Carlos Luis Ibarra Serrano
Expediente 433/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Carlos Luis Ibarra Serrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que transcurrió el término legal, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Primer Tribunal Colegiado, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con testimonio de la ejecutoria, remítanse a la autoridad responsable los autos de origen, archívese el expediente y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Finalmente, toda vez que en el presente expediente, obra poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, otorgado a favor de Carlos Luis Ibarra Serrano, Jorge Devora Barrientos, Nicasio Gómez Aldaba y Rodolfo Gómez Meza, en su carácter de apoderados legales del ejido Villa Insurgentes, municipio de Sombrerete, Zacatecas, de fecha primero de junio de dos mil veinte, pasado ante la fe del licenciado Joaquín Soria Hernández Jr., Titular de la Notaría Pública Número Dos con residencia en Durango, Durango; dese vista a los promoventes, para que en un plazo de noventa días hábiles, pasen a recuperar los documentos originales.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxx, xxx, xxx y xxx, en su carácter de ejidatarios del poblado Villa Insurgentes, municipio de Sombrerete, Zacatecas, contra el auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno en el Estado de Zacatecas, en el juicio agrario 1691/2019.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, de los que se advierte que fue turnado el expediente para proyecto de resolución a la magistrada Rafaela Madrid Padilla, quien dejó de fungir con ese carácter con motivo de su nueva adscripción, por lo que la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante acuerdo tomado en sesión de catorce de marzo de dos mil veintidós, informado por oficio CCJ/ST/0598/2022, de la misma fecha, signado por la secretaria técnica de dicha comisión, autorizó para desempeñar las funciones de magistrado de Circuito al licenciado Jorge Iván Rangel Mota Velasco, Secretario de Tribunal, con efectos a partir del dieciséis del presente mes y año, hasta en tanto dicha comisión determine o el pleno referido adscriba al magistrado que integre este Tribunal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 183 de la Ley de Amparo, retúrnense los autos de este asunto al secretario en funciones de magistrado en cita, a fin de que se formule el proyecto de resolución correspondiente. Por otro lado, hágase saber a las partes que este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, actualmente está integrado para resolver el presente asunto, por los magistrados Eduardo Antonio Loredo Moreleón (presidente) y Pedro Guillermo Siller González Pico, además del licenciado Jorge Iván Rangel Mota Velasco, Secretario de Tribunal, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de magistrado de Circuito, en los términos precisados en el párrafo precedente. Notifíquese
- Juicio de Amparo Directo
Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual del once de marzo del año en curso, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 6 de dicha legislación y 107, fracción I, de la Constitución Federal, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "TERCERO. Actualización de una causa de improcedencia que impone el sobreseimiento en el juicio. En la especie, resulta innecesario analizar la oportunidad en la promoción de la demanda de amparo, así como transcribir o agregar copias certificadas del acto reclamado y los conceptos de violación que su contra se enderezan, puesto que no serán materia de estudio, toda vez que este órgano de control constitucional considera que debe sobreseerse en el juicio, pues quien suscribe el escrito de dicha demanda carece de facultades para promoverla en representación de la parte quejosa, por lo que se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 6 del propio ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Conforme a dichos preceptos legales, la improcedencia del juicio de amparo puede derivar además de los casos previstos expresamente en el artículo 61 de la Ley de Amparo, de las disposiciones de dicho ordenamiento legal, así como de la Constitución Federal. Por su parte, en el numeral 107, fracción I, Constitucional, se establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. A su vez, en el arábigo 6 de la Ley de Amparo, se prevé que, el juicio de amparo sólo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por su representante legal o por su apoderado o a través de cualquier persona en los casos previstos en dicho ordenamiento legal y, si el acto reclamado emana de un procedimiento penal, podrá promoverlo su defensor o cualquier persona en los supuestos en que lo permita la referida ley. De modo que, por regla general, solamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso, por su representante legal o apoderado, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le perjudican y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. Por lo tanto, de una interpretación sistemática de los artículos anteriormente transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la persona que lo promueva carezca de legitimación. Asentado lo anterior, se tiene que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, fue promovida por