Carlos López Cabrales

Expediente 1406/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1406/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
10/12/2021

Partes del expediente

  • Carlos López Cabrales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En atención a lo anterior, así como a la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes que se encuentran legitimadas para ello, hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual, se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en cita, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido. Orden de destrucción y/o depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, que devolver a las partes.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. I. Delegados. Visto el oficio signado por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador Constitucional, así como del Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Jalisco, mediante el cual, designa delegados y solicita autorización para el uso de medios electrónicos, al respecto, con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegados a las personas que se indican. II. Medios electrónicos. Asimismo, de conformidad con el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a los delegados de las autoridades responsables en comento, utilizar medios electrónicos para la reproducción de las actuaciones que obren en el juicio de amparo en que se actúa, a excepción de las documentales clasificadas como confidenciales, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, en el entendido, de que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos). III. Documentos de difusión reservada. Asimismo, dígasele al promovente que si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis que dice: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese por lista física y electrónica

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco; nueve de noviembre de dos mil veintiuno. I. No ha lugar a conceder prórroga. Visto el contenido del oficio signado por el Delegado y Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, mediante el cual, solicita prórroga a efecto de estar en aptitud legal de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; al respecto, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. II. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el pasado quince de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, realizando diversas manifestaciones encaminadas al cumplimiento a la sentencia de amparo, y se le requirió para que un plazo de diez días, diera cumplimiento. III. Requerimiento se otorga término prudente. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo cuarto, y 193 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión antes de remitir los autos en inejecución de sentencia, a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, para que dentro del término prudente de DIEZ días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice lo siguiente: Acredite haber generado el documento mercantil a nombre de la parte quejosa, haciéndolo del conocimiento de la accionante constitucional, remitiendo constancia fehaciente de ello. V. Apercíbanse. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una nueva multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Tiene sustento lo anterior, en la siguiente jurisprudencia que reza de la siguiente manera: "Época: Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." VI. Superior jerárquico. Se requiere al Gobernador del Estado de, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado federal, constancia fehaciente que lo acredite, apercibida que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. VII. Resérvese multa. En tales condiciones, dado el incumplimiento de la autoridad responsable, se reserva el pronunciamiento entorno a la imposición de la multa, con motivo del apercibimiento decretado en auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, hasta en tanto transcurra el plazo otorgado a la autoridad responsable, en párrafos precedentes, en el entendido de que, en caso de nuevo incumplimiento, eventualmente se le aplicarán y ejecutarán ambas medidas de apremio.

  4. Principal

    Ténganse por recibido el oficio de cuenta proveniente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual en atención al requerimiento de veinte de octubre del año en curso, hace llegar copia certificada del proveído de once de agosto del año en curso, dictado en el juicio de origen y las constancias de su notificación; al respecto agréguese a los autos y déjese sin efectos el apercibimiento contenido en dicho proveído y dese vista a las partes para los efectos legales conducentes. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las documentales que refieren, las cuales se tomarán en consideración en la audiencia de ley. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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