Carlos López Ojeda
Expediente 1131/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Carlos López Ojeda
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en la que se desechó la demanda de amparo intentada, sin que la parte quejosa lo hubiese realizado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que causó estado esa resolución. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido.
- Principal
Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso ********************, a través del cual cumple con la prevención formulada en autos. Al efecto desahoga los rubros que le fueron requeridos en proveído de siete de diciembre pasado, esto es: 1. Que el amparo directo interpuesto en contra de la sentencia dictada en el expediente de origen se encuentra pendiente de resolver y que se registró bajo el número 903/2022; 2. Los efectos para los que se dictó la sentencia de primer grado, que fue confirmada por la Sala señalada como responsable, así como que le fue concedida la suspensión de la medida cautelar con garantía; 3. Hace manifestaciones en torno a por qué no interpuso recurso o medio legal ante el posible incumplimiento de la medida suspensional por el juzgado responsable, con la emisión del auto que en esta sede constitucional se combate y su ejecución; y 4. Exhibe copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. Precisión preliminar. En principio, es necesario establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional y pretende combatir los siguientes actos: Autoridades responsables: Actos reclamados: 1. Juez Único Civil de Partido de ********************, ********************. a. En su carácter de parte demandada en el controvertido de origen, reclama el auto pronunciado en ejecución de sentencia, de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil ********************, en el que se ordenó requerirle en el domicilio ubicado en la calle ********************, número ********************, zona ********************, de la ciudad de ********************, ********************, para que en el momento de la diligencia exhibiera la cantidad de $********************(******************** moneda nacional) bajo apercibimiento que, en caso contrario, se embargarían bienes suficientes para garantizar el pago. 2. Actuario Ejecutor adscrito a dicho Juzgado. b. En vía de consecuencia, el cumplimiento de lo decretado por la ordenadora, mediante diligencia de dieciséis de noviembre del año en curso. Desechamiento. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y su aclaración. En caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Lo anterior, dado que, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes que crean falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En ese sentido, esta juzgadora estima que se materializan dos supuestos de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, como se expondrá a continuación. I. La materia de reclamo no es de imposible reparación El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo; que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De estos preceptos se obtiene que el amparo procede contra actos, omisiones o resoluciones que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio que produzca una afectación irreparable a los derechos sustantivos de las personas reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales en que México es parte. Para comprender el alcance de este supuesto de procedencia del amparo, a juicio de quien suscribe, el legislador advirtió la posibilidad de que una persona promoviera demanda de amparo contra los actos procesales que provienen de un procedimientos seguido en forma de juicio y que esto produjera la proliferación de varios juicios de amparo. Por tal motivo, consideró que hasta que se emita la resolución definitiva, resulta factible establecer si se materializaron violaciones a las leyes que rigen ese juicio y que afectaron las defensas de la persona y que todo esto trascendió al resultado del fallo. Sólo hasta ese momento la persona afectada estará en posibilidad de controvertirlas mediante el amparo directo o el amparo adhesivo, según sea el caso. No obstante, de manera excepcional previó la oportunidad de impugnar un acto dentro de un juicio conforme a la regla de procedencia consistente en la irreparabilidad que produce un acto dentro del juicio. Al analizar la génesis de este precepto, se puede advertir que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión en la que reside la idea de repeler cualquier lesión sólo de naturaleza formal, la cual se actualiza en los casos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tal virtud, el amparo indirecto es procedente exclusivamente contra actos en el procedimiento seguido en forma de juicio cuando afectan materialmente derechos sustantivos, por los que aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal, incluyendo las que produzcan una violación de carácter predominante, deberán reclamarse en su momento a través del medio de impugnación correspondiente. