Carlos Leonardo Chávez Olivas y Otros.
Expediente 114/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 114/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Leonardo Chávez Olivas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... se advierte la imposibilidad del Actuario Judicial de la adscripción para notificar de manera personal a la parte quejosa, el acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintitrés... comisiónese al personal de actuaría para que realice la notificación del proveído de referencia, por lista de acuerdos; así como las subsecuentes aun las de carácter personal, hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones...
- Principal
El Juzgado Segundo de Distrito de procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, Veracruz, devuelve diligenciado el exhorto... del índice de este órgano jurisdiccional... agréguense las constancias de cuenta para que obren como corresponda, debido a que en proveído de catorce de febrero de dos mil veintitrés, se recibieron dichas constancias y se acordó lo conducente...
- Principal
El Director General y la Encargada de la Dirección de Administración del Centro Federal de Readaptación Social Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, rinden conjuntamente el informe relativo a la suspensión de plano concedida en este asunto, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga... el Juzgado Segundo de Distrito de procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, Veracruz, devuelve diligenciado el exhorto... del índice de este órgano jurisdiccional... a través de dicho exhorto se ordenó requerir a la parte promovente en los términos indicados... la parte promovente cumple con la prevención realizada en autos... se concluye respetuosamente que este juicio es improcedente porque la parte quejosa antes de acudir a la instancia de amparo debió agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través de éste, es posible lograr que las autoridades responsables se pronuncien respecto de su petición y, en su caso, formular controversia ante el juez de ejecución, pues se advierte que lo que reclama la parte promovente son inconformidades respecto de sus condiciones de internamiento... PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... comuníquese al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, que queda bajo su más estricta responsabilidad, preservar la integridad física y psicológica de la parte promovente por tratarse de un derecho humano...
- Principal
EN DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: El Director General y la Encargada de la Dirección de Administración del Centro Federal de Readaptación Social Cinco Oriente , con sede en Villa Aldama, Veracruz, rinden conjuntamente el informe relativo a la suspensión de plano concedida en este asunto, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, el Juzgado Segundo de Distrito de procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, Veracruz, devuelve diligenciado el exhorto 36/2023 (número de orden 71/2023), del índice de este órgano jurisdiccional; por tal motivo, dese de baja en el libro de gobierno correspondiente. Cabe destacar que a través de dicho exhorto se ordenó requerir a la parte promovente en los términos indicados mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés. Ahora bien, del contenido de las constancias remitidas por el juzgado oficiante se advierte que la parte promovente cumple con la prevención realizada en autos; acorde con lo anterior, este órgano jurisdiccional emite el siguiente pronunciamiento: De la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el promovente antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Por otra parte, cabe precisar que los artículos 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen lo siguiente: Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de mitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio e que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. De los artículos transcritos anteriormente se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé el Procedimiento Administrativo, mediante el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley pueden interponerlo a su favor sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, en el que pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, cuando se trate de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. simismo, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme con el nuevo sistema penal acusatorio. HECHOS En el caso, de las constancias que integran este expediente se advierte que las autoridades responsables y los actos reclamados que la parte quejosa señaló en su escrito de demanda son los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ? Director General del Centro Federal de Readaptación Social Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz. ? Área de Administración del Centro Federal de Readaptación Social Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz. ACTOS RECLAMADOS: ? Falta de atención médica. ? Falta de ropería y calzado. Por otra parte, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte, entre otras cosas, que los promoventes manifestaron que no agotaron el principio de definitividad en este asunto debido a que los elementos de seguridad y custodia penitenciaria no les agarraban los escritos que formulaban con carácter de petición administrativa. Por lo anterior, mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional requirió a la parte quejosa a efecto de que manifestara si también señalaba como acto reclamado la omisión de los elementos de seguridad y custodia penitenciaria del Centro Federal de Readaptación Social Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, de recibir los escritos de los promoventes y dar el trámite pertinente, o si únicamente señalaban como actos reclamados los precisados expresamente en su escrito de demanda. Ahora bien, de las constancias de exhorto de cuenta se advierte que el representante común de manifestó que: .señalamos los actos y autoridades de nuestro escrito inicial de demanda. CONCLUSIÓN De lo expuesto se concluye respetuosamente que este juicio es improcedente porque la parte quejosa antes de acudir a la instancia de amparo debió agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través de éste, es posible lograr que las autoridades responsables se pronuncien respecto de su petición y, en su caso, formular controversia ante el juez de ejecución, pues se advierte que lo que reclama la parte promovente son inconformidades respecto de sus condiciones de internamiento. No pasan inadvertidas las manifestaciones de la parte promovente relativas a que no agotaron el principio de definitividad en este asunto debido a que los elementos de seguridad y custodia penitenciaria no les agarraban los escritos que formulaban con carácter de petición administrativa, pues se requirió a los promoventes a efecto de que manifestaran si también señalaban como acto reclamado la omisión de los elementos de seguridad y custodia penitenciaria del Centro Federal de Readaptación Social Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, de recibir los escritos de los promoventes y dar el trámite pertinente, sin que lo hayan hecho. Cabe destacar, que este órgano jurisdiccional a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte promovente, mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés concedió la suspensión de plano en el sentido de que las autoridades responsables de inmediato proporcionaran la atención médica que requieran los promoventes y se tomaran todas las medidas necesarias a efecto de salvaguardar su vida y salud. Acorde con lo anterior, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, comuníquese al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente , con residencia en Villa Aldama, Veracruz, que queda bajo su más estricta responsabilidad, preservar la integridad física y psicológica de la parte promovente por tratarse de un derecho humano previsto por el artículo 4º constitucional; además, de abstenerse de malos tratos, vejaciones, incomunicación aislamiento y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Tienen aplicación las tesis siguientes: . OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. . ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ..
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