Carlos Luis Ibarra Serrano, Jorge Devora Barrientos, Nicasio Gómez Aldaba y Rodolfo Gómez Meza, quienes se ostentan como ejidatarios y apoderados legales del ejido Villa Insurgentes, municipio de Sombreretes, Zacatecas, quienes afirman ser representantes del ejido, además de haber ocupado los cargos de presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal del referido núcleo de población, pues refieren que el acto que reclaman afecta sus intereses particulares y los del ejido en comento. Los referidos quejosos carecen de legitimación para promover el presente juicio de amparo, en atención a las siguientes consideraciones. En los artículos 5, fracción I, primer párrafo, 6 y 10, de la Ley de Amparo se contiene: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Del contenido de dichos numerales, en lo que aquí importa, se desprende que el quejoso es quien aduce ser titular del derecho subjetivo, interés legítimo, individual o colectivo que se ve afectado por acto u omisión que viole sus derechos fundamentales; que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral que resienta la afectación en sus derechos, ya sea por sí, su representante legal o apoderado, representación que, en los casos no previstos en la Ley de Amparo, se justificará de la forma en que determine la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado. Asentado lo anterior, cabe destacar que en el artículo 27, fracción VII, sexto párrafo, constitucional y en los numerales 32, 33 y 34 de la Ley Agraria, se establece: Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (.) VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. (.) La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. (El subrayado es propio de este órgano jurisdiccional). Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. Artículo 34.- Los miembros del comisariado ejidal que se encuentren en funciones, estarán incapacitados para adquirir tierras u otros derechos ejidales excepto por herencia. De dichos numerales se desprende que, el comisariado ejidal es el órgano encargado de la representación y gestión administrativa del ejido; que tiene la facultad de administrar los bienes comunes del ejido así como de un apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas; y por otra parte, están incapacitados para adquirir tierras u otros derechos ejidales, salvo que se trate de herencia. Por otra parte, en los numerales 39 y 40 de la aludida legislación, se contiene: Artículo 39.- Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones tres años. En adelante no podrán ser electos para ningún cargo dentro del ejido, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio. Si al término del período para el que haya sido electo el comisariado ejidal no se han celebrado elecciones, sus miembros propietarios serán automáticamente sustituidos por los suplentes. El consejo de vigilancia deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de sesenta días contado a partir de la fecha en que concluyan las funciones de los miembros propietarios. Artículo 40.- La remoción de los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia podrá ser acordada por voto secreto en cualquier momento por la asamblea que al efecto se reúna o que sea convocada por la Procuraduría Agraria a partir de la solicitud de por lo menos el veinticinco por ciento de los ejidatarios del núcleo. Porción normativa de la que se desprende que, los integrantes del comisariado ejidal durarán en su encargo tres años, asimismo, que su remoción puede acordarse por voto secreto en cualquier momento, por parte de la asamblea general o que se solicite ante la Procuraduría Agraria, como mínimo, por un veinticinco por ciento de los ejidatarios del núcleo de población. Un análisis del marco normativo antes asentado, permite colegir que el comisariado ejidal que ostente el encargo es quien tiene legitimación para promover el juicio de amparo en representación del núcleo de población que representa. Ahora, para mayor análisis de la causal de improcedencia que se estima actualizada, resulta oportuno destacar los datos relevantes que se desprenden del juicio agrario en el que se dictó la resolución que se combate en el presente juicio de amparo. Por medio de escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno, con residencia en la ciudad de Zacatecas, Carlos Luis Ibarra Serrano, Jorge Devora Barrientos y Nicasio Gómez Aldaba, en su entonces carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del comisariado del ejido Villa Insurgentes y Anexos, municipio de Sombrerete, Zacatecas, demandaron lo siguiente: Que por medio del presente escrito en la VÍA DE CONTROVERSIA AGRARIA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 fracción VIII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, venimos a demandar a la Secretaría de Educación Pública, la cual puede ser emplazada en su domicilio ubicado en Avenida López Portillo numero 305 a través del Delegado Estatal de dicha dependencia, también solicito se llame al director de la escuela denominada Moisés Sáenz, Escuela Secundaria Técnica número 30, así como el comité de padres de familia, ya que no existe propiamente administración de la parcela escolar únicamente los padres de familia y el director de la escuela que se pudiera ver afectado con las prestaciones que más adelante