Carlos Llaguno Viñas

Expediente 2353/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2353/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Carlos Llaguno Viñas

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco; veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18 del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que por una parte se concedió la suspensión de plano y por otra se sobreseyó fuera de audiencia respecto del acto reclamado, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. TRANFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido en auto de veinte de los actuales, remite la copia certificada del procedimiento administrativo migratorio del quejoso Carlos Llaguno Viñas. Por otra parte, en relación a la aclaración por cuanto hace a la denominación correcta de la autoridad, los delegados y el domicilio para oír y recibir notificaciones, dígasele que se esté a lo acordado en autos de veinte y veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, donde se proveyó respecto de ello. Conforme al artículo 119, de la ley de la materia en cita, se tiene por anunciada como prueba, la documental que anexa la referida autoridad, consistente en: No. Relación de prueba 1 Copia certificada del procedimiento administrativo migratorio del quejoso Carlos Llaguno Viñas. Documentales que gozan de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, de contenido literal que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Sin que pase desapercibido, que de las constancias anexadas al oficio de cuenta (actuaciones del procedimiento administrativo), se observa que la autoridad citó el diverso juicio de amparo 2307/2022, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, sin embargo, se tiene que dicho juicio, fue remitido a este Juzgado, mismo que fue el que generó el juicio en el que se actúa, por tanto dichas constancias se tomarán en cuenta en el presente expediente. Precisado lo anterior, se advierte una causa de improcedencia respecto al acto reclamado consistente en la ilegal privación de la libertad fuera de procedimiento con fines de deportación del quejoso Carlos Llaguno Viñas. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Establecido lo anterior, tal como se precisó en párrafos que anteceden, del contenido del escrito de demanda se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama la privación de la libertad fuera de procedimiento con fines de deportación del quejoso Carlos Llaguno Viñas. Ahora, del contenido de las documentales que anexó la autoridad responsable, se colige lo siguiente: - Que por acuerdos de salida de la estación migratoria de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se le otorgó al aquí quejoso la salida provisional de la estación migratoria, a efecto de continuar su procedimiento administrativo migratorio en libertad, requiriéndolo para que los días viernes de cada semana o al siguiente día hábil, es decir cada ocho días, asistiera al control de firmas en el Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estación Migratoria. - Posteriormente, el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se hizo constar que el aquí quejoso, abandonó su procedimiento migratorio debido a que no asistió voluntariamente ante la Estación Migratoria a continuar su procedimiento administrativo migratorio; por lo que, se hizo constar su evasión del control migratorio y se dio por concluido el mismo. En consecuencia, se colige que en el caso han cesado los efectos de los actos reclamados, toda vez que, de acuerdo al análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que si bien la autoridad responsable, había privado de la libertad a la quejosa, con motivo del procedimiento administrativo migratorio que se seguía en su contra; lo cierto es que, en un primer momento, se le concedió la salida provisional de la estación migratoria a efecto de continuar su procedimiento administrativo migratorio en libertad y al haber salido, es evidente que cesaron los actos que reclamó consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento con fines de deportación, y posteriormente, al abandonar su procedimiento migratorio, debido a que no asistió voluntariamente ante la Estación Migratoria, se hizo constar su evasión del control migratorio; por lo que, se dio por concluido el mismo, lo cual implica que cualquier acto de incomunicación o deportación han cesado. Así, una vez que ha quedado plenamente demostrada la causa de sobreseimiento aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y; por ende, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con catorce minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Asimismo, no pasa desapercibido para este juzgador, que si bien en proveído del diecisiete de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, se proveyó respecto a la suspensión de plano por la eventual que pudiera ser objeto el directo quejoso; sin embargo, en diligencia actuarial de dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, se hizo constar que al momento de ratificar la demanda, no había sufrido incomunicación y que se encontraba en buenas condiciones físicas, lo que se robustece con el informe de cuenta rendido por la responsable en tal sentido; por lo que ante tal manifestación, es evidente que el presente juicio de garantías, no se siguió por tales actos, de donde se tiene que, respecto de los mismos, es innecesario hacer pronunciamiento alguno sobre el particular. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Remite informe. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el informe sobre la suspensión de plano rendido por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración; en consecuencia, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a partes a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga. Pruebas. Asimismo, conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por anunciada como pruebas, las documentales que anexa la referida autoridad, consistentes en: No. Relación de prueba 1 Copia del procedimiento administrativo migratorio incoado contra el aquí quejoso. Domicilio y delegados. De la misma forma, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable antes mencionada, a los que indica en su informe de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo. Se da vista a la parte quejosa. Ahora, del análisis de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se desprende que existe el procedimiento administrativo migratorio INM/ORTAB/EMV/PAM/18884/2022, incoado contra el aquí quejoso, sin que se haya señalado como acto destacado; por tanto, con apoyo en el artículo 111 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días hábiles manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado el procedimiento en comento. