Carlos Leonardo Gonzalez Novelo

Expediente 2480/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2480/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Carlos Leonardo Gonzalez Novelo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Por último, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA VI. Mérida, Yucatán, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el acto reclamado en este juicio, lo constituye esencialmente la omisión del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, de pronunciarse sobre la petición escrita realizada en fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, respecto a decretar la rebeldía de ley toda vez que la parte demanda en el juicio natural no ha nombrado a su perito y por consiguiente tenerlo por conforme con el avaluó ofrecido por el promovente. En ese orden de ideas, se estima que en la especie, sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente cuando los actos reclamados sean de imposible reparación. Ahora bien, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, que por regla general no tiene ejecución de imposible reparación, pues no afectan de manera inmediata alguno de los derechos fundamentales consagrados por la Carta Magna, sino que solo producen afectaciones adjetivas reparables en sentencia definitiva, la vía idónea para combatirlas es el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a) Constitucional; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c) Constitucional y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, entre otros casos, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señalan los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien el indirecto, si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y que por ende son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna; siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Por lo tanto, si la parte quejosa reclama un acto que es violatorio del derecho de justicia pronta y expedita protegido en el artículo 17 Constitucional, y que trata de evidenciar como una omisión de la autoridad responsable de pronunciarse sobre los derechos perdidos de la parte demandada en el expediente 934/2017, solicitado por escrito de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. En ese contexto, debe señalarse que contra dicho acto no procede el amparo indirecto, toda vez que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de pronunciarse sobre la rebeldía de ley, en razón de que, la parte demanda no ha nombrado a su perito y por consiguiente deba tenerse por conforme con el avaluó ofrecido por el promovente. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. Por tanto, constituye un acto intraprocesal en el procedimiento de ejecución que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que no afecta de manera directa o inmediata alguno de los derechos humanos garantizados por la Carta Magna, sino que en todo caso se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal. En esas condiciones como el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata derecho humano alguno, sino que es de carácter procesal o adjetivo, ya que la afectación que ocasiona es susceptible de repararse con el hecho de obtener resolución que declaré cumplida la sentencia dictada en el juicio de origen; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario este último. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Leonardo González Novelo, contra actos del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario. Ténganse como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Iván Tzec Alonzo; lo anterior, en virtud de estar debidamente autorizado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, Ahora, de conformidad con las fracciones IV y V del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica al ocursante mediante la clave de usuario "go-nzo123", siempre y cuando la clave de usuario proporcionada sea correcta y se encuentre debidamente registrada. Atento a lo anterior, se ordena al Analista Jurídico SISE de este juzgado, para que habilite la consulta de dicho expediente, con el privilegio del trabajo a distancia y haciendo uso de los medios tecnológicos, ello en atención al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, y posteriores modificatorios, en los que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    MESA VII. Mérida, Yucatán, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido que de la lectura de las constancias actuariales de dos de diciembre del año en curso, se advierte que no fue posible notificar y emplazar al presente juicio a tercero interesado ********************, por los motivos expuestos en las mismas. Ahora bien, toda vez que hasta el día de hoy no ha sido posible notificar y emplazar a juicio al tercero interesado ********************, por tanto, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracción II, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, proporcione a este juzgado federal el domicilio correcto y actual del tercero interesado ya nombrado, a fin de poder notificarle y emplazarlo a juicio; apercibida que de no hacer manifestación alguna, se procederá conforme al artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; es decir, este Juzgado Federal ordenará el emplazamiento por edictos. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, para su celebración. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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