se precisarán, por lo que el director de la escuela tiene su domicilio en la Escuela Secundaria Técnica número 30 ubicada en ejido Villa Insurgentes, municipio de Sombrerete, Zacatecas y el presidente de padres de familia es Verónica Gómez Rodríguez, con domicilio en Barrio Parras, número 34 Villa Insurgentes; Lorena Rodríguez con domicilio en calle Corregidora número 12 Villa Insurgentes y Tesorero Ana Laura Castillo con domicilio en Genaro Codina número 4 anexo Ojo de Agua Villa Insurgentes, Sombrerete, Zacatecas; a efecto de que por sentencia se declaren procedentes a favor de la Asamblea General de Ejidatarios las siguientes prestaciones: a) La rectificación del Acta de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales y Solares Urbanos, realizada el día 21 de septiembre de 2003, en el ejido VILLA INSURGENTES Y ANEXOS, Municipio de Sombrerete, Estado de Zacatecas, únicamente por lo que hace a la superficie que le fue medida a la parcela 1083, la cual quedó asignada a la parcela escolar. b) La segregación de una superficie de 19-01-56.510 hectáreas de la parcela 1083, para que quede como reserva de crecimiento por ser éste su destino. c) La rectificación del plano individual relativo a la parcela 1083, el cual debe quedar con una superficie de 2-38-08.56 hectáreas. d) La rectificación del plano general del ejido, realizado con motivo de los trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), para el efecto de que la superficie de 19-01-56.510 hectáreas quede como reserva de crecimiento que es el destino que le corresponde. e) La inscripción de la resolución que se emita favorable a nuestros intereses ante el Registro Agrario Nacional, para los efectos legales a que haya lugar. f) La cancelación del certificado parcelario número 22571 que ampara actualmente la parcela 1083, con una superficie de 21-40-56.510 hectáreas. g) La expedición por parte del Registro Agrario Nacional del certificado parcela (sic) de la parcela 1083, con superficie de 2-38-018.56 hectáreas a favor de la PARCELA ESCOLAR. En auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, el Tribunal Agrario tuvo por recibido el escrito de demanda, la registró con el número de expediente 1691/2019, asimismo, previno al ejido actor para que proporcionara el nombre del director de la Escuela Secundaria Técnica Número 30, denominada Moisés Sáenz, a efecto de ordenar su emplazamiento a juicio. El escrito aclaratorio se recibió el diez de diciembre de dicho año y en auto de tres de enero de dos mil veinte, el Tribunal responsable lo tuvo por recibido y, consecuentemente, tuvo por admitida la demanda promovida en la vía y forma propuesta, se ordenó el emplazamiento de la demandada Secretaría de Educación Pública y como tercera interesada al comité de administración de la parcela escolar, de la Escuela Secundaria Técnica Número 30, denominada Moisés Sáenz; asimismo, señaló fecha para la celebración de la audiencia aludida en el artículo 185 de la Ley Agraria. La audiencia referida fue diferida los días dieciséis de octubre de dos mil veinte y veintinueve de enero de dos mil veintiuno, luego, el cinco de febrero del último año referido, en la que la parte actora ratificó su escrito de demanda, la demandada presentó su escrito de contestación y lo ratificó, luego, al llegar a la etapa conciliatoria, las partes manifestaron su disposición para realizar pláticas conciliatorias que pongan fin a la contienda materia de la litis; asimismo, se tuvieron por ofrecidas y admitidas las pruebas ofrecidas. Mediante comparecencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, las partes presentaron y ratificaron el convenio conciliatorio suscrito en esa misma fecha. En escrito de trece de agosto de dos mil veintiuno, Juan Ibarra Salas, Tiofilo Salas Andrade y J. Cruz Salazar Barrientos, en su calidad de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del nuevo comisariado ejidal del poblado Villa Insurgentes y anexos, de Sombrerete, Zacatecas, en nombre de la asamblea general de dicho núcleo de población, comparecieron para desistirse de la demanda que dio origen al juicio agrario. Para cuya acreditación exhibieron constancia de once de agosto de dos mil veintiuno, expedida por el Representante Estatal de la Procuraduría Agraria. 7. En acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la Magistrada del Tribunal Agrario tuvo a la parte actora desistiéndose de la demanda y dio vista a la parte demandada para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su interés conviniera. 