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no desahogar el requerimiento que antecede, se continuará con el procedimiento en el juicio de amparo como en derecho corresponda, esto es, únicamente se resolverá respecto de la autoridad y actos reclamados señalados en el escrito inicial de demanda.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco; veinte de diciembre de dos mil veintidós. Se hace del conocimiento. Visto, hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, que el presente sumario se tramitará de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. Se acepta el conocimiento previo. Por otro lado, téngase por recibido el oficio signado por la Jueza Sexta de Distrito en el Estado de Tabasco, mediante el cual, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo que refiere el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, remite los autos del juicio de amparo 2307/2022-V, de su índice, promovido por Yusimi Gomez Viñas, a favor de Carlos Llaguno Viñas; en consecuencia, partiendo que de una revisión minuciosa del juicio de amparo 2280/2022, de la estadística de este juzgado, se advierte que efectivamente en dicho juicio se está combatiendo los mismos actos de autoridad que el presente juicio; por lo que, este juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto; por ello, acúsese el recibo de estilo. Aspectos generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 2353/2022-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Conocimiento a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco. Ahora, a efecto de realizar el registro y la compensación en el sistema de turno, envíese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, al que se anexe copia del escrito inicial de demanda a fin de que se obtengan los datos respectivos y remita la papeleta de turno. Lo anterior, a fin de mantener el equilibrio en las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales, del Acuerdo General sin número emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común. Ratificó la demanda. Ahora, tomando en consideración que el directo quejoso Carlos Llaguño Viñas, por diligencia de dieciocho de los actuales, se dio por enterado del contenido del auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco y ratificó la demanda de amparo que promovió a su favor Yusimi Gómez Viñas, se ordena continuar con el trámite procesal del presente juicio de amparo. Admisión. Atento a lo anterior, de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por Yusimi Gómez Viñas, en favor de Carlos Llaguño Viñas, contra los actos reclamados a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete. Se señalan las diez horas con catorce minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que haya lugar a formar el incidente de suspensión, en virtud de que estos tienen la finalidad de suspender la ejecución de los actos reclamados y en el presente juicio el diecisiete de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, decretó la suspensión de plano respecto de los mismos. Asimismo, no es dable aperturar incidencia respecto de la restricción a la libertad de tránsito dentro del terreno mexicano, que fue señalada por los quejosos como acto reclamado en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, pues si bien nada se proveyó en torno a dicho acto en el auto de diecisiete de diciembre antes mencionado; al haberse fijado en aquél los requisitos para que les sea otorgada al quejoso la salida provisional de la estación migratoria, se colige que los efectos del acto en comento, quedaron comprendidos dentro de la suspensión de plano otorgada en el referido acuerdo. Requerimientos a la autoridad responsable. Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado, respecto de los actos reclamados. Mismo que deberá rendir y remitir a este Juzgado de Distrito de manera electrónica, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dentro del término de quince días que serán contados a partir de que reciba el oficio relativo a este acuerdo. Asimismo deberá remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Se hace saber a la responsable, que el informe justificado deberá contener firma electrónica y; solo para el caso de que no se cuente con la misma o bien, exista imposibilidad para remitir el informe y las constancias de manera electrónica, podrá hacerlo físicamente. Apercibimiento a la autoridad responsable. En caso de incumplimiento, se hará acreedora a lo siguiente: Multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué Juzgado de Distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con el artículo 261 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Christell Estefanía Ramón Priego y Jonathan Tadeo Josué Moya Ortiz, por encontrase acreditadas para ejercer la profesión de licenciadas en derecho, como se advierte de la certificación de cuenta. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Jesús Fernando Carmona Priego, en razón a que por el momento no hay constancia que lo acredite como licenciado en derecho o abogado y no tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Además, téngase como medio de notificación alterno la dirección de correo electrónico y número telefónico que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otra parte, se levanta la reserva de seis de diciembre de este año, y; toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario "Crispriego" se encuentra registrado; instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. De igual forma, con fundamento en los artículos 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica al usuario antes citado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del referido acuerdo. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Inexistencia de autoridad Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial recabará la constancia de recibo correspondiente, lo que asentará en la razón actuarial. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios y actuarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento.

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