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, las jurisprudencias P./J. (10ª.) 37/2014 y 1/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte, como se anunció, que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictado en ejecución de sentencia dentro del juicio ordinario civil ********************, en el que se ordenó requerirle en el domicilio ubicado en la calle ********************, número ********************, zona ********************, de la ciudad de ********************, ********************, para que en el momento de la diligencia exhibiera la cantidad de $********************(******************** moneda nacional) bajo apercibimiento que, en caso contrario, se embargarían bienes suficientes para garantizar el pago. En ese sentido, el auto de veintiséis de octubre de este año, tiene por objeto requerir al amparista la suma de referencia, y hacerle saber, en vía de apercibimiento, que de no hacerlo se embargarán bienes para responder por el pago; lo anterior, para efecto de lograr la ejecución de la sentencia, según lo indicó la parte quejosa en su demanda de amparo. De modo que al pretender impugnar actos que son consecuencia directa y necesaria de la propia ejecución del fallo de origen que adquirió firmeza es indudable que sus efectos materiales sobre las cosas y personas inevitablemente deberán consumarse. En otras palabras, el acto que reclama la parte quejosa consistente en el proveído a través del cual se le requirió para que liquidara la cantidad aludida derivada del fallo definitivo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le embargarían bienes suficientes para garantizarlo, se verifica en la ejecución de la sentencia a que fue condenado; por tanto, ese requerimiento es parte material de los efectos de la resolución que quedó firme y la cual debe ejecutarse conforme se dictó, debiendo consumarse sus efectos al ser parte de aquella. No obstante lo anterior, el auto reclamado y su ejecución no afectan los derechos sustantivos del hoy quejoso que deban prevalecer, si bien el requerimiento de pago y, específicamente, la ejecución consistente en el embargo de bienes, le impide la libre disposición de éstos, también lo es que en el supuesto de que no se hiciera se obstaculizaría el cumplimiento de la sentencia, vulnerando el orden público, esto es, el interés que tiene la sociedad en que se cumplan a cabalidad, de conformidad con el artículo 17 constitucional. Aunado a lo anterior, es dable precisar que de estimar que efectivamente le irroga perjuicio la ejecución de la sentencia de la forma en que se practica la parte quejosa podrá acudir a la instancia constitucional una vez que se emita la resolución final del procedimiento de ejecución y, en su caso, hacer valer cualquier violación que durante éste considere que se actualizó. Máxime que, conforme lo narró el quejoso, el embargo con que se le apercibió versa sobre la cantidad a pagar, es decir, de procederse al aseguramiento de los bienes, únicamente se haría por la suma suficiente para garantizar el cumplimiento de la sentencia, el cual ya se dijo es de orden público, por lo que sólo recaería en la cantidad necesaria. Por consiguiente, se estima que la materia de reclamo indicada por el quejoso no implica una afectación directa a sus derechos sustantivos que se traduzcan en actos de imposible reparación. Sustenta lo expuesto, por las consideraciones que la integran, la tesis 2a./J. 153/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 643, con registro digital: 2015834; intitulada: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN." De ahí que se considera que la demanda de amparo es improcedente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso 107, fracción V, todos de la ley y en relación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos aplicados a contrario sensu. II. Principio de definitividad Además, aun en el extremo de considerar que el acto reclamado es de imposible reparación, lo cierto es que también se materializa el supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que está previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Es decir, el precepto transcrito determina que el amparo indirecto es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sobre las cuales la ley ordinaria contemple algún recurso o medio de defensa para su impugnación, que den lugar a su modificación, revocación o nulidad. El fundamento de este supuesto de improcedencia es el principio de definitividad del amparo, que establece que antes de promoverlo la parte agraviada debe agotar todos los medios de defensa ordinarios que la ley prevea contra el acto de autoridad y que tengan como efecto su modificación, nulidad o revocación. La justificación de este principio radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control constitucional de los actos de autoridad, de ahí que se erija como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto de autoridad. Dicho principio tiene su razón de ser en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, o dicho en otras palabras, aquellos que no admitan un recurso ordinario de defensa; por lo que es imperativo que el agraviado antes de incoar la acción constitucional, agote las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que a su parecer genera afectación, ello siempre y cuando no se esté en un caso de excepción. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LO RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En efecto, el principio de definitividad se materializa cuando concurren los supuestos siguientes: I. Que en contra de la resolución proceda algún medio de defensa o recurso, que lo modifique, revoque o anule y, II. Que el acto reclamado no se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto, (las que operan como un sistema; es decir, no son excluyentes una de otra, de tal suerte que, si se actualiza alguna, entonces el amparo es procedente), que son: A) Cuando sean actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. B) Cuando sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. C) Cuando la persona afectada ostente la calidad de tercero extraño al procedimiento. En ese orden de ideas, se verifica la concurrencia de los supuestos que materializan la hipótesis de improcedencia en estudio, como se expondrá a continuación. I. Procedencia de un medio ordinario de defensa. El artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de ********************, que dispone: "Art. 