Carlos López Hurtado

Expediente 1319/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1319/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos López Hurtado
  • Carlos López Hurtado y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    En San Francisco de Campeche, Campeche, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.********************Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa, sin embargo, de la certificación secretarial que antecede, se observa que la accionante de amparo fue omisa en cumplir con la prevención de referencia, pese a encontrarse debidamente notificado, pues así de aprecia de la constancia que obra en el presente expediente.********************Por tanto, al no haberse cumplido con la citada prevención, se hace efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa, y con fundamento en lo que dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por********************.********************Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Directora del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Campeche, por el que en cumplimiento al requerimiento de diez de octubre de dos mil veintitrés, remite copias simples del oficio ********************acta de audiencia sin comparecencia de trece de abril de dos mil veintitrés y oficio********************Asimismo, manifiesta que en la diligencia de trece de abril de dos mil veintitrés, por error humano se mencionó el número de oficio ******************** de veintiséis de noviembre dos mil diez, siendo este un documento que no tiene relación con el procedimiento administrativo iniciado con el oficio ********************Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido de dicho informe, para que manifieste lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en el numeral 119 del referido ordenamiento legal, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable las documentales que anexa, las cuales se tomaran en consideración al momento de resolver el presente asunto. Ahora bien, toda vez que esta juzgadora no tiene la certeza de que las constancias remitidas por la Directora del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Campeche, sean la totalidad del expediente administrativo iniciado con el oficio ********************ya que son las mismas que envió mediante oficio ********************; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que, dentro del término de tres días hábiles, siguientes al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, informe si las constancias enviadas mediante oficios 401.2C.8-2023/3186 y 401.2C.8-2023/3294 de nueve y diecisiete de octubre del año en curso, respectivamente, son las totalidad del expediente administrativo iniciado contra el propietario, poseedor y/o representante legal del predio ubicado en la ********************o en su caso que hubiere más constancias del mencionado procedimiento, remita la totalidad de estas, las cuales son necesarias para que este Juzgado esté en aptitud de dictar la sentencia respectiva. Lo anterior, con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo aquí solicitado, dentro del término que se le concede, se le aplicará una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro 00/100 M.N.) tomando en consideración que el valor de la medida y actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, es de $103.74 (ciento tres pesos con 74/100 M.N.) de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en relación con lo establecido por los artículos 237, 259 y 260, fracción II de la ley de la materia. Notifíquese.

  3. Principal

    En San Francisco de Campeche, Campeche, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por presentado el escrito de demanda de amparo recibido vía electrónica, promovida por **************, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que atribuye a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, y otras autoridades, a quienes les reclama: "(.) LA ORDEN DE INFAMIA, MULTA EXCESIVA Y PRIVACION DE VIDA PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DICTADA EN MI CONTRA." De la demanda de amparo de cuenta, se advierte que carece de firma autógrafa y evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica (FIREL) del promovente. Sin embargo, atendiendo a que los actos que reclaman son de los que contempla los artículos 15 y 22 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 109, párrafo último de la citada ley, no existe impedimento legal para su trámite. Se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo como 1319/2023-III-A, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente electrónico. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que, en términos del artículo 61, fracción VI, de la ley de la materia, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Lo que obedece a que los órganos de amparo ejercen la facultad de control constitucional de los actos dictados por las autoridades del Estado; por lo que, sus actos u omisiones no pueden ser cuestionadas por otro órgano de control constitucional, mediante la promoción del juicio de amparo, pues se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. Además, no se soslaya que los juzgadores como órganos de control constitucional no pueden violar los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal, en todo caso las disposiciones que podrían considerarse infringidas serían las de la Ley de Amparo, las de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de su ordenamiento supletorio, el Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales deben regir su actuar, habida cuenta que son ellos quienes ejercen el control constitucional; ya que admitir que los actos emitidos como órganos de control constitucional pudieran vulnerar derechos fundamentales, implicaría la desnaturalización del juicio de amparo que es la única vía para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos. Máxime que, resulta inadmisible que un Juzgado de Distrito conozca de un juicio de amparo, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo. Sin embargo, atendiendo únicamente a la naturaleza de los actos reclamados y sin que ello implique un pronunciamiento respecto a la procedencia del juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que cesen de inmediato los actos que se encuentra prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal y 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que deberán evitar todo acto tendente a algún tipo de tortura contra los directos quejosos, vejaciones, incomunicación, penas inhumanas y trascendentales, como lo marca el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificado por México el veintidós de junio de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de dicha anualidad, que dice: Por tanto, con apego al derecho fundamental de administración de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Federal, y a fin de acordar sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, "bajo protesta de decir verdad", realice lo siguiente: a) Manifieste con precisión y claridad cuáles son los actos que atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables en su escrito de demanda de amparo, pues de su escrito de cuenta, se advierte que señala como tal la orden de infamia, multa excesiva y privación de la vida que refiere fue librada por "muchos Magistrados Penales de Puebla y Campeche", lo anterior para no contravenir el principio de economía procesal y la administración de justicia pronta y expedita. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo solicitado, dentro del término antes señalado, se tendrá por no interpuesta la demanda de amparo, de conformidad con el segundo párrafo, del numeral 114, de la Ley de Amparo vigente Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la propia promovente, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad".

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