Carlos Lopez Rodriguez

Expediente 738/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
738/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
21/01/2021

Partes del expediente

  • Carlos Lopez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno, y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Visto; el oficio signado por el Secretario Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de Comitán Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas y anexos, por medio del cual remite el cuadernillo de amparo indirecto **, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Fiscal de Distrito Fronterizo Sierra, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas y otras autoridades. Al efecto, es necesario precisar que si bien en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos regulada mediante los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, lo que implicaba su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Lo cierto es que mediante circular CAP/3/2020, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Además, en el Acuerdo General 13/2020, modificado por los diversos 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que de manera interna y sin acceso al público, debido a que las instalaciones de los órganos jurisdiccionales permanecerían cerradas, se reanudaría la actividad jurisdiccional en mayor escala, para dar seguimiento oficioso a los asuntos que se hubiesen radicado al calificarlos como "urgentes", para atender las decisiones que no requirieran audiencias, así como aun requiriéndolas implicaran peligro a la vida o la integridad de las personas; también, para los asuntos cuya tramitación se encontrara integrada y lista para resolución, de igual manera, para los asuntos que se hubieran tramitado mediante "juicio en línea", debiendo practicarse las actuaciones de trámite que pudieran decidirse y acordarse por escrito y que permitieran la integración y resolución de expedientes, ello en términos de los artículos 1ro, 12, 23 y 24, fracción II, del apuntado Acuerdo General. Por otro lado, en la demanda que dio origen al presente asunto se señaló como acto reclamado la incomunicación que se dijo realizada en contra del quejoso, este acto calificado como urgente de acuerdo al artículo 4, fracción IV, del citado Acuerdo General 13/2020. Atento a lo anterior, se provee al respecto: Con fundamento en los artículos 35 y 39 de la Ley de Amparo, se acepta la legal competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de garantías, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 738/2020. Acúsese recibo de estilo correspondiente. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivos, que permanentemente verifique la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico, asegurándose que concuerden en su totalidad. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone corno taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama del Fiscal de Distrito Fronterizo Sierra, Fiscal del Ministerio Público Investigador en turno de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Número 1, Fiscal Especializada en contra de la Violencia de Genero de la Defensa de la Mujer y la Familia y Director de Seguridad Pública Municipal, todos con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional consistentes en la incomunicación que se dijo era realizada en su contra. En ese orden de ideas, se tiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De la anterior transcripción, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado; esto es, que hayan sido destruidos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Bajo ese tenor, como se dijo, la parte quejosa reclama los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, consistentes en la incomunicación que a decir del promovente de la demanda, se realizaba en contra del directo quejoso. Pues bien el acto reclamado en el presente juicio cesó en sus efectos, al haber dejado de existir. Ello, pues del informe de suspensión de plano y anexos remitidos por el Fiscal del Ministerio Público Investigador en turno de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Número 1, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, se advierte que, si bien el directo quejoso Carlos López Rodríguez fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de esa autoridad el treinta de noviembre de dos mil veinte, por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de posesión del enervante denominado mariguana y que originó el inicio de la carpeta de investigación 848-019-0601-2020, en la cual se decretó su detención. Lo cierto es que el Fiscal responsable informó que a las ocho horas del dos de diciembre de dos mil veinte, decretó la libertad del imputado hoy quejoso, girándose la boleta de libertad correspondiente, lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos del artículo 129, 197 y 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2; por lo que al dejarlo en libertad dejó de existir la incomunicación de la que refirió el promovente de la demanda era objeto el directo quejoso **, por ello, se aduce que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, al haber desaparecido los motivos que concreta y específicamente originaron el presente juicio de amparo. En ese sentido, se concluye que al destruirse los efectos del acto reclamado, así como que se consumaron en forma irreparable, resultaría ocioso examinar su constitucionalidad, puesto que ya no surte efectos ni lo hará con posterioridad, por las razones antes precisadas. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, novena época, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 75, Sexta Parte, séptima época, página 16, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable." En conclusión, es claro que con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia invocada, de ahí que, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, por notoriamente improcedente, en términos de los artículos 112 y 113 del citado ordenamiento legal. CONSTANCIAS RELATIVAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO QUE NO SE GLOSAN FÍSICAMENTE En otro aspecto, toda vez que, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió en primer término, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, una digitalización preliminar de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y, con posterioridad, envió el documento original respectivo. En tal virtud, ya que la digitalización preliminar de mérito corresponde a la demanda que se recibió en documento original, se considera innecesario que se imprima e incorpore al expediente físico, a fin de evitar duplicidad de constancias, por lo que se ordena glosar físicamente únicamente las constancias de la demanda original remitidas por la citada oficina de correspondencia común. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda la parte quejosa ubicado en ** de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No pasa inadvertido que en el escrito mediante el cual presentó su demanda de amparo ante el juzgado oficiante refiere la ciudad de Comitán, Chiapas, sin embargo, al final de dicho ocurso menciona Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aunado a que es un hecho notorio que el fraccionamiento La Misión se encuentra en esta ciudad. Por lo tanto, se instruye al Actuario Judicial adscrito para que de no ser posible la realización de la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa en el domicilio señalado en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, deberá dar cuenta al titular de este órgano jurisdiccional a fin de acordar lo conducente. Además, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, toda vez que la parte quejosa señaló un domicilio físico para oír y recibir notificaciones, se le exhorta para que solicite de manera expresa la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones a fin de que este órgano jurisdiccional provea lo conducente, en términos de los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Ahora, dado que el presente asunto se encuentra dentro de los previstos por el numeral 4 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, en caso de que se tenga que realizar alguna diligencia de carácter personal, para ello, el fedatario judicial deberá atender lo establecido en el artículo 2, fracción XIV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. De igual forma, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que, en la medida de lo posible, realice la notificación respectiva a las autoridades por los medios electrónicos a su alcance, con la finalidad de cumplir con las medidas establecidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV2 y en ese caso, deberá remitir el archivo correspondiente a la autoridad en formato PDF, a fin de evitar su modificación. Ello, tomando en consideración que el artículo 14 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece que la tramitación de los juicios "en línea" continuará siempre y cuando no se requiera la práctica de notificaciones personales en los supuestos previstos por el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, así como, que la actualización de la hipótesis antes prevista o la exigencia de que las partes u otros intervinientes deban acudir al órgano jurisdiccional, suspenderá la tramitación del asunto. En el entendido que en caso de que no se encuentren laborando las autoridades locales por continuar con alguna medida de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2, quedará pendiente la entrega de oficios, la que deberá llevarse a cabo tan pronto reanuden labores, sin necesidad de posterior acuerdo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza al Secretario y/o Actuario para que de manera indistinta, firmen los oficios relativos al presente juicio.

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