Carlos López Velasco

Expediente 537/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
537/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Carlos López Velasco
  • Carlos López Velasco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I) (expedientes de juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa; por lo que, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Archivo y valoración. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos de los artículos 19, fracción II, inciso a) (Duplicados, siempre que se cuente con el original), y 20, fracción III (El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: Este asunto carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; c) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 537/2023; R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población y, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, Carlos López Velasco, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos, que a continuación se precisarán y que estimó violatorios de los artículos 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reclamados a: 1) Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; 2) Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; 3) Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; 4) Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; 5) Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; 6) Juez Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca; 7) Juez Primero de lo Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca; 8) Juez Segundo de lo Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca; 9) Titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca;10) Actuario o Actuaria llevador del Procedimiento Civil o Mercantil del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; 11) Actuario o Actuaria llevador del Procedimiento Civil o Mercantil del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; 12) Actuario o Actuaria llevador del Procedimiento Civil o Mercantil del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; 13) Actuario o Actuaria llevador del Procedimiento Civil o Mercantil del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; y 14) Actuario o Actuaria llevador del Procedimiento Civil o Mercantil del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. En proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, por una parte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus respectivos informes justificados, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Así mismo, se desechó la demanda de amparo, únicamente por lo referente al Titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; el cual causó estado mediante proveído de diecinueve de junio de la presente anualidad. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; toda vez que se trata de un asunto en materia civil, atribuido a autoridades que residen en el territorio donde este juzgado tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: -Las diligencias de embargo, medidas cautelares que afecte el patrimonio y esfera jurídica del quejoso Carlos López Velasco, derivadas de algún procedimiento de carácter civil o mercantil. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades señaladas como responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclamó, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Asimismo, la parte impetrante, no exhibió documento idóneo para desvirtuar tal negativa; pues si bien el quejoso aportó copia simple de su identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral, dicha documental no es idónea para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, pues con ella únicamente se acredita, de manera indiciaria, que está dado de alta en el padrón electoral con los datos que de dicha credencial se advierten; pero en ninguna manera desvirtúa la negativa de las autoridades responsables. - Manifestaciones de la Jueza Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, en la Ciudad de Oaxaca. Ahora bien, no pasan inadvertidas las manifestaciones realizadas por la Jueza Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, en la Ciudad de Oaxaca, quien al rendir su informe justificado, manifestó que: 1. En ese órgano jurisdiccional, se encuentra radicado el expediente 89/2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Rigoberto Hernández Sandoval, endosatario en procuración de María del Carmen de Jesús Bernardino Bermúdez, en contra de Carlos López Velasco; sin embargo, el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se decretó la caducidad de la instancia. 2. También, en ese mismo Juzgado, se radicó el expediente 85/2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Melchor Méndez Cano y Edén Pinzón Ojeda, en contra de Carlos López Velasco; sin embargo, el dieciséis de enero de dos mil veinte, se decretó la caducidad de la instancia. Por tanto, de las anteriores manifestaciones resulta evidente que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, ninguna de las autoridades responsables había librado alguna diligencia de embargo o medida cautelar, que afecte el patrimonio y esfera jurídica del quejoso Carlos López Velasco, derivadas de algún procedimiento de carácter civil o mercantil. Es aplicable al respecto, por sus razonamientos que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 5, materias común, penal, con registro digital: 196072, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Ante esas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sin pasar desapercibido que de una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el órgano jurisdiccional. Toda vez que la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna, la existencia de los actos reclamados antes indicados, como se indicó, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 537/2023 promovido por Carlos López Velasco, en los términos y por las razones expuestas en esta determinación. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguense a los autos los oficios remitidos (de idéntico contenido) por la Jueza del Juzgado Segundo Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, -el primero remitido mediante correo electrónico oficial de este juzgado federal-, mediante los cuales rinde su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Pruebas. Se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las copias certificadas que anexa, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desahogan en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.

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