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." De dicho precepto se obtiene que procede el recurso de revocación contra los autos que no fueren apelables o los decretos, a través de ese medio de impugnación es factible que el juez o tribunal que dictó la determinación pueda obtener su modificación, revocación o nulificación. Ahora bien, como se anunció, la parte quejosa en su calidad de parte demandada en el controvertido de origen, reclama el auto pronunciado en ejecución de sentencia, de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil ********************, en el que se ordenó requerirle en el domicilio ubicado en la calle ********************, número ********************, zona ********************, de la ciudad de ********************, ********************, para que en el momento de la diligencia exhibiera la cantidad de $********************(******************** moneda nacional) bajo apercibimiento que, en caso contrario, se embargarían bienes suficientes para garantizar el pago; y, en vía de consecuencia, su ejecución. De modo que, previo a la promoción de este juicio de amparo, la parte quejosa debió interponer recurso de revocación ante el propio juez del conocimiento, ya que éste constituye la alternativa del quejoso para controvertir el acto que ahora cuestiona en forma destacada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número VI.2o.C. J/259, publicada en la página 1654, Tomo XXIII, febrero de 2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." II. Actualización de excepciones al principio de definitividad. En cuanto a las excepciones del principio de definitividad, no se actualiza alguna de ellas, por lo siguiente. A) El acto impugnado no se refiere a la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. B) Tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. C) Finalmente, la parte promovente del amparo está en posibilidad de impugnar la actuación que controvierte ya que el hoy quejoso es parte reo en el juicio de origen, según sus manifestaciones en el escrito de cuenta; de ahí que no le asista el carácter de persona tercera extraña y pueda combatir el acto impugnado de este juicio con el medio ordinario de defensa supraindicado. En estas condiciones al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso numeral 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda promovida por ********************, por su propio derecho.
- Principal
Recepción de la demanda y registro. Por recibida la demanda de amparo presentada por ********, en contra de actos del Juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 1131/2022-1-B. Prevención. Atento a ello, previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a ********, para que, dentro del término de cinco días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, bajo protesta legal: 1. Precise si el amparo directo que se interpuso contra la sentencia de alzada que confirmó la condenatoria de primer grado dictada en el expediente de origen, se encuentra sub júdice o si ya se dictó sentencia en el mismo y, en cualquier caso, informe el número de expediente; 2. Manifieste los efectos para los que se concedió la sentencia dictada por el Juez Único de Partido Civil de la Ciudad de Uriangato y que fue confirmada por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y, de igual manera, los efectos para los que le fue concedida la medida suspensional con motivo de la interposición del amparo directo de referencia; 3. De ser el caso que la ejecución en fecha dieciséis de noviembre reciente, de la orden contenida en auto de veintiséis de octubre del año en curso, se trate de incumplimiento de la medida suspensional de marras, si ya interpuso el medio legal correspondiente; y, 4. Exhiba copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda para correr traslado a las partes, en la porción a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la prevención deberá ser desahogada por la propia parte quejosa, toda vez que los hechos relacionados forman parte de los antecedentes necesarios en una demanda de amparo y, su narración bajo protesta de decir verdad, dan lugar a responsabilidad de carácter personal Apercibido el promovente que, en caso de incumplir dentro del término concedido se tendrá por no presentada su demanda, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. En otro aspecto, se autoriza para consultar el presente expediente, por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario "********", matriculado debidamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que desde ahora se tiene como sitio para recibir notificaciones personales al usuario en cita, tal como fue solicitado, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico y constituye una opción para recibir notificaciones. En el entendido de que la oficial judicial "A" de este juzgado, deberá habilitar el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. Se destaca que, si su alta o información proporcionada no se encuentra en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo, y las notificaciones se le practicarán mediante la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala en su escrito de cuenta toda vez que no proporcionaron su cédula ni dato alguno a efecto de verificar que se encuentren registrados en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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