Carlos Lugo Herrera

Expediente 896/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
896/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Carlos Lugo Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    MESA VII.- Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los estos autos el correo de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la boleta de turno relativa al recurso de queja, de la cual se advierte que dicho recurso correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Por otra parte, se agrega a los presentes autos los oficios del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con el primero de ellos, informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra del acuerdo de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 896/2022-VIII; y se formó el toca 313/2022. Con el segundo de ellos, adjunta el testimonio de la resolución pronunciada en el citado recurso de queja; de la que aparece que la citada superioridad en su único punto resolutivo declaró SIN MATERIA el recurso de queja interpuesto por el padre del menor de edad de iniciales ***. Acúsese el recibo correspondiente al Tribunal de Alzada. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII.- Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que de la lectura integral de la demanda de amparo y de las restantes constancias que integran el controvertido en que se actúa, se desprende que la parte quejosa *** en representación de su hijo menor de edad *** reclama de las autoridades responsables en esencia, la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer a los niñas y niños de cinco a once años en adelante, contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Cesación de efectos del acto reclamado Este Juzgado Federal considera que respecto de dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no estar surtiendo efectos. En ese sentido, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe implicar la desaparición total de los efectos del acto, por lo que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tiene aplicación la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Sostener lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia; circunstancia que es contradictoria al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. xpuesto lo anterior, debe decirse que para resolver sobre la actualización de la causa de improcedencia que se estima, es oportuno tener como hecho notorio que en la página oficial de la plataforma Twitter, el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, publicó que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abriría el pre-registro para niñas y niños de cinco a once, a fin de que reciban la vacuna contra el Covid 19. En dicho comunicado explicó que se tendría que acceder a la página de internet: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, como se evidencia en la imagen que se inserta: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88 y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente-. Tiene aplicación la jurisprudencia 24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En ese tenor, si se toma en consideración que la directa quejosa de iniciales *** de acuerdo al acta de nacimiento que anexó a su demanda de amparo, tiene el día de hoy nueve años, por haber nacido el veintinueve de septiembre de dos mil doce; es evidente que, ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Ante esas eventualidades, es palmario que las omisiones reclamadas, relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los niños y niñas de cinco a once años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplicar dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus, han cesado en sus efectos, puesto que el directo quejoso a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, está en posibilidad de poder vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de su residencia, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Por tal motivo, las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los niños y niñas de cinco a once años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia del directo quejoso. Cobra vigencia al caso, por la razón jurídica que contiene, la jurisprudencia 198, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a septiembre de 2011, Tomo II, Volumen 1, Materia Procesal Constitucional, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo que implica que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo se restituyó a la garante en el derecho que aducía vulnerado. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, que expresa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ante esas eventualidades, es palmario que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, en términos del ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Tiene aplicación la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y sinopsis siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio de amparo, fijada para su celebración el día de hoy. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la promovente manifestó que aún no ha recibido las vacunas al menor de edad, toda vez que ya se encuentra en aptitud de inscribirse para tal efecto y ya es considerado en el plan nacional de vacunación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    CITATORIO MESAS III.- Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a las partes mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo conducente respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. I. Sentencia de amparo Por sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa bajo el siguiente efecto: "-se conmina a las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública del Estado del Estado, con residencia en esta ciudad, a que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, emita respuesta al escrito de ocho de febrero de dos mil veintiuno, con sello de recibido de esa propia fecha, y lo notifique a la aquí quejosa." II. Análisis del cumplimiento al fallo protector En proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito tuvo por recibido el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual; informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y anexó las constancias para acreditarlo. Ahora, del análisis del oficio en comento, y anexo que acompañó, los cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable, dio contestación al escrito de referencia, los cual fue hecho del conocimiento de la parte quejosa, según se advierte el acuse de recibo, en el que se encuentra estampado el nombre y firma del quejoso. En consecuencia, la suscrita considera que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. Sin que obste a lo anterior lo manifestado por la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable no tiene la facultad de decidir quien tiene mejor derecho respecto de la devolución del automotor que se refiere en la contestación del escrito, ya que la materia del presente juicio de amparo, era únicamente para el efecto de que contestara el escrito de que se trata. Finalmente, tómese nota que la sentencia de amparo quedó cumplida el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  4. Incidental

    MESA I.- RESOLUCIÓN INCIDENTAL R E S U E L V E: ÚNICO. Es procedente y FUNDADO el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, respecto de las autoridades responsables Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán y otra autoridad.

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