8. Por medio de auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el plazo otorgado a las demandadas, sin que hubieren formulado manifestaciones respecto al desistimiento realizado por la parte actora, ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Dicha resolución constituye el acto reclamado en este juicio de control constitucional. Ahora, en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, los quejosos afirman ser ejidatarios del núcleo de población que dicen fue afectado por la determinación del Tribunal Agrario, de tenerlo por desistido de la acción intentada, pero, en el mismo texto que inició la presente instancia constitucional, destacan que anteriormente fueron presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal del poblado referido, acompañando el acta de asamblea de veintitrés de febrero de dos mil veinte, así como un poder emitido el uno de junio de dicho año, ante el Notario Público número Dos, con residencia y ejercicio en la ciudad de Durango, Durango, licenciado Juan Soria Hernández. Sin embargo, tal y como se obtiene de la relatoría de antecedentes destacada en párrafos anteriores, mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil veintiuno, ante el Tribunal Agrario responsable, Juan Ibarra Salas, Tiofilo Salas Andrade y J. Cruz Salazar Barrientos, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del actual Comisariado Ejidal del poblado Villa Insurgentes, municipio de Sombrerete, Zacatecas, manifestaron la intención de desistirse de la demanda promovida, y para acreditar su personalidad, exhibieron la constancia emitida por el Representante Estatal de la Procuraduría Agraria, de la que se desprende que, dichos promoventes, fueron elegidos para dichos encargos el siete de julio de dos mil veintiuno, con fecha de vencimiento de siete de julio de dos mil veinticuatro. Por lo que, los documentos exhibidos por los aquí quejosos, son insuficientes para acreditar la legitimación, pues el comisariado ejidal que formuló el desistimiento de la demanda, fue electo con posterioridad a las fechas de los documentos con que los ejidatarios quejosos pretenden legitimarse en este juicio de amparo, por lo que, estos últimos ya no ostentan la representación del ejido actor, pues, desde el siete de julio de dos mil veintiuno, Juan Ibarra Salas, Tiofilo Salas Andrade y J. Cruz Salazar Barrientos, son los integrantes del comisariado ejidal de dicho núcleo de población. Y si bien es cierto, Carlos Luis Ibarra Serrano, Jorge Devora Barrientos, Nicasio Gómez Aldaba y Rodolfo Gómez Meza, fueron quienes presentaron la demanda de origen y se apersonaron en diversas actuaciones en el juicio agrario, su encargo y, por ende, legitimación en dicho procedimiento, finalizó, el siete de julio de dos mil veintiuno, data en que fueron electos los integrantes actuales o que ostentaron el cargo en el momento en que se llevó a cabo el desistimiento por parte del ejido actor. Por lo que, se reitera, los quejosos carecen de legitimación para promover el presente juicio de amparo. No se desatiende que los referidos impetrantes aducen promover el amparo en relación con sus derechos individuales, sin embargo, de la demanda de origen se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: Que por medio del presente escrito, en la VIA DE CONTROVERSIA AGRARIA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 fracción VII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, venimos a demandar a la Secretaría de Educación Pública. las siguientes prestaciones: a) La rectificación del Acta de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales y Solares Urbanos. Aunado a que, como parte de los hechos, se detalló, en lo importante: .TERCERO.- Que en fecha veintiuno de septiembre de dos mil tres, se llevó a cabo la Asamblea de Delimitación, Destino, Asignación de Tierras Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, en el ejido VILLA INSURGENTES, Municipio de Sombrerete, en la que la parcela 1083, fue asignada como PARCELA ESCOLAR, con una superficie de 21.40-56-510 hectáreas, siendo esto un error, ya que en la parcela 1083, en una superficie de 2-38-08.56 hectáreas, se encuentra construida la Escuela Moisés Sáenz; y la parcela escolar que le corresponde a dicha escuela es la número 888, con una superficie de 4-90-16.444 hectáreas que se encuentra enfrente de la escuela Moisés Sáenz de la que hacen actos posesorios. CUARTO.- En la superficie de 19-01-51-39 hectáreas, el ejido siempre ha hecho actos posesionarios y es del conocimiento de todo el conglomerado agrario que dicha superficie forma parte de la reserva de crecimiento. Ya que en esta no se hace ningún tipo de cultivo y en algunas festividades del pueblo se utiliza para ello, porque se considera que es del ejido. De lo asentado en la demanda agraria, el ejido actor solicitó la rectificación del acta de asamblea y delimitación, respecto de una superficie que forma parte de la reserva de crecimiento, de ahí que, no pueda considerarse que, en el caso, se vean afectados derechos individuales de los ejidatarios que promovieron la demanda de amparo, pues se trata de una superficie que corresponde a los intereses de todo el núcleo de población, por lo que, se insiste, es el comisariado ejidal actual, quien ostenta la representación del poblado actor, el cuan no puede ser sustituido en este procedimiento de control constitucional. Por las razones que la informan, se invoca la tesis aislada 2a. LII/2020 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que es del siguiente contenido: REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. CARECEN DE ELLA LOS COMUNEROS QUE ACUDEN AL JUICIO ANTE LA OMISIÓN DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Hechos: Diversas personas que se ostentaron comuneros de una comunidad indígena promovieron juicio de amparo en defensa de la comunidad ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales de hacerlo, a pesar de que no fueron parte en la controversia en materia agraria entre comuneros y sus órganos de representación, y tampoco en el juicio agrario respectivo cuya sentencia reclaman. