar una persona de sexo masculino, complexión robusta y vestido de negro, portando una cámara fotográfica profesional, manifestando que tomaría evidencia de todo lo que estaba ocurriendo, para lo cual el personal de la unidad pidió identificación oficial o en su defecto se retirara inmediatamente, diciendo este no traerla y retirándose posteriormente. Después de lo ocurrido, la evaluadora Lic. Perla Coral Montes Vázquez, explica al notario que el oficio que fue a entregar el C. José Guadalupe Díaz Castro, no puede ser recibido debido a las inconsistencias de la redacción, para lo cual éste responda que él solamente acudió para dar fe de que el oficio no iba a ser recibido por parte de la unidad y que tomaría nota que "no se recibía en base a que presentaba inconsistencias en la redacción". Con lo cual se acreditó la renuencia por parte del quejoso a someterse a la persecución penal. Y finalmente, también el Juez responsable adujo que existía un riesgo para el denunciante, y lo sostuvo con el dato de prueba consistente en la entrevista de Marcelo Olan Mendoza, de treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual manifestó: "Que nos hace del conocimiento que el día 29 de marzo del año 2021, aproximadamente a las 18:00 horas, se encontraba en su domicilio ubicado en calle de Puerto México, número 604, Colonia Ampliación Rodríguez, en Reynosa Tamaulipas, cuando llego un sujeto de nombre JAIME MIRELES "N", él cual trabaja con CARLOS PEÑA ORTIZ, mismo quien le refirió que iba a tener consecuencias si continuaba o ratificaba en contra de CARLOS PEÑA ORTIZ, es por lo que acudía a denunciar ya que teme por su seguridad personal y la de su familia y hace responsable a CARLOS VICTOR PEÑA, a su madre MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, a su padre CARLOS LUIS PEÑA GARZA y a toda su familia de lo que le llegue a pasar, existiendo de por medio la seguridad de testigos" Es decir, refirió haber sido amenazado por una persona para que no ratificara la denuncia en contra de Carlos Víctor Peña, hijo del quejoso Carlos Luis Peña Garza, acreditándose lo estipulado en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese tenor, la determinación de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, que ordenó la aprehensión del quejoso, cumple con las exigencias de fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad, en razón de que se justifica la aplicación de las normas jurídicas que la sustentan y las causas que originaron su emisión. De igual forma, la autoridad justificó la emisión del acto combatido como forma de conducción al proceso del quejoso, dada la necesidad de cautela. En esa tesitura, deben declararse infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso en sus ampliaciones de demanda de, pues como se ha sostenido en la presente determinación, se advierte que el actuar del Juez de control guarda congruencia con lo establecido en los numerales 16 de la Carta Magna, y 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen que se podrá librar orden de aprehensión en caso de que lo solicite el Ministerio Público, que se libre por autoridad judicial competente, que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, que tal hecho esté sancionado por la ley, cuando??????????????? menos con pena privativa de libertad, que existan datos que acrediten que se ha cometido el referido hecho y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y necesidad de cautela, y al encontrarse acreditados todos estos requisitos, emitió el mandato de captura como forma de conducción al proceso, del hoy quejoso. En consecuencia, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, respecto de la orden de aprehensión en estudio, negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial del Estado, en San Fernando, Tamaulipas, por no reclamarse por vicios propios. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 485/2021- 3, promovido por Carlos Luis Peña Garza, en contra de los actos reclamados, autoridades responsables y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Luis Peña Garza, en el juicio de amparo 485/2021-3, respecto a los actos reclamados, autoridades responsables y por los motivos que se mencionan en el considerando sexto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.

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