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a que la Ley de Amparo vigente ya no establece la posibilidad de que los ejidatarios o comuneros promuevan juicio de amparo en lo individual cuando el comisariado no lo hace, ello implica que ya no existe la representación sustituta y, en esa medida, los promoventes del juicio, en su calidad de comuneros que acuden a él manifestando que lo hacen precisamente ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales, carecen de legitimación. Justificación: En efecto, de un análisis de lo dispuesto en los artículos 5o., fracción I, 6o. y 10 de la Ley de Amparo vigente, con relación a los diversos 27, fracción VII, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 99 de la Ley Agraria, estos últimos que reconocen al Comisariado de Bienes Comunales como el órgano de representación de la asamblea de comuneros, se advierte la intención del legislador de acotar la legitimación para promover el juicio de amparo eliminando la figura de la representación sustituta prevista en la Ley de Amparo abrogada. Con base en ello, los comuneros que no tuvieron intervención en el juicio agrario cuya sentencia constituye el acto reclamado y la impugnan por considerar que en ella fueron violadas las leyes del procedimiento argumentando que se afectan las defensas de la comunidad trascendiendo al resultado del fallo, al acudir en lo individual ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales a promover el juicio de amparo, no obstante que no fueron parte demandada en ese asunto carecen de legitimación y, por esa razón, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Del mismo modo que la tesis (V Región) 1o.9 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, de título y contenido siguientes: REPRESENTACIÓN SUSTITUTA EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA. CARECE DE LEGITIMACIÓN QUIEN PROMUEVE EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN LA VÍA INDIRECTA CON BASE EN ESA FIGURA JURÍDICA, AL NO ESTAR PREVISTA EN LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La representación sustituta en materia agraria, prevista en el artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo, abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, legitimaba a cualquier ejidatario y/o comunero perteneciente a un núcleo de población agrario, para promover el juicio constitucional en defensa de éste, en caso de que el comisariado ejidal o de bienes comunales no lo hiciere dentro del plazo de quince días. Por otra parte, el legislador ordinario, en ejercicio de su libertad de configuración, suprimió esa forma de representación en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 del mes y año indicados. Por tanto, ante su inexistencia, en los asuntos regidos conforme a la legislación actual, los ejidatarios y/o comuneros de un núcleo agrario carecen de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto con base en esa figura jurídica. En relatadas condiciones, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de derechos, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 de dicha legislación y 107, fracción I, de la Constitución Federal, estos dos últimos interpretados a contrario sensu. No es obstáculo para determinar la improcedencia del juicio de amparo que, por auto de presidencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se haya admitido el presente juicio uniinstancial, pues se trata de un acuerdo que no causa estado ni vincula al pleno de este tribunal; el que, por tanto, puede válidamente reexaminar la procedencia del amparo y sobreseerlo, si resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con la cual se muestra acorde este órgano jurisdiccional, que textualmente reza: AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. La determinación contenida en el auto admisorio de presidencia corresponde a un examen preliminar del asunto emitido por el presidente del tribunal en ejercicio de las atribuciones que para dictar acuerdos de trámite le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de ahí que al constituir resoluciones de mero trámite tendientes a la prosecución de los procedimientos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, necesaria para el pronunciamiento de la resolución definitiva correspondiente, no causen estado, por lo que el Tribunal Colegiado en Pleno está facultado para analizar en definitiva la competencia del órgano terminal de amparo, así como la procedencia del amparo o del recurso previamente admitido por acuerdo de presidencia y, de resultar aquéllos improcedentes, resolver lo que corresponda conforme a derecho, con plenitud de jurisdicción y con vista a todo el asunto." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por la magistrada ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se elabore el correspondiente proyecto de resolución.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · 5,526 expedientes
- Carlos Ivan Valdez Guerrero571/2016
- Carlos Javier Castañeda Valenzuela765/2022
- Carlos Jiménez Hernández877/2019
- Carlos López Díaz477/2022
- Carlos López Díaz591/2022
- Carlos López Orenday323/2023
- Carlos Luis Trejo Esquivel y Otros.110/2014
- Carlos Macías Medina235/2015
- Carlos Medina de León683/2022
- Carlos Moreno Gamboa316/2021
- Carlos Murillo Reyna215/2018
- Carlos Nuño López587/2015